ECONOMíA

Los autos con deudas ya tienen protección judicial

Un juez falló de nuevo contra el secuestro de autos por parte de Rentas. Las autoridades dicen que cuando sean notificadas, pararán con los operativos.

 Por Fernando Krakowiak

El juez civil de Mar del Plata, Enrique Arbizu, suspendió las facultades otorgadas a la Dirección General de Rentas bonaerense para secuestrar vehículos con deudas fiscales sin autorización judicial. El magistrado hizo lugar a un amparo presentado por el abogado Jorge Orgambide Márquez, quien cuestionó la constitucionalidad de los secuestros por “atentar contra el derecho a la propiedad”. El fallo, conocido ayer, se suma a la decisión tomada por el mismo magistrado el miércoles pasado, a través de la cual había dejado sin efecto la posibilidad de realizar embargos de cuentas, activos financieros y sueldos. Fuentes cercanas al subsecretario de Ingresos Públicos, Santiago Montoya, señalaron ayer a Página/12 que “en cuanto nos notifiquen, apelaremos la medida, pero mientras tenga vigencia la vamos a acatar”.

El secuestro de autos comenzó el martes 28 de febrero, cuando Montoya confiscó una Mercedes-Benz 4x4 cuyo propietario acumulaba una deuda de patente por 20 mil pesos. El propietario apeló a la Justicia y logró que la jueza de La Plata, Ana Logar, ordenara la restitución del vehículo una semana después, generando la ira del funcionario bonaerense, quien afirmó que “algunos jueces prefieren cagarse en los que cumplen con los impuestos”. No obstante, el momento de máxima tensión se vivió el último viernes, cuando Oscar Gold Adler se “atrincheró” junto a su esposa en el BMW de su hijo Gabriel para evitar que los sabuesos de Rentas se llevaran el auto del coqueto country Miraflores de Pilar.

Los funcionarios labraron el acta de secuestro, pero como Oscar Gold Adler acusó “un problema cardíaco” decidieron dejarle el auto designándolo “depositario del bien incautado bajo responsabilidad penal”, con la condición de que se presente mañana en un local de Rentas para cancelar sus obligaciones. Los Gold Adler acumularon una deuda de 14.972 pesos por no pagar la patente del auto desde el 2002. Para justificarse afirmaron ante las cámaras de televisión que “las boletas llegaban a otra dirección”, que no sabían cuál era el monto de la deuda y que no habían averiguado porque “en la delegación de Escobar hay que hacer cola desde las cuatro de la mañana”.

El fallo del juez Enrique Arbizu les traerá tranquilidad a los Gold Adler y a los casi 600 propietarios de vehículos valuados en más de 45 mil pesos que Montoya tenía en la mira por acumular una deuda de 4 millones de pesos con el fisco. El funcionario no podrá confiscar sus autos mientras esté vigente el fallo que protege “el derecho a la propiedad”.

Arbizu había intentado frenar a Montoya con el fallo del miércoles pasado en el que dispuso la suspensión del artículo 2 de la Ley 13.405, que incorpora al Código Fiscal el artículo 13 bis. En sus fundamentos el juez aseguró que ese punto “lesiona derechos de raigambre constitucional con arbitrariedad e ilegalidad manifiestas desde que, en principio, el sustento principal de la norma parece ser exclusivamente la voluntad del administrador”. Sin embargo, Montoya pudo seguir con los secuestros porque el artículo 2 se refiere sólo a la posibilidad de trabar embargos sobre cuentas bancarias, salarios y bienes. Mientras que la posibilidad de secuestrar automóviles cuando se verifique deuda está contemplada en el artículo 6 que modifica el Código de Tránsito. El nuevo fallo del juez marplatense apuntó ahora sobre este ítem.

La fuente de Rentas consultada por Página/12 aseguró que “cuando una grúa se lleva un auto por no haber pagado el parquímetro nadie denuncia una violación al derecho de propiedad. La grúa impide el uso del bien, pero no atenta contra su propiedad. Lo mismo hacemos nosotros, ya que la norma establece un embargo administrativo preventivo en resguardo del crédito fiscal”, afirmó. La sospecha de los funcionarios es que los jueces están tratando de ponerles freno a los procedimientos rápidos que establece la ley porque prefieren que Rentas hagas juicios, ya que de ese modo se incrementan los honorarios de los abogados que defienden a los deudores.

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El subsecretario de Ingresos Públicos de la provincia, Santiago Montoya, en medio de la polémica.
 

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