SOCIEDAD › POLéMICA ENTRE LEGISLADORES POR LA SANCIóN DE UN RéGIMEN PENAL JUVENIL

Un debate que recién empieza

Unos insisten en que se debe corregir la situación actual, donde hay chicos presos por una mera imputación policial. Otros dicen que sancionar un régimen penal para jóvenes de 14 a 16 años terminaría por criminalizar a los chicos en situación de riesgo.

 Por Carlos Rodríguez

El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, apoya un proyecto de ley que penaliza a los menores, a partir de los 14 años. Dijo que esa iniciativa está en el Senado nacional y que fue presentada por la ex senadora y hoy diputada Vilma Ibarra, con el aval de Emilio García Méndez, ex presidente de Unicef. Consultada por PáginaI12, Ibarra afirmó que la Argentina “tiene que modificar en forma obligatoria y necesaria el régimen actual sobre menores porque está fuera de lo que dicta la Convención Internacional por los Derechos del Niño”. En ese sentido confirmó la existencia de un proyecto que establece que “los chicos de entre 14 y 16 años pueden ser imputados sólo por delitos graves, como crímenes o violaciones”. En ese sentido, recordó que ahora “el juez puede disponer la detención de los menores de 16 años con la sola imputación policial, sin que el chico tenga el derecho a ser defendido por un abogado de su confianza”. Por eso impulsó una ley que establezca “un Régimen Penal Juvenil con todas las garantías del debido proceso, sólo para los delitos graves”. Por su parte, la diputada kirchnerista Diana Conti, en diálogo con este diario, se declaró a manera personal “en contra de toda norma que baje la edad de imputabilidad porque eso significa tapar con una ley que se está criminalizando a los menores en situación de riesgo”.

Conti aseguró que si bien sigue vigente la ley de la dictadura 22.278, de 1980, que otorga al Poder Judicial la potestad de enviar a un instituto a los adolescentes en problemas con la ley o por razones sociales, “en los últimos años los jueces han cambiado su mentalidad. El último informe realizado por el Ministerio de Desarrollo Social, junto con Unicef, dice que de los 20 mil chicos que había en institutos de todo el país se bajó a 6600 y no pasan de 180 los que están por delitos graves”. Por esas razones se declaró en contra de sancionar una nueva ley. “No hay consenso en el oficialismo para avanzar en la materia, porque la mayoría no está de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad y no creo que una propuesta así pueda ser analizada este año”.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), por su parte, expresó que “la propuesta de aumentar el poder represivo del Estado sobre las personas menores de edad sólo refuerza el sesgo discriminatorio de las políticas de seguridad sobre los sectores más vulnerables de la sociedad”. La abogada María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial (Correpi), sostuvo que es “un debate falso” el que se abrió a partir de las declaraciones del gobernador Scioli apoyando la baja de la edad de imputabilidad. “Es un debate falso porque los institutos de menores están llenos de chicos pobres y porque la Justicia, hace poco, le tuvo que ordenar a la policía que deje de detener a jóvenes por averiguación de antecedentes.” Para Verdú “el problema es lo que pasa con los chicos pobres que tienen de cero a 16 años y que no tienen nadie que los pueda defender. Eso ocurre con la ley de la dictadura y va a seguir ocurriendo con cualquier ley, si no se cambian la situación social de esos chicos que son víctimas de las políticas de Estado”.

Ibarra consideró que con la ley de la dictadura “los chicos no tienen ni debido proceso ni el derecho a ser defendidos. Los jueces pueden disponer de su libertad, cualquiera sea su edad. Por esas razones, desde Unicef vienen alertando sobre la necesidad de que exista un nuevo régimen penal juvenil, con todas las garantías constitucionales para los menores que tengan problemas con la ley”. Los chicos de 14 a 16 años “sólo pueden ser imputados por delitos graves con resultado muerte o por agresiones sexuales violentas”. La detención sería “en institutos especializados que no respondan a las fuerzas de seguridad”. Ibarra insistió en que el proyecto que ella presentó el año pasado en el Senado “y que cuenta con el apoyo de radicales y justicialistas” determina que la detención es “el último recurso que debe aplicarse y fija una serie de alternativas previas”.

“Las penas que se aplicarían serían por tiempos cortos y determinados, con la posibilidad de intervención de equipos interdisciplinarios que trabajen sobre la educación, la formación y la reinserción social de los chicos que lleguen a esa instancia”, precisó Ibarra. La legisladora consideró que la detención de un menor en las actuales circunstancias “es llevarlo al peor de los mundos, porque llega a ese lugar sin haber tenido el derecho de defensa en juicio”.

Diana Conti, por su parte, dijo: “En el oficialismo no estamos de acuerdo, mayoritariamente, con cualquier proyecto que signifique bajar la edad de imputabilidad”. Opinó que la situación con los menores detenidos “es ahora menos grave porque los jueces actúan con mayor nivel de conciencia y de responsabilidad”. Sobre la posibilidad de que este año se vaya a tratar, en el Congreso Nacional, un nuevo régimen sobre minoridad, fue contundente: “No lo creo porque la mayoría piensa que no se debe bajar la edad. En la actualidad, no hay juicios que no respeten las garantías de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y que vulneren la defensa en juicio”.

Otra diputada kirchnerista, Graciela Gutiérrez, presidenta de la Comisión de Legislación General, aseguró que el Congreso Nacional no va a aprobar ninguna ley que baje la edad de imputabilidad de los menores, porque “es un enfoque equivocado creer que con más mano dura se soluciona el problema de la inseguridad pública”. La legisladora se mostró partidaria de “hacer responsables a los adultos”.

El CELS se manifestó en contra del encarcelamiento como única solución y sostuvo que “la solución a los problemas de violencia e inseguridad debe concentrarse en garantizar políticas inclusivas” y en desarrollar acciones para “desarticular las redes criminales, y fortalecer la independencia judicial con el objetivo de ejercer un mayor control sobre el funcionamiento de los organismos de seguridad”.

Compartir: 

Twitter
 

“Con la ley de la dictadura, los chicos no tienen debido proceso ni el derecho a ser defendidos”, dice Vilma Ibarra.
Imagen: Gonzalo Martinez
 
SOCIEDAD
 indice

Logo de Página/12

© 2000-2019 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.