UNIVERSIDAD

Bajo el fantasma de la UBA, se complica la elección en La Plata

Los estudiantes de la UNLP reclaman una reforma antes de elegir autoridades. Objetan a un candidato por su rol en la dictadura.

 Por Javier Lorca

La elección de autoridades en la Universidad Nacional de La Plata se empantana en un conflicto emparentado con la crisis que el año pasado sufrió la UBA. Ante los reclamos estudiantiles de una “democratización del cogobierno”, ya fue postergada –aún sin fecha– la asamblea universitaria para elegir al presidente de la UNLP, que iba a realizarse a fin de este mes. Y está en riesgo la designación de decanos, que debería comenzar el próximo martes. La facultad más complicada es la de Derecho: agrupaciones de izquierda objetan al candidato con mejores posibilidades de ser ungido decano, Pedro Soria, cuestionado por su actuación como juez durante la última dictadura militar.

Este año tendrían que renovarse los mandatos del presidente y los decanos de las 16 facultades de la UNLP para el período 2007-2010. De origen radical, ahora apoyado por una amplia coalición, el actual presidente, Gustavo Azpiazu, busca su reelección y contaría con el apoyo de la mayoría de los decanos. Pero hoy enfrenta la exigencia estudiantil: “Debe haber una reforma del estatuto antes de la elección del presidente”, dijo a Página/12 Pablo Maciel, titular de la Federación Universitaria de La Plata (FULP), que es conducida por un frente de izquierda encabezado por CEPA (PCR) y COPA (Frente Popular Darío Santillán).

¿Qué reforma pretenden los alumnos? “El punto central es la democratización del cogobierno: claustro único docente, mayor representación estudiantil e incorporación de los no docentes. También queremos que en el estatuto figure que el ingreso debe ser irrestricto, porque hay facultades, como Medicina, que tienen cursos eliminatorios, en contra de lo que resolvió el Consejo Superior.” A diferencia de lo que ocurre en otras universidades –tal el caso de la UBA–, los estudiantes de la UNLP cuentan con un factor de presión clave: para que los consejos académicos de las facultades puedan designar decanos, precisan la asistencia de sus doce miembros. “Si no extienden los plazos para seguir discutiendo, los estudiantes no vamos a dar quórum”, avisó Maciel.

Los decanos mantuvieron ayer una reunión para decidir qué hacer. “Cada unidad académica convocará a sus consejeros, posiblemente el lunes, para considerar el pedido de postergación presentado por la FULP”, dijo a este diario Néstor Bono, decano de Arquitectura. “En este momento estamos en un período de consultas y análisis, de intercambio de opiniones, tendiente a acercar a las partes, subsanar las diferencias y tratar de consensuar un calendario que respete todos los intereses.” Bono aseguró que “hay voluntad política” de reformar el estatuto, pero admitió que será un proceso complejo “que va a llevar tiempo”.

Con el llamado al diálogo, las autoridades académicas aspiran a evitar que la UNLP se convierta en tierra de un conflicto similar al sufrido por la UBA durante 2006. Igual, por el momento, las diferencias persisten. Y no poco conspira el conflicto planteado en la Facultad de Derecho platense, que recuerda literalmente los rechazos generados por la fallida candidatura de Atilio Alterini al rectorado de la UBA.

“No podemos permitir que los cómplices del golpe genocida más nefasto de la historia argentina dirijan nuestra facultad”, denunciaron los estudiantes del Movimiento Independiente Universitario (MIU). La agrupación de izquierda cargó contra Pedro Luis Soria, radical, juez de la Cámara Penal de La Plata, profesor de Derecho Procesal y ex vicedecano de la facultad, durante el decanato de Humberto Quiroga Lavié. El MIU cuestiona a Soria por haber sido “nombrado juez en lo penal en abril de 1976; representante de la facultad cuando la misma estuvo intervenida; que participó en actos en la Escuela Vucetich en el ’81 y además rechazó aproximadamente setenta hábeas corpus presentados en su juzgado entre los años 1976 y 1979”. La FULP hará una marcha el viernes para exigir que ninguna persona que haya estado vinculada con la dictadura pueda tener cargos en la institución.

Soria se defendió de las acusaciones, habló de “un disparate” y “una campaña difamatoria”. En declaraciones a la prensa local, dijo que ingresó en el Poder Judicial en 1961 y que da clases desde el ’70. También fue defendido por los consejeros estudiantiles de Franja Morada, que son mayoría en la facultad y habían anunciado su apoyo al candidato. Con participación de agrupaciones estudiantiles y organismos de derechos humanos, este lunes habrá una asamblea en la facultad para debatir la situación. Al día siguiente estaba prevista la elección del decano, ahora en la incertidumbre.

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