El tema de la inflación volvió a instalarse como un motivo de preocupación política, pero por ahora no logró torcer la voluntad del Gobierno de privilegiar las políticas sociales como arma redistributiva. De la intención de erigir a la inflación como el muro contra el que choque cualquier decisión de aumentar el gasto público, dan cuenta las declaraciones que hablan de “un desborde” o de “un proceso inflacionario bien intenso”. Aníbal Fernández, jefe de Gabinete, respondió ayer que “la inflación –la llamó así, sin eufemismos– no es por las complicaciones históricas que ha sufrido la Argentina, sino por un mejoramiento de la distribución, (porque) hubo muchas políticas generadas por el Gobierno tendientes a resolver la problemática de muchos hogares que estaban excluidos, como la asignación familiar universal por hijo (...). Ese dinero va al consumo, hace que exista una demanda que no se puede satisfacer y, cuando esto sucede, forzosamente tienden a subir los precios”.

Desde los sectores más vinculados al neoliberalismo –políticos y economistas– se levantaron voces que cuestionan las políticas de ingresos que “propagan” el fenómeno inflacionario (Juan L. Bour, FIEL, en La Nación). Como si respondiera puntualmente a esas críticas, Fernández manifestó que “no se puede dejar de ayudar a los excluidos porque pueda generarse inflación”.

Ricardo López Murphy, efímero ministro de Economía de la Alianza y ex socio político de Mauricio Macri, calificó como “un proceso inflacionario bien intenso” el que vive el país. Como Bour, López Murphy proviene de la cantera de economistas de FIEL, fundación financiada por firmas del establishment económico local y entidades empresarias como Sociedad Rural.

En cambio, en un documento difundido esta última semana, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) asume una posición diametralmente opuesta. La declaración, firmada por Gabriel Tobal, del Departamento de Economía de Apyme, advierte que mientras “algunos representantes del neoliberalismo intentan convencer de que estamos en presencia de un desborde inflacionario (...), no debe dejar de mencionarse el papel de los formadores de precios”. Señala este punto en relación al fuerte aumento del precio de la carne vacuna, pero agrega que “igual afirmación es válida para el resto de las actividades productivas, en enorme medida monopólicas y oligopólicas, con poder de imponer condiciones en los dos extremos de la comercialización: consumidores y proveedores, estos últimos generalmente pymes”.

También en el punto de las recomendaciones se advierte la diferenciación de posiciones. En un debate por ahora sordo, ya que raramente se confrontan opiniones, hay una clara tendencia en el mensaje de sectores adscriptos o rendidos al neoliberalismo a sostener las clásicas recetas de ajuste ante “el desborde”: achicamiento de gastos, “enfriamiento de la economía” y el clásico discurso de combatir la inflación como prioridad máxima “porque es el impuesto más regresivo, castiga a los pobres antes que a nadie”. Dicho esto sin el menor señalamiento de que la alternativa propuesta, el ajuste, provoca irremediablemente desempleo y reducción de los ingresos para los sectores más vulnerables (trabajadores informales y otras modalidades de empleo con ingresos variables según el nivel de actividad, como el comercio unipersonal o familiar). Fórmula, por cierto, de una regresividad nada despreciable.

Más explícito, el documento de Apyme reclama que “el Estado acompañe este proceso regulando con políticas activas el proceso de formación de los precios, evitando desmadres que perjudicarían a los más chicos de la cadena de producción y comercialización por un lado, y por otro afectarían el consumo popular”.

Algunas señales, en los últimos días, dan cuenta de que el gobierno nacional no se limitará a defender las políticas sociales (el gasto social) o a rechazar el tono dramático que se le otorga al aumento de precios. El debut de Mercedes Marcó del Pont en el Banco Central fue marcando, como perspectiva, el objetivo de darle fuerte impulso al crédito para la actividad productiva. Quizás ahora el Gobierno esté necesitando ese instrumento más que nunca, para entrarle al problema de la puja de ingresos en el sistema de precios por vía de una mayor oferta. No es una línea de acción de resultados inmediatos, pero establece un marco más interesante que, por ejemplo, insistir en los acuerdos de precios sectoriales para “pisar” los aumentos, con resultados siempre relativos.

Otra línea de acción es romper la fuerte concentración económica existente en diversos mercados. Una operación tan complicada como necesaria. Pero clave, por lo que representa dicha concentración. Para el Gobierno, como amenaza a sus objetivos políticos. Para los grupos económicos dominantes, porque constituye su principal fortaleza.