El escándalo por el abuso de fondos públicos en el Parlamento británico tuvo ayer su desenlace. Tras varios meses de investigación, la comisión encargada de analizar el hecho concluyó que más de la mitad de los diputados de la Cámara de los Comunes cometieron irregularidades en sus gastos y por esto deberán reembolsar 1,12 millón de libras (2 millones de dólares) al Tesoro nacional. El informe, compilado por el ex servidor público Sir Thomas Legg, denunció que el sistema de administración de la Cámara baja tuvo “reglas vagas” y se destacó por su “falta de transparencia”.

El affaire de las dietas en Westminster tomó un nuevo giro luego de que la comisión investigadora determinara que más de 390 diputados, de los 646 que integran la Cámara, incumplieron en sus funciones públicas, abusando en sus gastos discrecionales en un período que se extiende entre 2004 y 2009. La diputada laborista Barbara Follet, subsecretaria de Estado de gobierno local; el conservador Bernard Jenkin y el diputado por el mismo partido, Andrew Mac Kay, cargan con la peor parte: tendrán que devolver sumas superiores a las 40 mil libras (unos 45.600 euros). Los restantes 56 funcionarios públicos enfrentan penalidades de entre 5 mil y 40 mil libras (entre 5700 y 45.600 euros).

La reputación del Parlamento británico se encuentra en el ojo de la tormenta desde que el diario The Daily Telegraph denunció en mayo pasado que numerosos miembros de la Cámara de los Comunes y ministros del gobierno emplearon dinero de las dietas en gastos extravagantes. Arreglos de piscinas, cobro de hipotecas ya pagadas, comida para perros, jardinería, alquiler a familiares, eran los destinos del gasto, según reveló el semanario.

El caso sacudió al gobierno británico y provocó la dimisión de una veintena de funcionarios. Entre ellos renunció el presidente del Parlamento, Michael Martin, quien no soportó las presiones y reconoció su participación en los intentos de ocultar los abusos parlamentarios del dinero público. Las bajas del ex ministro de Agricultura laborista, Elliot Morley, y la dimisión del subsecretario de Estado de Justicia, el musulmán Shahid Malik, terminaron de erosionar la popularidad del premier Brown, quien enfrentó una derrota histórica en los comicios municipales del 4 de junio de 2009, logrando que su Partido Laborista se ubique en un pobre tercer lugar.

Las sanciones impuestas intentan relegitimar la alicaída imagen de Westminster. Del total del dinero reclamado han sido abonadas hasta ahora 800 mil libras y hay un plazo máximo –hasta el 22 de este mes– para completar las devoluciones pendientes. Si no lo hacen, el gobierno se comprometió a descontar esa suma del salario de los diputados.