ECONOMíA › LA JUSTIFICACIóN DEL BLANQUEO DE CAPITALES DE 1986 POR LA UCR

Moral y ética, antes y ahora

En 1986, el radicalismo defendía, por razones de oportunidad, un proyecto que eximía de declarar el origen de ganancias a quienes regularizaran sus capitales no declarados. Hoy rechaza esa misma justificación por razones “éticas y morales”.

 Por Sebastián Premici

“Los sujetos que normalicen en tiempo y forma su situación tributaria de acuerdo con el presente régimen no estarán obligados a declarar el origen o fuente de las ganancias. Quedarán librados de toda acción civil, comercial, penal, administrativa y profesional que pudiera corresponder por las transgresiones normalizadas.” Este texto corresponde al artículo 17 de la ley de blanqueo de capitales impulsada por el ex presidente Raúl Alfonsín en 1986 y avalada por el radicalismo en ambas Cámaras del Congreso. La revisión de las versiones taquigráficas de aquellas sesiones permite constatar que las cuestiones “morales y éticas” que hoy son esgrimidas por la UCR y el resto de los partidos de la oposición para rechazar el proyecto de exteriorización de capitales eran dejadas de lado por el mismo partido centenario. En contraposición, fueron privilegiados los argumentos de coyuntura económica y política. Lo paradójico es que los recursos del blanqueo de 1986 tenían por destino la capitalización del Banco Hipotecario para la construcción de nuevas viviendas, entre otros fines. La iniciativa fue acompañada, en general, por el peronismo, aunque con críticas.

“Admitiendo a priori que la medida que se propicia lesiona el principio de justicia tributaria, al acordar un tratamiento de excepción a quienes no han cumplido con sus obligaciones fiscales, se ha considerado sin embargo que su adopción encuentra plena justificación tanto en el análisis de la realidad presente como en el proceso económico del decenio precedente”, puede leerse en los fundamentos del proyecto enviado por el radicalismo en 1986 (Mensaje 1543). La iniciativa ingresó por la Cámara de Diputados y fue discutida en el recinto el 22 de octubre de 1986. El miembro informante del radicalismo fue Carlos Alfredo Vidal.

“La economía negra y la falta de tributación se conjugan para atentar contra la financiación del gasto público y alteran normas elementales de lealtad en el ejercicio de la industria, el comercio y cualquier otra actividad (...). La intención de este proyecto es lograr que los capitales (que hoy están fuera del país en la informalidad) vean la luz, brindando la posibilidad de que se pongan a trabajar en la claridad del día y no que continúen en las sombras de la noche”, había manifestado Vidal al inicio de la sesión.

Tras su paso por el Senado, el equipo económico de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner realizó un análisis histórico para entender los problemas de fondo alrededor del dólar y de esta manera contextualizar el porqué de un nuevo “blanqueo”. Parte de la explicación apuntó a remarcar los altos niveles de informalidad en la economía local y la necesidad de exteriorizar esos recursos para que sean volcados a la economía real. Este argumento, hoy rechazado por el radicalismo y el resto de la oposición, fue el que utilizaron los propios radicales para avalar su proyecto.

“Esta es la oportunidad de consagrar una norma de regularización como la que estamos propiciando. Que no era otro momento, ni antes, porque no existían normas de juego claras y equitativas, ni debe ser más tarde porque no podemos perder más tiempo en regularizar este importante y delicado aspecto del desenvolvimiento económico de la Nación.” Este párrafo formó parte del informe de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, previo al inicio de la sesión en octubre del ’86.

“Tenemos algunas dudas acerca de la verdadera esencia del pensamiento radical. No sabemos si ese pensamiento es el mismo que tenían los legisladores en 1973 (cuando rechazaron un blanqueo del peronismo) o si es el reflejo de las ideas de la Secretaría de Hacienda. Esta es una duda que dejamos planteada porque queremos saber si hay dos radicalismos o si existe uno solo que ha evolucionado”, sostuvo Jorge Rubén Matzkin, como preludio para anticipar el acompañamiento en general por parte del PJ.

La sesión en la Cámara de Senadores ocurrió el 30 de octubre de 1986. El dictamen de mayoría se había firmado un día antes, lo que daba cuenta de la premura del oficialismo en sancionar la norma. Una de las principales características de los actuales partidos de la oposición –principalmente el radicalismo– es que al momento de brindar argumentos eluden su propio derrotero parlamentario y de gobierno. Por eso encuentran mejores atajos en las cuestiones “morales y éticas”. En 1986 el partido radical defendía con argumentos políticos lo que hoy critican desde una supuesta moral.

“Estimamos que si la incorporación (de recursos del blanqueo) se produce en aras de la construcción de edificios, de la adquisición de viviendas nuevas, de la aplicación de fondos al Banco Hipotecario para la construcción de viviendas, es porque indicamos que esos capitales son para la compra de bienes de uso tanto en el orden interno nacional como en el externo. Entendemos que esta ley es oportuna, fue elaborada conforme a los mejores cánones y además no tergiversa disposiciones, ni lesiona la moral ni la ética, ni vamos contra ninguna norma legal. Así como deben hacerlo todas las leyes impositivas, creemos que ésta contribuirá al desarrollo de la economía nacional.” La versión taquigráfica indica que estas palabras fueron pronunciadas por el senador Juan Trilla, miembro informante del radicalismo durante el debate en el Senado.

El peronismo e incluso el desarrollismo (bloque Movimiento de integración y desarrollo) que había firmado el dictamen de la mayoría a pesar de sus objeciones, acompañaron el proyecto enviado por el presidente Raúl Alfonsín. “Para no negarle a la administración los fondos que necesita y para darles a los contribuyentes alguna oportunidad aunque mezquina para regularizar su situación, adelanto mi voto favorable”, concluyó el desarrollista Manuel Vidal.

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Raúl Alfonsín, presidente de la Nación 1983-1989. Tratamiento de excepción acompañado por la oposición.
 
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