ECONOMíA › OPINION

Pensar

 Por Alfredo Zaiat

El centro de estudios, formación y reclutamiento de cuadros técnicos para la gestión de gobierno del candidato Mauricio Macri es la Fundación Pensar. Se presenta en su sitio como una “usinas de ideas PRO” y plantea que el objetivo “es armar los planes de gobierno y preparar a los equipos técnicos del partido para el gobierno de Mauricio Macri en el 2015”. La imposibilidad de leer esos planes en el sitio web –pese a que existen– para las áreas de Infraestructura, Economía, Social y Defensa está en línea con la estrategia de marketing electoral de Macri, que en estas semanas probablemente se profundizará: ocultar cuáles son los lineamientos rectores de sus políticas.

En la página de Internet de la Fundación Pensar se publican apelaciones a la participación, al diálogo y al compromiso “para crear nuevas oportunidades para los argentinos”. Invitación a cursos de “construcción ciudadana”, “género y política”, “formación de líderes locales” y “políticas sociales”. La propuesta es “armar equipos de trabajo, generar espacios de debate de políticas públicas y fomentar la vinculación entre sectores de la sociedad civil, el empresariado, académicos, políticos y vecinos”. El aspecto más notable es la carencia de información sobre los planes elaborados y lo único publicado por la Fundación Pensar en la red son dos contenidos que permiten acercarse a saber cuál sería la base económica de un gobierno de Macri: se refieren al sector agropecuario. La industria, el empleo y el mercado interno como objeto de estudio y de propuestas están ausentes.

Uno de esos contenidos ofrecidos por la Fundación Pensar es un reportaje a Francisco Cabrera, ministro del gabinete de Macri en la Ciudad de Buenos Aires y presidente de ese think tank macrista. Es el funcionario que el año pasado en el Coloquio de IDEA, en Mar del Plata, reveló que un gobierno de Macri impulsaría “vender en bloque las acciones de empresas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses (activos recuperados luego de la estatización del sistema previsional y eliminación de las AFJP) a fondos de pensión internacionales, que podrían colocar directores con el objetivo de maximizar el valor de las compañías y así obtener beneficios para sus inversores”. Cabrera, ex director ejecutivo del diario La Nación entre 2002 y 2007, detalló que el dinero en efectivo que ingresaría al FGS (como resultado de las ventas) significaría un ingreso neto de divisas y se podría reinvertir con una estrategia de renta fija, ya sea deuda corporativa, papeles comerciales o hasta inclusive un bono de infraestructura. Es una estrategia de especulación financiera en beneficio del sector privado con activos previsionales. Esa propuesta de liquidación de patrimonio estratégico del Estado (una reciente ley aprobada en el Congreso exige dos tercio de los votos para autorizar la venta de esas acciones) no es ajena a los antecedentes de quién la presentó en público. Durante la década del noventa Cabrera fue ejecutivo del grupo financiero Roberts y gerente general de Máxima AFJP.

En esa entrevista con El Tribuno de Jujuy que la Fundación Pensar subió a su portal, Cabrera informó que en el organigrama de ministerios que el macrismo tiene planeado a nivel nacional existe un espacio para el de Desarrollo Productivo que se ocupará de los temas de la industria. Esta pérdida de jerarquía de un área clave de la economía es una definición clara sobre el papel que ocupa ese sector en el proyecto de Macri. Desplazamiento que se confirma con el contenido del segundo documento que aparece en el sitio de la Fundación Pensar: “13 propuestas para nuestra gente de campo”.

En el esquema de gobierno de Macri la industria queda degradada y el campo es privilegiado. En ese documento de la Fundación Pensar se postula la apertura de las exportaciones y eliminación de los ROE; una nueva estrategia de relaciones económicas internacionales; la competencia y transparencia en el mercado interno (por ejemplo, eliminación de precios sugeridos y precios máximos); la reducción y eliminación de derechos de exportación (la de soja disminuirá 5 por ciento por año), cuyo costo sería unos 4000 millones de dólares en el primer año, recursos que calculan recuperar, con más voluntarismo que evaluación rigurosa, entre 65 y 80 por ciento con el aumento de recaudación de Ganancias e IVA.

Esta propuesta muestra “los ejes de nuestra visión de país, donde la agroindustria es un verdadero motor para el desarrollo”, indican los técnicos de Macri. Afirman que los dos objetivos básicos de un modelo de desarrollo nacional son aumentar la producción económica y que toda la población se beneficie con ese desarrollo. Precisan que el sector agroindustrial, que incluye al sector agropecuario pero lo excede largamente a través del desarrollo de las cadenas de valor, puede ser uno de los motores fundamentales para alcanzar esos objetivos. Hacen referencia a que varios países desarrollados (definidos como países de alto ingreso per cápita y equitativa distribución del ingreso) basan buena parte de su estructura productiva y sus exportaciones en recursos naturales. Ponen como ejemplos a Australia, Nueva Zelanda, Noruega y Canadá.

Es un proyecto que sin incluir la expansión de la base industrial implica alterar el actual modo de acumulación y, por lo tanto, de distribución de la riqueza. Gran parte de los industriales no han tomado nota de lo que significaría ese cambio y se han quedado en un debate superficial sobre estilos de gobierno, personalidad de los líderes políticos y regulaciones de mercados. La controversia que domina el actual debate económico sobre la economía 2016 se concentra en la disyuntiva acerca de aplicar una estrategia de shock o de gradualismo sobre variables sensibles (tipo de cambio, subsidios a las tarifas, gasto público, endeudamiento). Es una cuestión relevante para el bienestar social inmediato. No es un tema menor y la diferencia sustancial es entre convocar a una crisis (shock), con costos elevadísimos sobre el bolsillo de los trabajadores y jubilados, o administrar las tensiones (gradualismo), cuyos costos serían amortiguados y distribuidos entre cada uno de los sectores sociales.

Este aspecto económico tan importante en la coyuntura es subsidiario de una cuestión estructural que define sobre la orientación del tipo de desarrollo. La industrialización con sustitución selectiva de importaciones y creación de empleo de calidad es desplazada por el proyecto agrario exportador en la oferta macrista de la Fundación Pensar. Para no contradecir abiertamente el sentido construido en estos años lo han redefinido como agroindustrial exportador. Pero sigue siendo en esencia el mismo que implica una integración pasiva a la división internacional del trabajo y, por lo tanto, dependiente de las potencias mundiales.

Las consecuencias de esa decisión económica sería la pérdida de densidad del entramado productivo puesto que requiere la apertura comercial (tratados de libre comercio y reducción de aranceles) y financiera (endeudamiento externo) para poder sostenerlo en el tiempo, acumulando tensiones sociolaborales. La reacción del mundo industrial a este proyecto no deja de ser un dato a considerar. La escasa resistencia en unos, el apoyo en otros y la indiferencia de no pocos se explica que en una primera etapa, con el ejercicio incorporado durante el período de Martínez de Hoz y en los noventa con Menem-Cavallo, algunos industriales ya tienen el conocimiento para adaptarse rápidamente a esas nuevas condiciones dejando de ser productor de bienes nacionales para convertirse en importador. Otra explicación es que la mayoría tiene gran parte de sus capitales en el exterior y otros han diversificado sus intereses hacia el sector agrario. Entonces no se sienten interpelados a desafiar el regreso de políticas de desindustrialización. El destino de sus patrimonios ha quedado escindido del desarrollo nacional.

En base a las enseñanzas históricas de lo que ha significado para los sectores populares ese modo de acumulación dependiente, no es necesario ser un visionario para saber cuál será el saldo. Unos pocos trabajadores de ese tejido industrial diezmado por el ingreso de bienes del exterior podrán reciclarse como empleados de servicios o administrativos de las firmas mudadas a importadoras. Otros muchos se incorporarán a la categoría desocupado. Motivo suficiente para pensar.

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