Varios activistas a favor de la ley de identidad de género, que podría aprobarse este miércoles en el Senado, evaluaron que esa legislación va a “desexualizar” las normas jurídicas, que impiden a las personas trans acceder a documentos acordes con su elección de género y con tratamientos de salud. “El proyecto contiene los cuatro pilares ideológicos por los que siempre peleamos: la desjudicialización, la despatologización, la descriminalización y la desestigmatización de las identidades trans”, planteó el activista Emiliano Litardo, de la agrupación Diversidad de Río Negro y Neuquén. La activista Lohana Berkins, titular de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti-Transexual (Alitt), también destacó que la nueva ley “es la más avanzada de todo el continente”.

“Claramente existe un agravio a la dignidad humana de estas personas cuando deben atravesar situaciones que, por no contar con la identidad formal adoptada, resultan por demás agraviantes y discriminatorias”, consideró ayer desde Tierra del Fuego, la secretaria de Derechos Humanos, Nélida Belous, una ex diputada que firmó el proyecto. El gobierno de esa provincia acaba de hacer una presentación ante el Registro Civil de las ciudades de Ushuaia y Río Grande en favor de dos ciudadanos que solicitaron el cambio de género en sus documentos de identidad.

Además de brindar mediante un trámite administrativo un DNI acorde con la identidad autopercibida, el proyecto, que podría aprobarse el miércoles, obliga al sistema de salud público y privado a cubrir los tratamientos de hormonación, cirugías estéticas y también las operaciones de reasignación sexual. “Una vez aprobado esto, vamos a tener que controlar que se cumpla, que no se siga discriminando a la hora de solicitar un DNI, pero también cuando buscamos un trabajo decente”, dijo Berkins.

Para Litardo, se trata de abrir un poco más “el lenguaje de los derechos, los dispositivos de reconocimiento político-legales a un grupo totalmente postergado y vulnerado en sus derechos humanos”. El activista aseguró que hay consenso para aprobarla en el Senado.