México puede convertirse en el segundo país del mundo en juzgar crímenes del franquismo, después de Argentina, si prospera una denuncia presentada en la Justicia azteca. Anaïs Huerta, documentalista radicada hace diez años en el D.F., entregó el martes documentación en la Procuraduría General de la República para investigar el crimen de su tío abuelo, desaparecido en 1936 en España, a pocos días de la sublevación contra la Segunda República. Félix Llorente Gutiérrez era ferroviario, integraba el Socorro Rojo Internacional, tenía 27 años y vivía en Medina del Campo, en Castilla y León, Valladolid. Entró a la cárcel el 28 de julio de 1936. Con 40 personas fue retirado del penal medinense el 15 de agosto. Nada más se supo de él. Sus familiares, que nunca conocieron los motivos de su detención, dicen que los archivos del presidio desaparecieron. El andamiaje legal que acompaña a Huerta en la querella mexicana fue construido por Amnistía Internacional, que promueve una estrategia jurídica para esos delitos por primera vez.

Huerta señala, en diálogo con Página/12, que en la región donde vivió su tío abuelo no hubo enfrentamientos armados ni Guerra Civil. “Desde el inicio del golpe de Estado estuvieron los nacionales, que emprendieron una eliminación sistemática de cualquier persona de izquierdas”, dice. Los detalles sobre la desaparición de Llorente Gutiérrez le llegaron por consultas que su padre hizo en los pocos archivos de la Guerra Civil abiertos en España. De la investigación surgió un documento ferroviario con elementos que daban cuenta de la desaparición.

La mujer viajó varias veces a la región castellanoleonesa. Conoció a familiares de víctimas, historiadores, forenses, miembros de asociaciones de memoria histórica. “Filmé el proceso de búsqueda durante dos veranos. Mi intención es hacer un documental”, anticipa la sobrina nieta. “Hay una fosa común donde tiraban la mayoría de los cuerpos; una bodega de vino, muy grande, subterránea, donde habría más de doscientos cuerpos”, describe el lugar donde estarían los restos de Llorente Gutiérrez. El dueño de la finca comentó que, de joven, bajó a la bodega, y encontró calaveras.

Entre los avances de la búsqueda surge un estudio preliminar de la fosa realizada por el forense español Francisco Etxeberria: el lugar habría sido modificado; dos aljibes aparecieron tapados y la fosa corre riesgo de derrumbe. Amnistía Internacional contactó a la documentalista para decirle que podían acompañarla e iniciar algo similar a la querella argentina.

Ignacio Jovtis, experto en franquismo de AI, viajó a México para acompañar a Huerta en su denuncia. La organización de derechos humanos comenzó en 2011 a analizar las respuestas de la Justicia peninsular a las denuncias por desapariciones forzadas. Todas fueron archivadas. “Después de la sentencia del Tribunal Supremo, en febrero de 2012, en el caso Garzón, donde viene a decir que estos crímenes, en España, no se pueden investigar, empezamos a buscar opciones en otros países”, sostiene el responsable del Area de Investigación y Políticas de AI.

Un mapeo de Amnistía identificó a México como un país apropiado, por su jurisprudencia, para presentar querellas contra los crímenes de Franco. Su legislación es sólida, según Jovtis, por su reforma en la carta magna, de 2011, que dio rango constitucional a pactos internacionales, y por una resolución de la Suprema Corte que señaló que los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen carácter vinculante para México aun cuando se traten de sentencias que no son contra ese país.

Pero la clave se encuentra en un artículo del Código Penal Federal que determina que aquellos delitos cometidos en el extranjero, que produzcan efectos en México, se tienen que investigar en la nación azteca. Aunque la desaparición de Llorente Gutiérrez se produjo en España, sus consecuencias llegan hasta tierras aztecas, dice el especialista, “Hace años que Anaïs busca saber qué pasó con su tío abuelo, hasta que no se haga la exhumación y sepa la verdad, el sufrimiento generado hará que los efectos se sigan produciendo en México, donde vive”, asegura.

Y destaca la pesquisa de Huerta por su investigación sólida. Un documento oficial español admite que desde el 15 de agosto de 1933 se desconoce el paradero de Llorente Gutiérrez y un libro de actas oficial nombra a responsables de la policía urbana, cárceles y serenos que actuaron en Medina del Campo, en la época de la desaparición de Llorente Gutiérrez, conforman la evidencia. También el fallo de la jueza María Romilda Servini de Cubría. Jovtis destaca su importancia porque, en España, no se investigan los delitos del franquismo y, además, por el razonamiento jurídico de la magistrada, que para fundamentar su competencia, dice que esos crímenes son de lesa humanidad, y por lo tanto, imprescriptibles.

La PGR puede ensayar tres respuestas. “Pueden ‘dormir’ el expediente, que vaya pasando el tiempo y no se sepa qué pasa, ante lo cual vamos a pedir que se expidan; investigar y, en este caso, deben enviar exhortos a España pidiendo certificados de defunción de los supuestos autores del crimen o pericias en la fosa; si no hacen nada, vamos a pedir, vía recurso de amparo, a la Suprema Corte que se investigue”, describe Jovtis el periplo judicial que podría tener la denuncia. AI está dispuesta a llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Nuestra idea es que México siga el camino de Argentina, que comenzó con solo dos o tres denuncias, y hoy se volvió un faro (el único, de momento) de esperanza para muchas víctimas del franquismo”, completa.