ECONOMíA › SOCIO LOCAL Y APERTURA DE CAPITAL A LA BOLSA EN 2008

YPF para los argentinos, en minoría

El presidente de Repsol YPF, Antonio Brufau, aspira a poder incorporar a un socio argentino a YPF a principios de 2008, con una participación del 25 por ciento en la filial, para salir posteriormente a ofrecer a la Bolsa de Comercio entre el 15 y el 20 por ciento del paquete accionario. “Las negociaciones para la incorporación de un socio industrial argentino en el capital de YPF van muy bien, están muy avanzadas”, aseguró el directivo empresario en una rueda de prensa realizada en Madrid.

“Espero que a lo largo del primer trimestre de 2008 podamos dar la noticia de que hemos llegado a un acuerdo, para que antes de finalizar el primer semestre se haya producido la incorporación de un socio industrial argentino y la salida a Bolsa de un paquete de entre el 15 por ciento y el 20 por ciento de YPF”, agregó Brufau.

El empresario catalán explicó que el objetivo de Repsol es mantener una participación del 55 por ciento en el capital de YPF. Los bancos de inversión UBS y Goldman Sachs fueron contratados como asesores para la salida a Bolsa de su filial YPF. Por otro lado, Brufau anticipó que en las próximas semanas se va a dar a conocer el plan estratégico para los próximos cinco años (2008-2012), que contemplaría “inversiones anuales de entre 5 y 6 mil millones, para todas las áreas de negocio”.

A su vez, el director de Relaciones Externas de Repsol, Fabián Falco, recordó que “en los últimos años YPF viene incrementando sus inversiones en la Argentina, y ratificó la confianza de la firma en el país, asegurando que potenciará su esfuerzo para contribuir al pleno abastecimiento energético. En otro orden, intentó despegar la postura de la empresa con respecto a las declaraciones del ex ministro de Economía de España, Carlos Solchaga, al subrayar que “no es asesor de Repsol YPF”. El dirigente socialista y ex funcionario de Felipe González había expresado el reclamo de los empresarios de su país en favor de un ajuste de las tarifas de los servicios públicos y demandó “garantías jurídicas” por parte del gobierno nacional hacia el capital privado.

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