EL PAíS

Moyano y el Fénix

 Por Mario Wainfeld

En la misma semana, Hugo Moyano y el Grupo Fénix alertaron a la opinión pública tanto como al Gobierno sobre la existencia de la inflación. Lo hicieron en registros diferentes, adecuados a cada cual: el líder de la CGT, en coloquiales declaraciones a la prensa; el Fénix, en un documento conciso y medido. Ambos reiteraron su empatía con el “modelo” kirchnerista, con sobrados pergaminos. El dirigente camionero es uno de los pilares activos de la gobernabilidad. El Grupo Fénix insufla capital simbólico a la política económica oficial, a la que, en general, explica mejor que la mayoría del elenco gubernamental. Cuando aliados con tamaños pergaminos formulan un alerta, bueno es escucharlo y tomar nota.

La presentación del ministro Amado Boudou en Diputados pareció enfilar a otro Norte. Confidentes de Palacio explican que se trata de juegos parlamentarios, de no ceder protagonismo a la oposición, de una táctica discursiva en un ámbito hostil. Algo de eso hay, por cierto. Pero también es real (y ésta es una carencia usual de la comunicación kirchnerista) que en el ágora mediática cada protagonista les habla a variados auditorios, en cada instante. La interpelación es seguida por una audiencia exigua, pero la gambeta a la palabra “inflación” repercute en todos los sectores de la sociedad. La inflación es un hecho insidioso, perceptible en la vida cotidiana, transversal a todas las clases sociales, más severa con los sectores de ingresos bajos o irregulares. Nadie vuelve del mercadito pensando en la distribución de bancas en el Consejo de la Magistratura, pocos ciudadanos consumidores pierden el sueño por la amplitud que deben tener los decretos de necesidad y urgencia. El deslizamiento de precios, en cambio, es el menú diario de todas las personas del común, que hacen opinión. Y que, cuando así corresponde, votan.

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En los hechos, la acción económica del Gobierno reconoce la inflación. El ministro de Educación, Alberto Sileoni, sería un irresponsable si hubiera alentado la paritaria docente creyendo en los números del Indec. Las convenciones colectivas que transitan por el Ministerio de Trabajo internalizan cifras más realistas. Moyano piensa en ellas, con sobrado derecho, cuando pispea las góndolas en detrimento del índice de precios al consumidor.

Agoreros recurrentes se alarman porque “los muchachos” se animan a pedir incrementos del 30 por ciento, a veces más. Los empresarios, los gremialistas y los funcionarios baqueanos en la negociación saben que, en el regateo, la primera cifra es un techo y no un ultimátum. En Trabajo y en la Casa Rosada preferirían que los amagues rondaran el 20 por ciento y no más, pero no entran en pánico. La conducción cegetista procura mantener su legitimidad y el salario real, no patear el tablero. En el fondo, aún sin datos rigurosos, hay una estimación compartida, que poco tiene que ver con el Indec y también es menos exorbitante que las de las consultoras privadas.

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La reapertura del canje de deuda seda tensiones en el Gobierno y atenúa embates internistas contra Boudou. Por una vez, se roza la unanimidad en la prospectiva de Gobierno y analistas privados: todos prevén una aceptación muy alta. Al unísono, las predicciones sobre altos índices de crecimiento del PBI, sobre una cosecha exitosa y rentable para el fisco. El Fénix habla con todas las letras de una economía sólida, desde otras tiendas se acepta que el 2010 transcurrirá sin sobresaltos, la deuda se pagará con o sin Fondo de Desendeudamiento.

El debate genera realineamientos impensados. En el oficialismo, como nunca desde 2003, se pone en primer plano la cotización de los bonos o la baja del riesgo país. Legisladores del Grupo “A”, que tantas veces fungieron de procuradores de los fondos buitre inventando argumentos para reclamar ante el juez Griesa, se indignan denunciando pingües ganancias de esos acreedores.

Una pregunta pendiente es si el Gobierno busca recuperar reputación internacional, objetivo que el documento del Plan Fénix considera loable, aunque remarca que la mala fama es desmedida. O si existe la tentación de volver al adictivo circuito del financiamiento externo. Todo un debate que vendrá, cuando se conozca la aceptación real de la propuesta a “los mercados”.

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La ley de coparticipación federal es uno de los varios Frankenstein engendrados por la reforma constitucional de 1994. Se la suele criticar por su origen cenacular, el “Pacto de Olivos”. A los ojos del cronista, el Pacto fue revalidado por la mayoría ciudadana en la elección de constituyentes, veredicto que no comparte pero que sanea ese vicio de origen. Lo que sí resultó letal, en su momento y en sus proyecciones, fue el “núcleo de coincidencias básicas” roscado entre peronistas y radicales, que parió un engendro legal, cuyas secuelas se padecen. El Consejo de la Magistratura es un ejemplo de esa pobreza legislativa. La coparticipación, otra. Y la nómina es bastante más larga.

Una nueva ley es una quimera, lo sería incluso en un escenario menos encrespado que el actual. De ahí que oficialismo y oposición pugnen por hacer remiendos al reparto de fondos. La reforma al impuesto al cheque forma parte del entredicho, sin agotarlo. El kirchnerismo barrunta que puede ser derrotado en el Senado, con alguna fuga de la fuerza propia. Sus tácticas, entonces, se abren en abanico.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner dialogará mañana con gobernadores afines. Quizá no consiga que todos incidan sobre los legisladores de sus respectivas provincias (el esquema parlamentario es endiablado, no hay plena verticalidad entre ejecutivos provinciales y legisladores), pero sí comience a explorar una serie de pactos. La Casa Rosada ya extrovierte una posibilidad: lo que podría perder el fisco nacional por la ley de cheque sería restado de otros aportes que se hacen a las provincias. Los gobernadores, en principio, deberán cavilar entre ganar autonomía vía manejo de recursos propios, no condicionados, a costa de recibir menos plata. No es una opción simple, la libertad de movimientos tiene su encanto... pero el precio es digno de tomar en cuenta.

A su turno, el Ejecutivo nacional tampoco puede desamparar a las provincias por puro despecho. La narrativa dominante alarma con ese cuco ignorando que las elecciones presidenciales son a distrito único, sumando los votos de todas las provincias. Para ganarlas el kirchnerismo debe recuperar terreno respecto de lo obtenido en junio de 2009, en especial en las provincias más pobladas. En varias de ellas (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza) su desempeño fue decepcionante. Son los distritos que reciben, en proporción, menos coparticipación. Asfixiarlos y esperar luego convalidación electoral sería un disparate.

Un esquema de distribución que atienda a intereses comunes entre gobierno nacional y provinciales no parece una misión imposible, en un año de repunte de la economía y la recaudación. Pero es trabajoso y requiere disipar sospechas y malas ondas, entre otras interferencias.

En el extremo del camino, opositores y oficialistas lo saben, está el veto presidencial a la nueva ley. Un instrumento legal cuya legitimidad será puesta en cuestión. Se robustecería si la Presidenta lo anunciara rodeada de un conjunto mayoritario (jamás unánime) de gobernadores. Ese plan está en camino, se lubricaría si las provincias de los compañeros gobernas (y otros mandatarios afines, no peronistas) recibieran efectividades conducentes, amén de prédicas y elogios.

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La inflación se niega en el recinto, ni se nombra. En paralelo, se estudia mejorar la ecuación de trabajadores no formales o jubilados. Las asignaciones familiares deberían ir en combo con la Asignación Universal por Hijo. Para compensar la inflación, sería necesario un retoque sustantivo. Puede parecer mucho dinero pero bien vale mantener el impacto del nuevo derecho ciudadano en la indigencia, en la pobreza, en los mercados locales, en la ampliación de la matrícula escolar.

El cronista, reconociendo su falta de conocimiento científico, está convencido de que éstos son tiempos de reformular el “modelo”, de aplicarle sintonía fina, de pensar una agenda de mediano plazo. De hacer política económica. El Gobierno suele privilegiar el paso a paso, en otro contexto le sirvió mucho. De ahí que las cuestiones se vayan tramitando como partidas simultáneas de ajedrez, sobrevoladas en esta nota.

En el mientras tanto (el tiempo preferido de nuestra praxis política) valga resaltar que Hugo Moyano y el Grupo Fénix alertaron sobre la inflación, legitimados por su posición, por su cercanía al oficialismo, por los intereses que defienden.

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