¿De qué hablan los papeles hallados en aquel cuartucho de la Armada? ¿Qué juicios rescatan de los pasillos del olvido y revelan a la memoria? Poquísimo tiempo después de los fusilamientos de la Base Almirante Zar, los familiares de Rubén Bonet, Ana María Villarreal de Santucho, María Angélica Sabelli y María Antonia Berger, quien sobrevivió a la balacera de Trelew, pero no a las desapariciones de la última dictadura, demandaron civilmente a la Marina por lo ocurrido en la madrugada del 22 de agosto 1972. Esas denuncias pusieron en funcionamiento a la Justicia. ¿Por qué no se iniciaron demandas penales? Un posible análisis indica que entonces no había condiciones políticas para desarrollar esa clase de causas y, si bien las denuncias civiles no tienen el mismo peso, significaban un paso indispensable: se producía prueba que “sería útil para un juicio penal posterior. Lo importante era denunciar lo que había ocurrido y poner a la Justicia en funcionamiento”, mencionó Eduardo Hualpa, abogado de las víctimas. “Era el único espacio que tenían las familias para hacer del fusilamiento un hecho político”, apuntó Mariano Rico, de la Secretaría de Derechos Humanos. Sea como fuere, la aparición de las seis carpetas con el seguimiento militar de esas causas abiertas en el marco de la Justicia civil “certifican que entonces los hechos se investigaron y que se generó prueba alrededor de ellos”, resaltó. Los expedientes judiciales originales fueron eliminados. “Algo ocurrió que hizo que se dejara de avanzar en las causas y se declarara su caducidad de instancia –se les diera de baja–”, apuntó Germán Kexel, también de la Secretaría. Las carpetas sumadas al juicio por la masacre demuestran aportes a los procesos civiles hasta fines de 1973.