ECONOMíA › COMO SE LLEGO EN EL GOBIERNO A VEDAR LA EXPORTACION DE CARNE

Los argumentos de una prohibición

Las claves económicas que llevaron al Presidente a decidir la prohibición de la exportación de carnes. Las razones políticas. Qué puede suceder con los precios tras la medida oficial.

 Por Claudio Scaletta

“A mí cuatro tipos no me van a manejar la economía.” La frase fue dicha por un enojado Néstor Kirchner al momento de decidir la prohibición de las exportaciones de carne por 180 días firmada el pasado viernes. Fue luego de evaluar las opciones más moderadas que le presentaron los técnicos del Ministerio de Economía, las que incluían el establecimiento de cupos para reducir las ventas al exterior entre un 30 y 40 por ciento y un incremento selectivo en las retenciones. Con la decisión extrema de la prohibición, el Presidente sorprendió a propios y extraños y, una vez más, mostró que frente a las presiones siempre está dispuesto a subir la apuesta.

Aunque los números de la economía marchan bien, existen algunos datos clave para comprender la reacción gubernamental frente al lobby vacuno. El primero es que si bien la inflación de febrero fue del 0,4 por ciento, el rubro alimentos y bebidas subió el uno por ciento mientras que la Canasta Básica Alimentaria lo hizo un poco más: el 1,1 por ciento. Así, aunque el Indice de Precios al Consumidor fue bajo, lo fue menos para los más pobres, una señal muy negativa en una economía que pretende dar vuelta la distribución regresiva del ingreso. El segundo dato, directamente relacionado, es que cada 10 puntos porcentuales de aumento en el precio de la carne, el IPC aumenta el 0,453 por ciento. Diez puntos parece mucho, pero cuando se miran los números del Mercado de Liniers SA la percepción cambia. El tradicional Indice Novillo (INML) pasó de 2,31 pesos en la primera cotización de enero de este año a 2,53 en la primera de marzo, para luego, el pasado miércoles 8, rozar –con 2,98– los 3 pesos. Estas variaciones significan subas del 9,5 por ciento para los dos primeros meses del año y del 17,8 solamente para la primera semana de marzo. Los conocedores del mercado cárnico señalan que, con un promedio de dos semanas de retraso, los valores de Liniers llegan siempre a las carnicerías, en particular si se trata de subas. En pocas palabras, si el Gobierno no intervenía corría el riesgo de que el piso de la inflación de marzo sea del 1 por ciento sólo por la carne. Cuando la conjunción de expectativas de inflación y apertura de negociaciones salariales se cuentan entre las preocupaciones centrales de la administración, resulta impensable no esperar una reacción. El pasado jueves un alto funcionario del Ministerio de Economía sintetizaba el clima que vivían los funcionarios: “Esto hay que pararlo”, dijo a este diario. “Ya no tenemos tiempo, estos tipos firman todos los acuerdos pero después hacen cualquier cosa”, completó. Parece claro que la falta de autorregulación empresaria y la ansiedad del Ejecutivo fueron un cóctel que evitó medidas intermedias, como los cupos o las retenciones selectivas o móviles.

En la Casa Rosada son conscientes de que la prohibición puede tener costos elevados en lo social y en lo económico. El procesamiento de las reses no es el mismo cuando el destino es el mercado interno que cuando se trata del de exportación. Al primero se envían mayoritariamente medias reses, para el segundo se hace un desmenuzado del animal más complejo. El valor agregado, y en consecuencia la demanda de mano de obra, es mayor en el segundo caso que en el primero. Una segunda cuestión es que menores exportaciones son también menores ingresos fiscales, a lo que se agrega una disminución del saldo positivo de la cuenta corriente del Balance de Pagos, punto que agrava la tendencia estructural de la economía local hacia la todavía lejana restricción externa.

La valoración de estos costos objetivos admite, por supuesto, múltiples lecturas. La primera es la sectorial, que se expresa tradicionalmente en modo catástrofe. Apenas conocida la prohibición, las entidades que representan a los empresarios del campo, entre ellas la rancia Sociedad Rural Argentina, alertaron sobre una “pérdida” de casi 600 millones de dólares –cifra que surge de dividir por dos los 1400 millones de dólaresexportados en 2005 y restarle los 100 de Cuota Hilton que seguirán saliendo (que en realidad, a los valores actuales, son al menos 125 millones en medio año)–, mientras que los frigoríficos exportadores hablaron del potencial despido de más de 10.000 operarios. Quizás éste sea un buen momento para recordar que se trata de los mismos actores sociales que sostuvieron que las retenciones originales del 5 por ciento y luego las del 15 hundirían la actividad. También de quienes proyectaron una caída de precios cuando se detectó el brote de la aftosa correntina.

La segunda lectura es la netamente ideológica. La mirada ortodoxa optó por una interpretación de caricatura del funcionamiento del mercado cárnico. En el “corto plazo”, sostuvieron algunos economistas con mucho eco, los precios bajarán, pero la pérdida de rentabilidad provocada por la baja hará que muchos empresarios dejen de producir, lo que, en el “largo plazo”, restringirá la oferta y, en consecuencia, los precios volverán a aumentar, pero ahora en el contexto de una realidad mucho peor. Cosas de la política populista. El problema de esta interpretación infantil del juego de la oferta y la demanda es que desdeña un dato central de la realidad: como cualquier ganadero sabe, en el actual nivel de tipo de cambio sostenido por el Gobierno un precio para el novillo de 80 centavos de dólar el kilo, el que dejó el INML este viernes luego de la “misteriosa” aparición de 25 mil cabezas en una sola jornada, es rentable para cualquier tipo de producción en cualquier lugar del país.

Cualquiera sea la valoración, en el Poder Ejecutivo –desde el Presidente al secretario de Agricultura, Miguel Campos, pasando por la titular de Economía, Felisa Miceli– están convencidos de que las razones de los aumentos no fueron económicas. El consumo interno, sostienen, no aumentó, sino que cayó, especialmente debido a las subas de precios, mientras que los valores internacionales permanecen estables. Las invocadas razones “de mercado”, explican, simplemente que no existen. La respuesta de la prohibición, entonces, tampoco fue económica, sino política, carácter que, al interior de la cadena cárnica, abre esperanzas sobre una potencial revisión de la medida. En Economía no niegan esta posibilidad, pero descuentan que ello no sucederá hasta que los precios minoristas bajen y se mantengan bajos por un tiempo “prudencial”.

¿Pero quiénes son los “cuatro tipos” a los que se refirió Kirchner? En el centro de la tormenta están los consignatarios del Mercado de Liniers SA, muchos de los cuales son a la vez importantes ganaderos de la provincia de Buenos Aires ligados a Carbap y a la SRA. Al margen de los problemas de transparencia del mercado (ver aparte), estos consignatarios serían los responsables de inducir a los ganaderos a retener animales a la espera de nuevas subas. Un alto funcionario de Agricultura dio a este diario una visión más conspirativa. Habló de la existencia de una “reacción mafiosa” de los consignatarios, quienes estarían descontentos con la injerencia del sector público en sus actividades.

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En el Gobierno son conscientes de que la prohibición puede tener costos en lo social y económico.
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