19:35 › MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA

"La Policía no actuó ni improvisadamente ni con autonomía"

En el primer tramo de su alegato en el juicio en que se investigan la muerte de cuatro personas y las lesiones contra otras 119 durante los sucesos del 19 y 20 de diciembre de 2001, el representante del CELS, Rodrigo Borda, señaló las responsabilidades del gobierno de la Alianza en la represión y aseguró que el exsecretario de Seguridad, Enrique Mathov, miente.

Así lo hizo al iniciar su alegato en el juicio oral y público que lleva adelante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6 de la Ciudad de Buenos Aires, en el que se investigan los homicidios de Alberto Márquez, Gastón Riva, Carlos Almirón y Diego Lamagna; la tentativa de homicidio de Martin Galli y Paula Simonetti; y las lesiones, en distinto grado, cometidas en perjuicio de 117 víctimas.

"Mathov miente", aseguró en distintos tramos de su exposición Borda, quien, en nombre del CELS representa a la querella unificada, con lo cual apuntó contra el principal responsable político sentado en el banquillo de los acusados en este proceso, el entonces secretario de Seguridad, Enrique Mathov.

Borda tomó fragmentos de las declaraciones del luego fallecido exministro del Interior de entonces, Ramón Mestre, para probar la intervención de Mathov no sólo en las decisiones políticas sino también en las cuestiones "operativas" sobre el accionar policial en el marco del Estado de sitio, dispuesto por el entonces presidente Fernando de la Rúa.

"La Policía no actuó ni improvisadamente ni con autonomía", aseveró el abogado del CELS en su alegato -que continuará en la próxima audiencia, prevista para el 26 de este mes-, durante el cual fueron exhibidas imágenes del momento en que la Policía inició la represión sobre los manifestantes frente a la Casa de Gobierno en la madrugada del 20 de diciembre cuando quienes protestaban se encontraban en una actitud "totalmente pacífica" y el momento de los disparos realizados horas después por personal policial en las escalinatas del Congreso, donde resultó herido Demetrio Cárdenas.

"El propio Mathov fue autor del proyecto de decreto dictado para blanquear los detenidos a disposición del Poder Ejecutivo en el marco del Estado de sitio", aseveró el abogado del CELS. Además, Borda puso el acento en "la correspondencia entre la implementación realizada por la Policía Federal con la instrucción que se dio en la reunión mantenida el 19 de diciembre a la noche", con la participación de Mestre; Mathov; el exjefe de la Federal, Rubén Santos; y el exsuperintendente de Seguridad Metropolitana, Raúl Andreozzi.

"La Policía comenzó a reprimir de manera generalizada e indiscriminada", aseguró el CELS en relación a los hechos ocurridos en las escalinatas del Congreso, luego de que la policía reprimiera a los manifestantes que se encontraban en la Plaza de Mayo y que, luego, se reagruparon en la Plaza de los Dos Congreso.

De hecho, sobre la represión inicial en la Plaza de Mayo, el CELS se propuso probar con la proyección de imágenes televisivas que los gases comenzaron a ser disparados cuando los manifestantes se encontraban en actitud "totalmente pacífica" y "había familias, mujeres, chicos, gente de todas las edades". "Fue al revés. La Policía primero reprimió y, luego, algunos manifestantes arrojaron piedras en respuesta a la represión", sostuvo Borda, quien subrayó que fue justamente el accionar represivo lo que "generó desbande".

A la exposición del CELS, le seguirá luego el alegato de la fiscalía, que arrancará el 2 de diciembre próximo y se extenderá durante las audiencias del 3 y 4.

En la víspera, la querella que representa a los familiares del fallecido Alberto Márquez pidió 25 años de prisión para el policía Orlando Oliverio, quien comandaba el grupo que actuó en ese lugar, en tanto para los efectivos que llevaban las armas (Carlos López, Ariel Firpo Castro y Norberto Juárez) pidió 20 años de cárcel y 16 para otros cinco acusados.

Por su parte, el abogado Rodolfo Yanzón -representante de los heridos de bala Martín Galli y Paula Simonetti-, pidió 15 años de prisión para Oliverio y 12 para sus subordinados, por intento de homicidio.

En el banquillo de los acusados se encuentran Mathov, Santos, Andreozzi, el ex director general de Operaciones, Norberto Gaudiero, y un total de trece policías.

El expresidente De la Rúa declaró sólo en calidad de testigo, dado que antes del inicio del actual proceso, en febrero del 2014, había sido sobreseído por su responsabilidad en la represión.

Por su parte, el exministro del Interior de la gestión de la Alianza y superior de Mathov, Ramón Bautista Mestre, falleció en marzo del 2003.

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