EL PAíS › LA CRISIS EN LA SEGURIDAD. OPINON.
QUE VOTO EL CONGRESO, POR QUE LO VOTO, COMO SIGUE LA HISTORIA

La democracia vale la pena

La sesión del Congreso. El regreso de varios muertos que se hacen los vivos. El desconcierto en el bloque del PJ, sus rezongos y sus reflejos de escorpión. Qué piensan en la Casa Rosada. Sus silencios y su discurso en el Senado. Los datos de un nuevo escenario: la reaparición de la derecha, la clase media en la calle. Y algo de lo que vendrá.

 Por Mario Wainfeld

“Pichetto me llamó hará cosa de dos semanas y me propuso un proyecto de ley que impusiera cadena perpetua al secuestro seguido de muerte. Le expliqué que esa pena ya rige, en virtud de una norma que dictó este gobierno. Y le remarqué que tomara en cuenta que, con posterioridad a su entrada en vigencia, el número de secuestros aumentó.”
El gobierno nacional, como es habitual por acá, tiene muchos abogados en cargos empinados. Varios (tres o cuatro, cinco tal vez) son además juristas de buen nivel. Uno de ellos refirió a Página/12 esta anécdota. Otro funcionario, también íntimo del Presidente, pingüino él, no tan experto en materia jurídica pero sí avezado en la política, redondea el relato: “Es que Pichetto de materia penal no sabe mucho pero es un experto en el arte de acomodarse a las circunstancias. Y volver a la mano dura le encanta”.
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Está claro que la derecha, que en esto logra permear a muchos ciudadanos del común, exige penas más severas para los delincuentes. Sus tópicos ya se conocen: las metafóricas dos puertas de las comisarías, el “dos por uno”, el “garantismo” demonizado como si no fuera la impronta de la Constitución nacional sino una imposición de la Cosa Nostra.
Está menos dicho pero es patente que, desde tribunas progresistas o de centroizquierda, también hay pedidos de penas más severas, sí que focalizadas en otros delincuentes. Exigencia que implica aún a ciertas instituciones garantistas. La prisión domiciliaria a personas consideradas ancianas es leída como un sucedáneo de la libertad. Las cárceles aisladas para ex funcionarios de alto rango se sindican como “celdas VIP” y el imaginario las emparenta con la permanencia en hoteles. La libertad condicional durante el proceso –una garantía basada en el principio de inocencia que debe funcionar como regla sujeta a excepciones– genera enconos de muchos progres cuando se la aplica a funcionarios o represores enjuiciados.
Todas las normas son modificables y algunas han demostrado ser inadecuadas, por ejemplo el dos por uno hipermecanizado o la aplicación automática de la cárcel domiciliaria a mayores de 70 años que no son viejitos en su ocaso sino protagonistas en plena actividad. Pero lo fundante es que ciudadanos de muy variadas ideologías comparten la sensación de que ningún culpable va preso, que la impunidad es plena. Solo un trasfondo histórico puede explicar ese síntoma, ese diagnóstico común entre quienes piensan distinto. Todos piensan que la impunidad es absoluta.
¿Impunidad plena? Una mirada desprejuiciada sugiere un cuadro algo más complejo. En Argentina varios ex presidentes han ido presos, algunos (dictadores) siguen estándolo, una cantidad enorme de ministros y secretarios de Estado han sido procesados y detenidos, por no hablar de militares de todo rango. Muchos jueces fueron llevados al banquillo con escándalo, unos cuantos han sido removidos y otros han renunciado compelidos por las circunstancias. Innumerables desfalcos, estafas y crímenes de primer nivel han sido revelados a través de los medios y son bastante conocidos por los ciudadanos medianamente informados que en estas comarcas (todavía, por suerte) son numerosos. Esos casos, en los últimos 20 años, quizá sumen más que los de toda la historia argentina precedente. Y, sin embargo, si usted le pregunta a mi prima la pelirroja progre (o a su ex esposo el tachero reaccionario) cuánto vale esa sumatoria imperfecta de Videla, Menem, Cavallo, Pico, Claudia Bello, Liporaci, Trovato, María Julia, Los Horneros, los Cattáneo y cien más... dirían, sin dudar, que equivale a cero.
Las condenas impartidas por los tribunales son día a día más altas. Los legisladores agravan las sanciones a delitos que causan conmoción pública, las violaciones, los robos de automotores, ahora los secuestros extorsivos. Jueces y parlamentarios tratan de satisfacer la palpable bronca colectiva. Delitos proverbiales (y huelga decirlo repudiables) pierden peso relativo en la coyuntura. Desde el fondo de la historia el homicidio simple, un crimen grave, está castigado por el Código Penal con 8 a 25 años de prisión. Ocho años de hacinamiento en cárceles horrorosas a la pelirroja y al taxista les parecen vacaciones pagas. Algunos jueces les aplican condenas más severas a automovilistas que matan a otro por lo que, antes, se consideraba negligencia. O sea, purgan más condena que aquel que mató a su vecino de dos balazos. La lógica cede a la urgencia, la razón a la irritación. Y es en vano.
Ocurre que los que pagan, los condenados, son pocos, muy pocos. Quizás el sistema democrático realmente existente haya llegado a un cenit de insatisfacción. La democracia exige transparencia, conocimiento de los problemas y eso se consigue de sobra. Pero para que el saber no sea indigesto debe venir apareado con alguna solución de los entuertos. Si así no ocurre, el saber públicamente expandido, un valor positivo, se transforma en un boomerang, en frustración, en crispación. Tras una exhibición potente de los delitos, pocos son descubiertos, menos son sentenciados. La vindicta pública exige penas inquisitoriales para los condenados. No se trata de prevención, que falla. Se trata de saciar más la rabia que las ansias de justicia.
Si pagan pocos, que paguen mucho, parecen reclamar muchos argentinos.
Cuando protestan porque pagan pocos, tienen razón. En ese marco preexistente, prolongando (e innovando) tradiciones de movilización, de emergencia de referentes surgidos de la sociedad, surgió Juan Carlos Blumberg. A esta altura, un dato ineludible de la política nacional.
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Desde que llegó al gobierno, Néstor Kirchner hizo un culto de conservar la iniciativa política y de velar para que nadie “le ganara la calle”. Atento a potenciales rivales tuvo dos en la mira, de cara a distintos escenarios: los cuadros dirigentes de la maltrecha derecha peronista y los piqueteros. A éstos, sospechosos de disputarle espacios de representación institucional, les reservó munición gruesa y los confrontó de a uno con dureza: Mauricio Macri, Daniel Scioli y José Manuel de la Sota, tres prospectos bien diferentes, pueden dar buena cuenta de ello. El resto de los dirigentes de derecha, carentes de banderas, de discurso y de intereses que representar ajenos a los acreedores externos, están catatónicos desde mayo de 2003.
Los desocupados fueron vistos como adversarios en “la calle”. Kirchner se embroncó, a veces desaconsejablemente, ante las acciones del debilitado movimiento piquetero. Las resolvió confrontando legitimidades y vedándose (sagazmente) el uso de la fuerza.
Inesperadamente, la calle y la iniciativa fueron ganados de la mano de un referente nuevo, de fácil identificación con la clase media, legitimado por un enorme sufrimiento personal. El Gobierno perdió la iniciativa, la calle. Tan sorprendido quedó que hasta autolimitó el uso de su palabra pública. Sus habituales portavoces callaron. Y, como los ministros apellidados Fernández bien lo saben, quien calla otorga.
Suele discutirse su existencia como categoría científica y se resalta la imprecisión de sus límites. Es conspicuo el desbarrancamiento de muchos de sus integrantes a la condición de nuevos pobres. Eppur, la clase media existe. Hay más, en una etapa de achicamiento la clase media urbana argentina conserva un importante peso relativo cultural y simbólico. Impone criterios, modas, culturas, latiguillos de lenguaje. Cuando baja a la arena política suele ser desequilibrante. Es el fiel de la balanza en las elecciones presidenciales y sus salidas a la calle tienen el rango de un terremoto.
La mayoría de las militancias políticas y sociales del país reclutan sus cuadros en la clase media. Pero, la “clase”, como tal reacciona episódicamente, como respuesta a una herida en sus intereses. Recupera (o si usted prefiere se apropia) de prácticas cotidianas de otros actores y logra mayor impacto.
Los cacerolazos de fines de 2001 y principios de 2002, las marchas de los ahorristas acorralados son precedentes innegables de la marcha convocada por Blumberg. Los caceroleros no tuvieron un emergente personalizado. Los ahorristas propiciaron la efímera experiencia pública de Nito Artaza, que intentó trasladarla sin éxito al anegadizo terreno de la lucha por el voto. Los ahorristas, como la mayoría de los caceroleros, volvieron a su privacidad. Un hombre que invoca valores clásicos de la cultura argentina: la educación, el trabajo, la formación de los hijos, llevado a la escena en condición de víctima de una tragedia tremenda, los relanzó a las aceras.
Haciendo un culto de su apartidismo, frisando a menudo con la antipolítica, la clase media en acción patea tableros.
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El miércoles el Congreso era un hervidero. Diputados y senadores jugaban una suerte de partido de ping pong enviándose proyectos de un lado al otro de la red. La urgencia era palpable, máxime cuando aparecía en escena Blumberg. La pregunta, para la mayoría justicialista, no era qué hacer con las leyes (que saldrían como chorizos de un frigorífico no muy minucioso) sino qué hacer respecto del padre de Axel. ¿Reunirse en público o en privado con él? ¿Cederle el uso de la palabra, violentando las reglas legales? Los peronistas, hombres de poder, parecían radicales en Semana Santa o nobles en las horas previas a la toma de La Bastilla. Su temor palmario era la eventual llegada de otra muchedumbre. Su lógica fue la de ceder para descomprimir.
La correlación de fuerzas interna y las rutinas de funcionamiento del bloque cambiaron en cuestión de horas. “Desde la Rosada no nos bajaron línea”, refunfuñaban cerca de José María Díaz Bancalari.
En Balcarce 50 los refutan, ma non troppo. “Kirchner y Alberto Fernández hablaron todo el tiempo con Díaz Bancalari y Pichetto”, explica alguien que expresa bien al Presidente y al jefe de Gabinete. “¿Qué le dijeron?”, indaga este diario. “Que hicieran lo que tuvieran que hacer”, explica el hombre del Presidente. Un mandato impreciso por demás. O, bien mirado, un modo de habilitar a los parlamentarios atemorizados a otorgar, sin beneficio de inventario, con imprudente rapidez, todo lo reclamado días antes por una multitud. Son parlamentarios habituados a votar a libro cerrado, la novedad es que esta vez el libro, una compilación desprolija en rigor, lo elevó “la calle”.
Pichetto quizás haya estado a gusto. Díaz Bancalari pareció confundido. Cuando pierden la brújula los peronistas vuelven al útero y recuperan algún núcleo duro de la doctrina, por ejemplo, patotear a la minoría opositora privándola del uso de la palabra. Una prepotencia que, como la fábula del escorpión, alude a su indómita naturaleza, ya que la suerte del debate estaba sellada. Se trataba, “apenas”, de garantizar voz a los que piensan distinto.
Otros regresos indeseables, amén del patoterismo, hubo. Carlos Federico Ruckauf, uno de los dos prófugos del poder más célebres de la historia nacional (el otro es el marqués de Sobremonte), recuperó presencia. Para él lo ocurrido fue una bendición. Varios de sus compañeros de bloque, menos protagónicos, no tuvieron mayor empacho en votar un paquete de normas de mano dura. Otros, como Ricardo Falú, lucían contrariados. Kirchnerista, con un hermano desaparecido a cuestas, Falú tragó saliva al decir que avalaba un proyecto de Ruckauf y se sintió obligado a dejar constancia de sus disidencias políticas con el ex canciller y gobernador. Este hasta se permitió gastarlo mencionándolo como “mi amigo Falú”, siendo que lo suyo es no tener amigos y menos entre los dirigentes honestos, trabajadores y comprometidos con valores ciudadanos. Excitado, sobreactuó cuando mostró la bala, amén de su rica personalidad, lo que le valió un enérgico reproche de Blumberg.
Menos ostentoso, más reservado, melifluo, con la tez pálida y no bronceada como Rucucu, Jorge Casanovas disfrutaba de su buen momento.
Blumberg, como sus antecesores, enfatiza que lo suyo no es la identidad política y se mantiene a distancia de cualquier partido. Pero un tren fantasma lo sigue (en algún caso lo asesora) y tiene historia, bandera, pertenencias: Casanovas, Ruckauf, Aldo Rico, el eléctrico Luis Patti, Miguel Angel Toma, no son hombres del común llevados al terreno público por el dolor, sino políticos de larga trayectoria y de fácil ubicación en el espectro político.
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Una democracia moderna y de masas funciona solo con una intensa presencia mediática y con movilizaciones reveladoras de los humores y las demandas de parcialidades de opinión o de intereses. El padre de Axel acudió a recursos legítimos y además deseables: las marchas callejeras, la firma de petitorios, la presencia en el Parlamento. Si el hombre alguna vez excede sus facultades (como cuando pidió la palabra sin ser legislador) basta que alguien le señale un límite.
La validez y la pertinencia de la protesta no implican la aceptación pasiva de sus propuestas. Estas son variadas y no van al corazón del drama de la impunidad. Suele decirse que en estos temas densos hay dos medias bibliotecas que confrontan. Es claro que el petitorio de Blumberg se funda solo en media biblioteca. Y es poco serio decir que un hombre adolorido pueda en pocos días acumular todo el saber necesario al efecto, así sea media biblioteca. Ni la derecha argentina (patética en sus capacidades y en sus desempeños) ni el sistema legal y carcelario de algunos estados norteamericanos –fuentes del planteo concreto de Blumberg– portan verdades indisputables.
Pocos legisladores defendieron la pertinencia de discutir a fondo los temas propuestos a su decisión. No se trata apenas de falta de presencia de ánimo, aunque algo de eso hubo. Ocurre que están desprestigiados, que en años de mala praxis han perdido audibilidad y credibilidad.
La presencia del padre de Axel en el Congreso desnudó la persistente debilidad de las instituciones argentinas. Duro es que acontezca así justo cuando hay un Presidente que intenta recuperar el protagonismo del Estado. Y un ex presidente, Eduardo Duhalde, que (rara avis), conserva cierta autoridad, cuyas principales movidas son en custodia de la gobernabilidad.
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En la Rosada no se hacen mayores ilusiones en relación a la pertinencia de lo votado en el Congreso. “Fue una parodia, se votó en block, medidas dispersas. Alguna ley puede ser útil, pero la filosofía general de lo legislado, la agravación de las penas, no servirá para mucho”, dice uno de los ministros que más sabe de derecho.
El desconcierto oficial y un atisbo de su visión de cómo salir de una coyuntura que lo eclipsa quedaron retratados en el discurso de Cristina Fernández de Kirchner. Una pieza interesante y sensata, para nada congruente con su voto positivo al paquete legal. La senadora explicó los riesgos de legislar en caliente tras la conmoción pública detonada por un crimen impactante. Reseñó varias normas sancionadas en tales contingencias, que no sirvieron para frenar la ola de delitos. Y marcó, acaso, un camino que el Gobierno busca emprender, la reforma de la Ley de Seguridad Interior concediendo al gobierno nacional la potestad de intervenir las fuerzas policiales de las provincias. La sociedad no distingue los límites de la General Paz, pero las normas sí imponen competencias que son un escollo para una acción común eficaz.
Varias carencias incluye el discurso de Blumberg y, tras el pasmo impuesto por la masividad de su convocatoria, el debate público se enriqueció con críticas a esas ausencias. Varios padres de víctimas del gatillo fácil, tan doloridos y calificados como él, le marcaron que sus reproches no abarcan esa perversión. El concubinato entre las autoridades y el delito es acaso el nudo gordiano del avance de una política eficaz e integral contra la inseguridad.
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En ese rumbo, el Gobierno apadrinó el sensato nombramiento de León Carlos Arslanian. Un gesto que impone una tregua en sus tiras y aflojes con el gobernador Felipe Solá.
El Ejecutivo sigue preparando un plan integral que seguramente verá la luz cuando amaine la marejada de estos días. En la ofensiva institucional contra esa asignatura pendiente, la convocatoria a la población bonaerense, para controlar a su policía, vía foros ciudadanos, podría ser un avance. También ayudaría la consagración del juicio por jurados, un modo de sumar a la gente de a pie al Poder Judicial. La participación popular en las acciones oficiales es un modo virtuoso de encarrilar laspasiones ciudadanas. Una democracia prohija la movilizaciones críticas pero es mejor democracia cuando abre la puerta de la participación en la construcción cotidiana de una sociedad mejor.
El malestar ciudadano es innegable. La derecha nativa, que perdió por una cabeza las elecciones presidenciales y las de jefe de Gobierno porteño, está agazapada y ávida de discutir algo más que las penas a delitos horribles. Corrido del centro del ring de modo inesperado, el Gobierno tiene el deber de escuchar los reclamos, sin seguidismos banales y oportunistas. Con la ley en la mano, con los delincuentes en la mira, con sus cómplices políticos como enemigos. Todo un desafío, justo cuando la luna de miel es un recuerdo y cuando la tropa propia emite señales de no estar plenamente alineada.

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