Desde Santiago

Cientos de familias chilenas todavía buscan los cuerpos de sus consanguíneos muertos durante la dictadura.
Imagen: AFP.

El electricista Rubén Orta tenía 34 años cuando efectivos de la Central de Inteligencia Nacional (CNI) –uno de los organismos represivos de Pinochet– lo acribillaron a balazos junto al obrero Juan Olivares (37) en plena dictadura. Según la declaración oficial de la policía, ambos miembros del Movimiento Izquierda Revolucionario (MIR) fueron interceptados cuando presumiblemente intentaban atacar un cuartel arriba de una destartalada citroneta del ’59. Testigos y familiares, sin embargo, sostienen que ellos no se conocían y que fueron detenidos con mucha anterioridad a su fusilamiento. Sus restos con las huellas indelebles de la tortura así lo acreditaron. Refutan, además, la posibilidad de que los dos quisieran atacar un cuartel en un vehículo que apenas se movía. Rubén fue reconocido por su familia y entregado al día siguiente de su muerte. En cambio, el cuerpo de Juan se mantuvo durante 15 días en el Instituto Médico Legal por problemas administrativos a causa del desorden reinante. Finalmente, fue devuelto a sus seres queridos, quienes le dieron una sepultura digna. Cientos de familias aún no tienen ese privilegio.

Aportar a ese proceso es lo que pretenden John Dinges, profesor de la Universidad de Columbia, y Pascale Bonnefoy, investigadora de ArchivosChile, con su trabajo “Ejecuciones en Chile, septiembre-diciembre 1973: el circuito burocrático de la muerte”, documentación online (www.archivochile.com) que fue presentada anoche en Santiago como proyecto del Centro de Investigación e Información (Ciinfo) y del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile.

Se trata de una serie de reportajes que rescatan información original de la época. Lo novedoso es que la documentación se obtuvo a través de la Ley de Transparencia –que regula el derecho de acceso a la información de los órganos del Estado–, del Servicio Médico Legal, el Registro Civil, el Cementerio General y el Segundo Juzgado Militar, por lo que se convierte en un potente archivo que entregará nuevas hebras de investigación.

En conversación con Página/12, John Dinges, que fue corresponsal de The Washington Post entre 1972 y 1978 en Chile, explica que se publicarán 10 capítulos. Entre ellos, un reportaje sobre el enlace existente entre el Registro Civil y la morgue. “Como había tanto caos en la morgue, el procedimiento normal fue sobrepasado. Logramos identificar gente que hasta hoy no había sido calificada por las comisiones oficiales, pero, según sus características de muerte, podría tratarse de ejecuciones políticas.

En ese sentido, asegura tener documentados 151 nuevos casos de violación a los Derechos Humanos que no figuraban en la comisiones de verdad y reparación. “De ellos, 84 son NN. Esos cadáveres pueden estar enterrados sin identificación y esto es una pista para reabrir investigaciones”, sostiene el investigador estadounidense. Esto debido a la errónea identificación de cuerpos, el paso por la morgue de personas que hoy permanecen como detenidos-desaparecidos y errores sobre el real destino de muchos ejecutados, supuestamente enterrados o incinerados en el Cementerio General.

Junto a ello, ArchivosChile habilitará un mapa interactivo que mostrará todas las ubicaciones de los cuerpos encontrados en Santiago desde el 11 de septiembre de 1973, día del golpe de Estado, hasta diciembre de ese año. “Al pinchar en el sitio web, se encuentran cuerpos día a día hasta que queda negra la pantalla. Es una herramienta de concientización que donaremos también al Museo de la Memoria”, explica.

Otro capítulo clave es el relato de la morgue por dentro y el desorden provocado por la avalancha de cuerpos ejecutados que llegaban. En base a entrevistas y la revisión del libro de ingreso de todos los muertos, la investigación reconstruye lo que pasó hora tras hora en la morgue de Santiago. “Llegaban los camiones con 10 a 15 cadáveres diarios y se les descargaba”, cuenta el investigador norteamericano. En este proceso, hubo irregularidades en la cadena de custodia de los cuerpos, la identificación de cadáveres y cuerpos que desaparecieron luego de estar en la morgue. La documentación permitió desentrañar la burocracia detrás de las ejecuciones masivas y se hizo un seguimiento a los cuerpos de los fallecidos desde que ingresaron a la morgue hasta su entierro.

La tercera parte apunta a la negligencia del Juzgado Militar. Según los registros, el 90 por ciento de los casos de ejecutados por bala fueron tomados por la Fiscalía Militar, en contraposición con lo legal que indica que los jueces del lugar donde se encuentra la víctima se debe encargar con la investigación y ordena la autopsia.

“El mismo 11 de septiembre, a las 20, llegaron los primeros ejecutados políticos. Hubo una llamada de la guarnición militar que ordena la autopsia. Desde ese momento, en casi todos los ejecutados, esta designada la fiscalía militar como encargada del caso. Ningún juez civil investigó”, relata Dinges a Página/12.

La investigación chequeó en las fiscalías y determinó que no hubo ninguna investigación criminal en los casos de violaciones a los Derechos Humanos. “Eso no sorprende porque los militares no se acusarían entre ellos. Pero hemos confirmado que montaron un sistema donde se tomaron la jurisdicción e ignoraron la responsabilidad jurídica chilena. Eso es gravísimo”, concluye Dinges.