SOCIEDAD

Denuncia penal contra Jaime por la tragedia del micro en Santa Fe

Los padres de los alumnos del colegio Ecos, muertos en el choque de 2006, denunciaron en la Justicia penal por la “falta de controles” en la Ruta 11 al secretario de Transporte de la Nación y otros funcionarios, incluido el entonces jefe de la policía santafesina.

 Por Pedro Lipcovich

El abuso de autoridad también puede darse por omisión, y ése es precisamente el delito por el cual los padres de los chicos del colegio Ecos –nueve de los cuales, más una profesora, murieron en un choque en 2006, en Santa Fe– denunciaron a Ricardo Jaime, secretario de Transporte de la Nación, y a otros funcionarios, incluyendo al entonces jefe de Policía santafesino. La omisión –según la acusación– consistió en “no haber aplicado las normas en materia de control” ante el hecho de que un conductor borracho manejaba en zigzag, a lo largo de 430 kilómetros de la Ruta 11, hasta que su camión chocó de frente al micro que conducía a los chicos. La denuncia forma parte de la campaña por la seguridad vial que los padres de los chicos del Ecos iniciaron luego de aquel desastre. Según advirtió uno de ellos, “todavía faltan hechos concretos” de parte de las autoridades, entre los que destacó “la necesidad de un registro nacional que tome en cuenta los antecedentes en todas las jurisdicciones”.

La denuncia fue formulada por el abogado Marcelo Parrilli, en representación de los familiares de siete de los nueve alumnos y una docente del colegio Ecos que murieron el 8 de octubre de 2006, cuando el micro que los traía desde Chaco fue chocado por un camión, cuyo conductor, que manejaba alcoholizado, también murió: “El camión, de enormes dimensiones, había transitado más de 430 kilómetros por la Ruta Nacional 11, en permanente zigzagueo, lo cual fue advertido por numerosos conductores, pero ninguna autoridad policial advirtió ni controló la situación”, señala la denuncia.

Ese descontrol indicaría que “la Policía de Santa Fe, bajo el mando del denunciado Jorge Pallavidini –ex jefe de Policía de la provincia–, incumplió las normas de control, lo cual, generalizado por la cantidad de hechos similares en la Ruta 11, responde a un abuso de derecho omisivo”. Y ello “compromete las responsabilidades penales del secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime; del subsecretario de Transporte, Jorge González, y del entonces director del Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi), Claudio Uberti”. La responsabilidad de este último (quien renunció en el marco del escándalo de la valija de Antonini Wilson) consistiría en que “no controló la aplicación de las normativas de seguridad vial por parte de la concesionaria Vial 3 SA”, a cargo de la ruta.

Según explicó Parrilli, “las pruebas acumuladas en la instrucción de la causa contra el conductor del micro donde viajaban los chicos –por no haberse detenido en la banquina cuando se acercaba el camión– nos permiten fundamentar la presente denuncia penal”.

Carlos Ecker, uno de los denunciantes, destacó que “nuestros hijos no murieron por un hecho fortuito, un ‘accidente’, sino porque no se hicieron los controles”, y observó que “los policías en la ruta se ocupan de custodiar la plata de las concesionarias en los peajes, y no de controlar la seguridad vial”.

La denuncia se anota en una serie de acciones que los padres de Ecos vienen realizando para promover la seguridad vial. Andrés Kalwill –cuyo hijo sobrevivió a aquel choque– recordó que, en relación con esta campaña, se firmó el Convenio Federal de Seguridad Vial entre la Nación y la mayoría de las provincias, y se formó una comisión bicameral en el Congreso, pero “hace falta que todo eso se traduzca en hechos concretos”; y destacó “la necesidad de un registro nacional de antecedentes para todas las jurisdicciones; es la única manera de aplicar eficazmente un sistema de puntaje para las infracciones que comprometen la seguridad”.

El artículo 248 del Código Penal, por el cual se efectuó la denuncia, establece penas de un mes a dos años de prisión, y cuatro años de inhabilitación. La causa recayó en el juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas.

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El choque del camión, conducido por un chofer borracho, con el micro provocó diez muertes.
 
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