EL PAíS › EL GOBIERNO QUIERE INCREMENTAR PLANES, JUBILACIONES Y SALARIOS, Y ANALIZA COMO

Un 25 de mayo corregido y aumentado

Página/12 pudo establecer que los técnicos de Economía recibieron la misión de estudiar de qué manera el Gobierno podría aumentar jubilaciones (esto ya fue admitido oficialmente), planes Jefas y Jefes y sueldos estatales.

 Por Claudio Zlotnik

Al aumento en las jubilaciones, admitido ayer por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, como un objetivo bajo análisis, podría sumarse una suba más generalizada de ingresos. El presidente Néstor Kirchner instruyó al ministro de Economía, Roberto Lavagna, para que estudie la posibilidad de otorgar aumentos en los planes Jefas y Jefes de Hogar y en los salarios de los empleados públicos. También pidió analizar un ajuste por decreto de los sueldos de los privados, aunque en este caso existen dudas en la propia Casa Rosada. Serían medidas con impacto directo en el bolsillo de los ciudadanos que impulsarían la reactivación y garantizarían la iniciativa política en manos del gobierno nacional.
Página/12 pudo saber que el deseo de Kirchner está siendo analizado por técnicos del Ministerio de Economía.
El Gobierno, de todos modos, fijó prioridades. En las mismas declaraciones públicas en que confirmó la chance de aumentar a los jubilados, Fernández dijo que el aumento a los estatales no es una posibilidad “por el momento”.
Sin embargo, este diario estableció que los tiempos del Presidente no apuntan a los próximos días sino al primer aniversario de su asunción en el Gobierno, el 25 de mayo, dentro de un mes y medio.
Si los informes técnicos no dieran una recomendación negativa sin vuelta atrás, la intención oficial sería aumentar a los agentes del Estado los mismos 250 pesos que recibieron los privados entre enero de 2003 y enero de este año. No obstante, una de las discusiones en el Gobierno es si el aumento saldrá para todos los empleados o si sólo incluirá a los que ganen menos de 2000 pesos mensuales de bolsillo. Si el Gobierno se decide por esta última alternativa, los beneficiarios sumarían 250 mil personas.
A los empleados estatales, el Poder Judicial les restituyó la quita del 13 por ciento que había impuesto el gobierno de la Alianza. Antes de dejar el poder, Eduardo Duhalde cumplió con ese mandato mediante la entrega de títulos públicos.
Respecto de las jubilaciones mínimas, el último aumento fue otorgado a principios de año, y resultó de 220 a 240 pesos. En la Casa Rosada buscan que la nueva suba al menos iguale aquella recomposición y que beneficie a los dos millones de jubilados que cobran la mínima. Tampoco hay definiciones sobre los planes asistenciales, que perciben 1,8 millón de personas. Cada beneficiario recibe 150 pesos mensuales.
En relación a los empleados del sector privado, en el Gobierno están evaluando si otorgar un nuevo aumento a través de un decreto o dejar que la recomposición salarial surja solo de negociaciones paritarias.
En total hay tres millones de empleados en relación de dependencia en el sector privado. Si se incluyera a esta franja entre los que percibirán los aumentos, entre jubilados, funcionarios públicos y planes Jefas y Jefes, los beneficios abarcarían a siete millones de personas.
El plan del Gobierno persigue un doble objetivo. Por un lado, el económico: un aumento salarial masivo potenciaría el crecimiento mediante un nuevo salto de los niveles de consumo. Si bien el poder adquisitivo se reconstituyó el 12 por ciento en el último año, una mejora salarial impulsaría también el mercado crediticio: a pesar de la caída de las tasas de interés, los créditos hipotecarios o prendarios se volvieron inaccesibles porque a los trabajadores se les hace imposible pagar las cuotas.
El otro costado refiere a la situación política. La crisis energética, primero, y el estallido del caso Blumberg, después, pusieron al Gobierno ante la necesidad de buscar soluciones específicas para esos problemas y además introducir nuevos temas en la agenda pública.
Desde el punto de vista técnico, los aumentos serían financiados con el fuerte excedente fiscal que existe en estos momentos. El superávit primario del primer trimestre del año triplicó las metas acordadas con el Fondo Monetario. También está prevista una recaudación record para el mes que viene, ante el vencimiento del impuesto a las Ganancias. Los consultores privados creen que, en mayo, la AFIP contabilizará más de 11.000 millones de pesos.
La decisión del Gobierno de dar aumentos salariales se produciría justo antes de que empiece un nuevo round con el Fondo Monetario por el pago de la deuda. Roberto Lavagna toma en cuenta esta realidad: le preocupa que un incremento del gasto público ponga en riesgo el próximo acuerdo con Washington. El reclamo del FMI es conocido: quiere que el Gobierno incremente sus ahorros pero no para dar aumentos de las jubilaciones o a los empleados públicos, sino para pagarles más a los acreedores particulares de la Argentina.
El destino que podría darse al excedente fiscal –surgido de la mayor actividad económica– forma parte de un debate entre los economistas. Los ortodoxos plantean que esos fondos deberían utilizarse para mejorar la oferta a los acreedores y así cerrar trato por la deuda. Argumentan que ese sería el camino para despejar incertidumbres y poder recibir más inversiones desde el extranjero. Los heterodoxos, en cambio, se vuelcan por darle envergadura al mercado interno a través de una redistribución del ingreso.
No obstante, hasta los propios consultores de la City ya comentan que el superávit fiscal resulta más alto que el esperado y mencionan que una porción podría destinarse a redistribuir internamente. En su último informe, el consultor privado Carlos Melconian calculó que, aun en el supuesto de que Lavagna reservara dinero para pagar al contado los bonos que vencen en el 2005, este año le sobrarían entre 4500 y 5000 millones de pesos del superávit fiscal. Es decir, hay plata para aumentar los sueldos. Aunque el economista también incluye en su informe que con esos fondos podría mejorarse la propuesta de Dubai.
Esa es la pulseada que se reiniciará entre el Gobierno y el Fondo a partir de junio. Tres meses más tarde las partes tendrán que ponerle un número a la pauta fiscal de los años 2005 y 2006, que deberá tener correspondencia con los pagos que se hagan ya no sólo a los organismos internacionales sino también a los acreedores particulares. Antes de que se desate esa pelea, Néstor Kirchner busca plantarse en el centro del ring.

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