Donda: "Es inadmisible que los pobladores sean corridos del lugar que les pertenece"

Acompañada por diputados y senadores de distintos sectores, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Victoria Donda, denunció "la complicidad de las autoridades públicas" por el asesinato del integrante del Mocase-Vía Campesina Cristina Ferreyra, ya que "la dirección provincial de Bosques fue la que autorizó el desmonte donde viven las familias". Además, informó que la patota que atacó a los integrantes de la organización campesina, en la comunidad de San Antonio, responde al empresario santafesino José Ciccioli.

En la conferencia de prensa estuvieron presentes los diputados Claudio Lozano, Liliana Parada, Eduardo Macaluse, Cecilia Merchán, Alicia Ciciliani, María Luisa Storani, y los senadores María Rosa Díaz y Osvaldo López, junto a representantes del Mocase. "Es inadmisible que los pobladores sean corridos del lugar que les pertenece. Lo hacen por el furor que genera la fiebre por las tierras para la soja y utilizando formas que no tienen nada que ver con un Estado de derecho", criticó Donda.

La diputada nacional afirmó "que no es el primer hecho de este tipo que nos obliga a estar alerta sobre esta situación irregular. Los miembros de esta comunidad han sido atacados con anterioridad en los departamentos de Copo, Pellegrini y Alberdi y han sufrido la detención arbitraria de su referente Ricardo Cuellar, el atentado a la FM Pajsachama, la quema de ranchos y pertenencias personales, entre otros atropellos".

Por último, la diputada electa por el Frente Amplio Progresista (FAP), denunció que "el poder judicial local mira para otro lado, ya que el juez penal Alejandro Fringes Sarria, de Monte Quemado, quien ya tiene varias denuncias, no tomó ninguna medida preventiva para detener estos hechos violentos" e instó "al Estado a hacerse presente garantizando los derechos humanos de estas personas y terminando con los desalojos y desmontes de miles de hectáreas como hasta ahora".

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