EL PAíS

Falsedades al pozo

 Por H. V.

Las firmas de siete legisladores y ex legisladores de la Ciudad de Buenos Aires fueron falsificadas para permitir la construcción de un centro de exposiciones y eventos masivos sobre los terrenos del parque de Palermo entregados a precio vil a la Sociedad Rural. Éste es el proyecto más importante en la historia porteña que implica el cambio de normas de edificación, planeamiento urbano, emplazamiento comercial y modificación de uso de bienes públicos. Así lo denunciaron ante la sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Rubén y Tomás Devoto, Beatriz Baltroc, Héctor Bidonde, Sergio Molina, Daniel Betti y Vilma Ripoll. Bidonde y Baltroc integran la sala juzgadora que dentro de pocos días deberá pronunciarse acerca de la destitución o el regreso a su cargo del suspendido jefe de gobierno Aníbal Ibarra. Las firmas falsificadas están al pie de un escrito en el cual los legisladores dicen consentir la propuesta de Ogden Rural para proseguir con la obra, que había sido paralizada en noviembre de 2004 por una medida cautelar de la jueza Elena Liberatori. Dado ese presunto consentimiento, el 28 de diciembre, día de los inocentes, la Cámara declaró “extinguido el proceso en los términos del acuerdo manifestado por los litigantes”. Los siete pidieron a la Cámara la nulidad de esa decisión y manifestaron que “las firmas cuya autoría se nos atribuye no nos pertenecen, son falsas”. Un dato asaz curioso es que la resolución de la Cámara fue notificada el 2 de enero de este año a la Dirección General de Planeamiento Interpretativo de la Ciudad, pero no a los legisladores, quienes se enteraron a raíz de una consulta para esta nota. Planeamiento Interpretativo es la dependencia en la que un funcionario de tercera línea dictaminó que no había inconvenientes en seguir con las obras.

Éste es uno de los casos más oscuros en la administración porteña, a la que acompaña desde sus orígenes. En septiembre de 1999 este diario reveló que Ogden había aportado trescientos mil dólares a la campaña de Ibarra y Cecilia Felgueras. El Frepaso lo reconoció y la UCR guardó silencio. En 2000, Ibarra anunció que sin audiencia pública y doble lectura legislativa no autorizaría el proyecto, que incluye un estadio cubierto para 12.000 personas, estacionamiento para mil automóviles, cines, galería comercial, paseo de compras, restaurante y confitería. La construcción se paralizó durante años. Pero en cuanto fue reelecto Ibarra eludió el envío del tema a la Legislatura y con su sola firma a partir del dictamen de Planeamiento Interpretativo autorizó la edificación incluso de un hotel de turismo, siempre que no se construyeran salas de cine. El Gobierno negó que se hubiera modificado la zonificación, pero la Sociedad Rural sostuvo lo contrario para justificar ante sus socios el acuerdo con el propietario de Ogden, el ahora diputado duhaldista Francisco De Narváez. El negocio en ciernes es tan atractivo que Ogden aceptó hacerse cargo de un crédito caído del Banco de la Provincia de Buenos Aires por 109 millones de pesos y pagar a la mutual de los ganaderos 720.000 dólares anuales hasta 2025. El propio boleto de compra-venta firmado en 1991 reconocía que las construcciones planeadas contradecían lo establecido para una Zona Parque por el Código de Planeamiento y decía que la Sociedad Rural “podrá solicitar” al Gobierno municipal la “necesaria” rezonificación del predio.

A fines del año pasado, Ogden Rural propuso que si los denunciantes aceptaban que se levantara la medida cautelar de la jueza Liberatori que obligó a dejar el pozo abierto sin continuar las obras, se comprometería a limitarlas, renunciando a la construcción de un shopping, galería comercial y paseo de compras. Además ofreció convocar a concurso público organizado por la Sociedad Central de Arquitectos para elegir el “proyecto de centro de exposiciones, centro de eventos, congresos, convenciones y eventos múltiples”. Al concurso sólo podrían presentarse estudios de arquitectura argentinos y la obra sería construida por “empresas de capital nacional”, una vez “aprobado el estudio de impacto ambiental. y realizada “la correspondiente audiencia pública”. La empresa reclamaba la posibilidad de construir locales sobre la calle Darregueira, para “dotar de escala urbana a la fachada, evitando un largo paredón”. De inmediato se presentó el escrito con las firmas falsas de los legisladores y el gobierno prestó su conformidad. Hace dos semanas cuando fueron consultados por este diario sobre la decisión de la Cámara, los legisladores dijeron que no estaban al tanto y que averiguarían. Cuando vieron el escrito que se les atribuía, advirtieron la falsificación de las firmas. Esta semana se presentaron ante la jueza Liberatori, revocaron el poder de su abogado Pablo Alejandro Pierini y designaron en su lugar a Pedro Kesselman. Con su patrocinio denunciaron la falsificación de las firmas y dijeron que el escrito que las contenía “no refleja nuestro pensamiento y nuestra voluntad”. Por lo tanto solicitaron que se declare “que es nula de toda nulidad” la decisión fundada en “la existencia de un presunto e inexistente acuerdo, que no hemos celebrado, en el que no hemos participado y que no hemos firmado”. Kesselman es uno de los vecinos de Palermo cuyas denuncias pusieron en marcha el mecanismo judicial, junto con la Comisión de Vecinos de Plaza Italia, la Asociación Amigos del Lago de Palermo, la Fundación Ciudad y la Agrupación por una Ribera Natural. “Esto tiene olor a Romagnoli”, sostiene el letrado, quien no ha perdido el sentido del humor. “Cuando muera voy a pedir que esparzan mis cenizas en el pozo de la Rural”, dice.

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