EL PAIS › MAS PRESION PARA ASIGNAR DE NUEVO TAREAS POLICIALES A LAS FF.AA.

Zona gris

En el Club Americano y convocado por la comisión de Defensa y Seguridad de una entidad que patrocina el Comando Sur, un hombre clave en el gobierno de Scioli disertará sobre desafíos y oportunidades. Se redobla la presión para asignar una vez más tareas policiales a los militares, pese a la trágica experiencia pasada. Niembro no está solo. Las contrataciones secretas, reservadas o confidenciales son una especialidad de Macrì.

 Por Horacio Verbitsky

El miércoles 16, de 9 a 11, el Club Americano de Buenos Aires será escenario de una presentación del Asesor General del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari, sobre “La Argentina del futuro, desafíos y oportunidades”. Hombre de esa zona gris en la que transitan dirigentes del oficialismo y de la oposición siempre que compartan algunos valores e intereses superiores a los de la política nacional, Ferrari acompañó al filántropo colombiano Francisco De Narváez en la reestructuración de su empresa familiar, Casa Tía, y en su posterior salto a la política. En 2009 fue electo diputado nacional en la lista que encabezó De Narváez y al año siguiente, con Maurizio Macrì y Elisa Carrió, intentó convertir el Tedeum del 25 de mayo que oficiaría el entonces cardenal Jorge Bergoglio en el mayor acto opositor, para que “el gobierno se de cuenta que hay valores que no se pueden atropellar”. En 2013 no le alcanzaron los votos para renovar su banca y a fin de ese año se incorporó en un cargo prominente al gobierno de Daniel Scioli. De Narváez se asoció entonces con Sergio Massa pero se retiró de la política luego de que una de sus habituales erupciones de violencia fuera filmada, cuando desmayó a golpes a un periodista al que acusó por extorsión. En el pase de Ferrari medió José Scioli, quien armó junto con De Narváez un Frente Unidos por la Libertad y el Trabajo, en apariencia enfrentado con su hermano el gobernador. Pero junto con la incorporación de Ferrari al gabinete de Daniel Scioli, su reconciliado hermano José se hizo cargo de los equipos técnicos del candidato a la presidencia.

Tan o más importante que Ferrari es la organización que oficiará de anfitriona en el Club Americano. Se denomina Red Argentino-Americana para el Liderazgo (REAL) y la integran participantes argentinos del Programa de Liderazgo del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Su finalidad es fomentar las relaciones entre ambos países en todos los ámbitos. La REAL convocatoria está firmada por su Comisión de Defensa y Seguridad y participarán egresados del Perry Center e invitados especiales. El Perry Center es la denominación disimulada del Centro Hemisférico de Estudios sobre Defensa, creado a iniciativa del ex Secretario del Pentágono William Perry, con el objeto de capacitar a civiles en cuestiones de seguridad y de defensa, sin la diferenciación que establecen las respectivas leyes argentinas. Como ocurre con regularidad ante los cambios de gobierno, el propósito de ese grupo de presión es que la legislación argentina se modifique, cualquiera sea el candidato electo en las próximas elecciones y que las Fuerzas Armadas vuelvan a hacer las veces de agentes de policía, para las que no están capacitadas. En el pasado el pretexto fue la represión de la guerrilla, ahora la de las sustancias psicotrópicas de consumo prohibido por las autoridades sanitarias.

Fusiones

La ley de defensa nacional, de 1988, durante el gobierno del presidente radical Raúl Alfonsín, la de Seguridad Nacional, de 1992, promulgada por el presidente justicialista Carlos Menem, y la de Inteligencia Nacional, sancionada en 2001 en el breve gobierno de la Alianza que presidió Fernando de la Rúa, separan en forma nítida entre la Defensa Nacional, a la que se aplicarán con sus medios letales las Fuerzas Armadas de la Nación, y la Seguridad Interior, que es el campo de las fuerzas civiles entrenadas como auxiliares de la ley para tareas policiales. El consenso suprapartidario en esta materia obedeció en buena medida a la nefasta experiencia iniciada con el golpe cívico militar de 1976, que colocó a las Fuerzas Armadas al frente de la represión política de oponentes armados y desarmados y concluida con la guerra en las islas Malvinas de 1982, donde ese instrumento militar mellado por el apartamiento de su misión específica se mostró impotente frente a las bien preparadas tropas británicas, más allá de los actos de heroísmo individual que se dieron en las distintas fuerzas. Sin embargo, algunos de los políticos que debían aplicar esas leyes, en su fuero íntimo disentían con sus conceptos básicos. El ejemplo más notorio, pero de ninguna manera el único, es el dirigente radical Horacio Jaunarena, quien fue ministro de Defensa de Alfonsín, De la Rúa y el senador Eduardo Duhalde (quien ocupó en forma interina el Poder Ejecutivo durante unos meses de 2002 y 2003). La ley de Defensa recién fue reglamentada en 2006 por el presidente Néstor Kirchner y su ministra Nilda Garré. Los considerandos de ese decreto descartan en forma expresa la utilización del instrumento militar en funciones ajenas a la defensa, “usualmente conocidas bajo la denominación de nuevas amenazas”, porque pondría “en severa e inexorable crisis la doctrina, la organización y el funcionamiento de una herramienta funcionalmente preparada para asumir otras responsabilidades distintas de las típicamente policiales”. Jaunarena confesó en un seminario organizado por Eduardo Menem y Roberto Dromi que nunca reglamentó la ley, como era su obligación, porque no estaba de acuerdo con su texto y con su espíritu. No sólo eso: en agosto de 2001, cuando el gobierno que integraba se caía a pedazos y miles de millones de dólares se fugaban del sistema bancario hacia el exterior preparando el vaciamiento y la gran crisis, Jaunarena propuso fusionar la Armada y la Prefectura Naval en una sola fuerza que según el ministro se llamaría Marina Argentina o la Armadura, en términos del especialista en Ser Nacional Roberto Fontanarrosa. En junio de 2002, dos semanas antes de que los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán acabaran con el interinato de Duhalde y apresuraran las elecciones presidenciales, Jaunarena planteó junto con el jefe del Ejército, general Ricardo Brinzoni, la militarización de la seguridad interior y la intervención castrense en el conflicto social, con la creación de un superministerio de Defensa y Seguridad que también se encargaría del control de la criminalidad callejera, la documentación personal, las aduanas y las migraciones. Brinzoni lo describió como una pirámide verdeazul, en cuya base estaría la lucha contra el delito callejero. Jaunarena y Brinzoni presentaron su proyecto ante un auditorio poblado de militares, reunidos por Eduardo Menem y Roberto Dromi. Brinzoni identificó un área crítica, entre el sur de La Plata y el norte de Rosario, en la que viven 10 millones de pobres, expuso estadísticas sobre el incremento de delitos en zonas urbanas y vaticinó saqueos y desórdenes en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. Pero Duhalde ya no estaba para innovaciones y cuando su secretario de Seguridad, Juan José Alvarez le ofreció su renuncia, desautorizó la movida. Alvarez dejó sin efecto un acuerdo que Brinzoni había firmado con el jefe de la Policía Federal, comisario Roberto Giaccomino, que avanzaba en aquella dirección al establecer que luego de cumplido su período de enganche los soldados profesionales del Ejército podrían incorporarse a la Policía Federal. Hoy este trasvasamiento, cuya formulación original corresponde al Comando Sur, rige para la policía porteña de Macrì.

Manifiesto poskirchnerista

En junio de 2010, una vez más Jaunarena y Dromi plantearon fundir Seguridad con Defensa y reprimir el conflicto social. Pero en este caso fueron más ambiciosos y quien presentó ese completo proyecto postkirchnerista fue Bergoglio, quien menos de tres años después ascendería a la máxima jerarquía vaticana como papa Francisco. En el campo de la Defensa incluyeron “el narcotráfico, el tráfico ilegal de armas, el lavado de dinero, el terrorismo, etc.”, para terminar con lo que llamaron “el vacilar de las palabras y acciones”. Desde entonces Bergoglio y su iglesia procuran instalar la cuestión del narcotráfico como si fuera el principal problema del país. Aquel manifiesto opositor reclamó autarquía para el Banco Central, eliminar retenciones a la soja y el impuesto al cheque, bajar otros impuestos, aumentar tarifas de modo de asegurar “la ganancia empresaria y la inversión” y minimizar las políticas sociales. También confió a la responsabilidad empresaria el mantenimiento de las fuentes de trabajo. Como eco de la asociación patronal AEA, reclamó seguridad jurídica económica, respeto a los derechos adquiridos, resguardo a las inversiones, libertad de empresa, “estabilidad de derechos, razonabilidad de poderes, calidad institucional y responsabilidad pública”. Sostuvo que los medios de comunicación sólo deben ser “de gestión privada o mixta”. Entre quienes asistieron a la presentación estuvo De Narváez. El texto se denominó Contrato Social para el Desarrollo. Pese a su extensión que supera las cien páginas, no menciona la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). En cambio propone “relanzar la alianza del ABC” (Argentina, Brasil, Chile) “para construir un puente bioceánico Atlántico-Pacífico”. Con Dromi y Jaunarena colaboraron los ex ministros Armando Caro Figueroa, Andrés Delich, Roque Fernández, Jorge Vanossi coordinados por el vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad del Salvador, Fernando Lucero Schmidt. Durante la presentación, Bergoglio reclamó la reconciliación y el diálogo, tal como ahora hace su delegado Alcides Jorge Pedro Casaretto. Consideró necesario aclarar que no se trataba de una plataforma electoral. En una de sus habituales frases de efecto propuso ponerse “la patria al hombro”. El documento se elaboró como parte de un acuerdo entre la Universidad del Salvador, que desde hace cuatro décadas orienta Bergoglio, y la Escuela de Posgrado Ciudad Argentina (Epoca), que conducen Dromi y su esposa Laura San Martino. Su texto pretende, con el mismo tomo imperativo de las leyes de emergencia que Dromi redactó para permitir el desguace del Estado y el despojo de derechos laborales, que una vez firmado por el gobierno y las dirigencias políticas, sociales, corporativas y religiosas, sea refrendado por el Congreso como “voluntad general soberana”, adquiera “categoría de ley suprema de orden público”, de plazo ilimitado y sólo sea modificable o derogable al cabo de diez años. Los derechos, deberes, obligaciones y responsabilidades que genere tendrían “carácter absoluto, irretractable e irrenunciable”. Sólo la Corte Suprema de Justicia podría revisar ese Contrato y apenas “en caso de ilegalidad absoluta y manifiesta”, pero no por su “oportunidad, mérito y conveniencia”.

Otra vez

Esta audaz tentativa fue desactivada por la reelección de Cristina en octubre de 2011, pero ahora vuelve a formar parte de la agenda de los poderes fácticos. La semana pasada un ex funcionario de la SIDE, Gustavo Druetta, propuso desde Clarín reformar las tres leyes, crear un “Consejo Nacional de Defensa, Seguridad e Inteligencia”, incrementar a no menos del uno por ciento del PBI el presupuesto para las Fuerzas Armadas y “ejecutar la intervención militar directa” del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Sergio Massa ha centrado su campaña en la propuesta de enviar a las Fuerzas Armadas a las villas de emergencia y los barrios populares con el pretexto de la inseguridad y la droga y sancionar la pena de muerte sin juicio previo en caso de sospecha de transporte aéreo de esas sustancias. Pero Massa no fue el primero sino el último en adherir a estas propuestas. El primer proyecto, del 9 de septiembre de 2010, lleva la firma de Francisco De Narváez y otros diputados del Peornismo Opositor. El segundo, fue presentado el 13 de abril de 2011 por la ahora candidata a la vicepresidencia de Macrì, Gabriela Michetti. El tercero, del 18 de junio de 2013, pertenece al diputado radical Ricardo Alfonsín y a otros legisladores de su partido. El de Michetti es el más explícito: han desaparecido las hipótesis de conflicto “en el subcontinente” (sic) y hoy los enemigos del estado “son el terrorismo, la narcoguerrilla, los movimientos separatistas, la piratería, etc.”. Por eso “en ningún caso se permitirá a las aeronaves irregulares, sospechosas u hostiles escapar hacia territorio extranjero”. En respuesta a Massa, el ex Secretario de Seguridad Interior, Luis Tibiletti, escribió que las propuestas de “securitización in extremis” siempre provienen de los representantes más puros de la derecha y recordó que las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior sólo fueron rechazadas en el Congreso Nacional por la UCeDé de la familia Alsogaray y por “las oligarquías atrasadas del noroeste argentino como la Fuerza Republicana del ex general Bussi”. También recordó que a diferencia de otros países la Argentina tiene fuerzas intermedias como Gendarmería o Prefectura, capacitadas para esas tareas. El oficialismo se opuso en forma explícita a las reformas que impulsan Massa, Michetti y los radicales. De hecho, en el Operativo Fortín Norte, el Ejército no recibió del ministerio de Defensa normas de empeñamiento, sólo pautas de comportamiento, que excluyen la entrada en combate. El miércoles, cuando Ferrari termine su exposición en el Club Americano, se sabrá cuál es la sensibilidad del sciolismo a esta seducción que irradia desde la embajada y entusiasma a medios y partidos opositores.

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Ex ministro de Defensa Horacio Jaunarena.
Ex ministro menemista Roberto Dromi.
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