La historia repetida del Gobierno anunciando beneficios para el sector agropecuario y los dirigentes de las entidades rurales diciendo que son insuficientes no sorprende a los habitantes de la Casa Rosada pero sí los fastidia. Dicen que saben que tendrán que seguir lidiando con eso y mucho más en este año electoral porque les atribuyen a esos dirigentes motivaciones estrictamente políticas.

“Contra eso no hay nada que se pueda hacer. Todo lo que podamos darles van a decir que es poco, que no sirve. Es que están haciendo política mirando a las elecciones de octubre pero amparándose en que defienden los intereses de su sector. Si no transparentan la situación –y no lo van a hacer– siempre vamos a chocar”, señalaba anoche a Página/12 un alto funcionario del Gobierno. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, aseguran sus colaboradores, es consciente de que muchos productores ahora sí están en problemas, porque a la baja de los precios internacionales se sumó el fenómeno de la sequía que amenaza seguir ajando la tierra hasta abril o mayo. En función de este cuadro es que decidió declarar la Emergencia Agropecuaria y otorgar las prórrogas impositivas y otras ayudas a los que están perdiendo más de la mitad de su producción.

“Esta medida implica que todos los argentinos hacemos un esfuerzo y un aporte para dárselo a los productores que no la están pasando bien. Ellos pidieron socializar sus pérdidas y nosotros accedimos. Todo lo contrario a lo que hicieron ellos cuando tenían ganancias extraordinarias. Nosotros les pedimos socializar esas ganancias extraordinarias para ayudar a los que menos tienen, a través de la resolución 125, y no hace falta recordar de qué manera reaccionaron”, sintetizó otra fuente del Gobierno su visión sobre el problema.

En el Gobierno aseguran también que la decisión de que el secretario de Agricultura, Carlos Cheppi, reciba a las cuatro entidades obedece a tener la verdadera dimensión del problema que implica la sequía y las perspectivas para los próximos meses. Hacía cuatro meses que los empresarios del campo no se reunían con Cheppi. Desde entonces el Gobierno había ido consensuando medidas a favor del sector a través de cámaras regionales y provinciales, puenteando de alguna manera a las cuatro entidades.

De todas maneras, en la Casa Rosada afirman que sabían de antemano que las declaraciones de los ruralistas luego de la reunión con Cheppi iban a ser negativas, especialmente del presidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, afectado por la decisión del Gobierno de que esa entidad deje de vender las cartas de porte. “A Buzzi le sacamos un negocio importante pero que estaba lleno de irregularidades, como la venta de las carta de porte”, recordó uno de los funcionarios consultados para explicar el particular enojo del dirigente de la FAA. Estos certificados, que siempre manejó el Estado hasta que el gobierno de Carlos Menem le otorgó la comercialización a la FAA, son documentos donde los productores deben consignar los granos que cargan en cada camión. El 1° de junio pasado Página/12 informó que la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) había detectado un mercado negro de cartas de porte que implicaba la evasión de 9 millones de toneladas de granos no declaradas.

Esta medida, aseguran en el Gobierno, beneficiará a los productores que trabajan en blanco, ya que ahora no tendrán que pagar por las cartas de porte. La mención no es casual, porque desde la Casa Rosada apuestan –y quizás sea su apuesta mayor en esta etapa del conflicto inacabable con las cuatro entidades– a que los productores sientan en sus bolsillos los distintos beneficios que les da el Gobierno y comiencen a desconfiar de la confrontación de sus dirigentes. También el Gobierno espera que aunque los medios que consideran opositores al Gobierno sigan dándoles sostén informativo a las cámaras agropecuarias los sectores medios de la sociedad le resten el apoyo que le dieron al comienzo del conflicto el año pasado.

Más allá de estrategias y deseos, en el Gobierno saben que es parte inevitable del minué que está obligado a bailar, al menos hasta octubre.