EL PAíS › LA CORTE PIDE LOS PLAZOS DE SANEAMIENTO POR ESCRITO

Un tribunal muy preguntón

 Por Irina Hauser

La Corte Suprema le pidió al Gobierno que entregara por escrito el cronograma de saneamiento y la proyección de inversiones que exhibió en Power Point durante la primera audiencia pública por la contaminación del Riachuelo. Los supremos se sorprendieron porque durante la presentación de ayer la secretaria de Ambiente, Romina Picolotti, agregó un sinfín de detalles que no figuraban en el plan entregado al tribunal hace casi dos semanas. Sus Señorías se llevaron una buena impresión, pero marcaron, a puertas cerradas, algunos puntos endebles: creen que faltaron precisiones sobre los mecanismos de control y sobre las respuestas inmediatas para asistir a los pobladores con trastornos de salud derivados de la polución.

Todos los supremos hicieron preguntas. El presidente del tribunal, Enrique Petracchi, empezó con un tema crucial: le pidió a Picolotti que definiera “qué implica” hablar de “corto y mediano plazo” para las principales obras destinadas al saneamiento. El informe inicial que presentaron los gobiernos nacional, bonaerense y porteño no especificaba nada al respecto y eso se convirtió en un punto preocupante para la Corte, como adelantó Página/12. Pero esta vez la secretaria desplegó cuadros y mapas con cifras. Habló de cinco a nueve años para extender la red de agua potable y de quince para extender la red cloacal (ver nota central).

Tanto Petracchi como Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay compartieron una inquietud: ¿cómo se garantizará la preservación de las fuentes de trabajo ante la meta de relocalizar y reconvertir industrias? Zaffaroni señaló que debe haber un equilibrio entre “el derecho a un ambiente sano” y “el derecho al trabajo”. Señaló que no hay que ceder “a la extorsión” de las empresas, pero sugirió contemplar la situación de algunas, sobre todo las pymes.

Picolotti dijo que su plan “no prioriza las cuestiones paisajísticas por sobre las personas”. La intención, aclaró, es evitar “grandes pérdidas” para las empresas y para sus trabajadores. Hay conversaciones, dijo, con once empresas dispuestas a relocalizarse.

“¿Y quién va a custodiar al custodio?”, inquirió Carlos Fayt, en alusión a quién controlará a la Autoridad de Cuenca que se creará por ley y ejecutará el presupuesto para el saneamiento. Una planteo similar hizo Petracchi acerca de los controles sobre la contaminación de las industrias propiamente dicha. La funcionaria habló sobre las obligaciones de rendir cuentas todos los años (de las empresas y los organismos) y el papel de la Auditoría General de la Nación.

Como Picolotti enumeró enfermedades propias del contacto con la contaminación –trastornos respiratorios, de la piel e intestinales–, Elena Highton de Nolasco le pidió que explicara qué iniciativas “inmediatas”, “concretas” hay para atenderlas. La respuesta fue que no hay relevamientos, que llevaría mucho tiempo hacerlos y que se prevé enviar atención médica a las zonas afectadas y provisión de alimentos. Ricardo Lorenzetti señaló la importancia de recuperar los datos o estudios que seguramente existen. Más tarde, preguntó por qué en esta audiencia no se habló de los buques hundidos o abandonados. “No son causa importante de contaminación”, contestó la funcionaria.

Sobre el final, Juan Carlos Maqueda quiso saber qué pasó con el famoso crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 500 millones de dólares, que llegó en tiempos de María Julia Alsogaray. Picolotti dijo que quedan disponibles 83 millones, de los 250 que se habían desembolsado. El martes próximo habrá otra audiencia a la que están citadas 44 empresas acusadas de contaminar, cuatro ONG ligadas a la defensa del ambiente y el defensor del Pueblo, Eduardo Mondino. Las compañías deberán mostrar estudios de impacto ambiental y explicar cómo tratan sus desechos. No se descarta que haya una tercera sesión. Cuando termine la rueda, la Corte se tomará un tiempo hasta dictar una resolución. Evaluarán “la viabilidad” del plan oficial presentado y podrían proponer modificaciones o ajustes. “Ya con estas audiencias estamos actuando donde hay un vacío de políticas públicas”, se regodeó uno de los jueces.

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