EL PAíS › DOS MIRADAS SOBRE LOS ASPECTOS POLITICOS DEL CONFLICTO RURAL

Más allá del campo y las retenciones

El Colectivo Situaciones observa y examina en la forma que asumió la disputa por la renta agraria “un atascamiento” de las dinámicas que pusieron en cuestión al neoliberalismo. Néstor Vicente toma partido y argumenta contra las terceras posiciones.

Por el Colectivo Situaciones *

¿La vuelta de la política?

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En las últimas semanas hemos asistido a una coyuntura conflictiva entre diversos actores. Como parte de este activismo han circulado una serie de análisis y posicionamientos sobre la situación actual anunciando, en muchos casos, una “vuelta de la política”. Nosotros, en cambio, percibimos una impasse, a partir del atascamiento de las dos dinámicas más novedosas que pusieron en crisis la legitimidad del neoliberalismo puro y duro. Nos referimos, por un lado, a las nuevas experiencias colectivas surgidas en torno de los movimientos sociales (desde fines de los ’90 al estallido del 2001) y, por otro (a partir del 2003), a la tentativa del gobierno nacional de interpretar algunos de los núcleos instalados por estos movimientos.

Estamos entonces ante el debilitamiento de la compleja variedad de interrogantes sociales que formularon las luchas, tanto en su irrupción como en sus repliegues y persistencias: en torno del trabajo asalariado, la autogestión, la recuperación de fábricas, la representación política, las formas de deliberación y decisión, los modos de vida en la ciudad, la comunicación, la soberanía alimentaria y la lucha contra la impunidad y la represión. Paralelamente enfrentamos la crisis del modo en que el Gobierno reconoció estas preguntas –si bien en términos reparatorios: es decir, bajo la forma de demandas a compensar–, al tiempo que subsisten, en muchos aspectos, los mismos actores y dinámicas del largo período de la introducción y difusión del neoliberalismo.

El efecto más visible de esta impasse es que la participación callejera, el recurso a la asamblea y el cuestionamiento a la mediación política hoy no vienen de parte de quienes pugnan por crear modos de reapropiación de los bienes comunes, sino de quienes defienden (por acción u omisión) la captura privada de la renta global. Y que en esta coyuntura intervienen directamente en la definición de una nueva gobernabilidad pensada menos como la disputa del aparato del Estado y más como el gobierno de los procesos concretos (ya sea a través del control de los circuitos económicos como de la gestión de las subjetividades).

En el fondo está en juego el modo mismo de plantear la cuestión democrática, más allá de los términos economicistas (que hacen del aumento del consumo el único indicador de su contenido), pero también de su reducción institucionalista. Todas estas variantes excluyen la perspectiva de la reapropiación social de lo común surgida de la agenda de los movimientos a nivel regional.

Constatamos así la paradoja de una “vuelta de la política” junto a una despolitización de lo social: en el mismo momento en que se evocan referentes éticos de las luchas transformadoras como parte de un movimiento mayor de legitimación estatal, se devalúan los diagnósticos que estas experiencias pueden ofrecer como perspectiva de comprensión de la “situación actual”.

En estas semanas vimos aparecer públicamente la cuestión de la soberanía alimentaria que los movimientos campesinos vienen desarrollando desde hace años, lo que da cuenta de la existencia de un acumulado de saberes y experiencias como virtualidad posible de ser convocada y aprovechada. Pero, al mismo tiempo, se advierte la dificultad de traducir estas iniciativas en políticas concretas.

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Ya es un lugar común destacar que América del Sur vive una suerte de anomalía en relación con el contexto reaccionario de muchos de los gobiernos de otros continentes. Pero esta singularidad suele adjudicarse más al signo de los gobiernos que al proceso abierto por los nuevos sujetos sociales. De allí que toca a los gobiernos de la región evitar toda tendencia al cierre sobre sí mismos, olvidando las redes comunitarias que son el origen de su legitimidad, el principal recurso de recomposición de lo social, y fuente de nuevas posibilidades.

La sobreactuación de la “vuelta del Estado” como sinónimo de la vuelta de la política transformadora conlleva una renegación de la experiencia de los movimientos y se muestra completamente insuficiente a la hora de comprender y enfrentar los fenómenos de degradación actual de lo social. La verdad de esta “vuelta” del Estado ha quedado a la vista: un gesto que se presenta como voluntad redistributiva abre un conflicto que pone en tela de juicio la propia autoridad estatal.

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El escenario, el lenguaje y los modos expresivos involucrados en este drama significan tanto o más que las palabras pronunciadas. Por eso resulta vital señalar la comodidad política que supone aceptar el monopolio mediático de la producción de enunciados, cuestionando sólo sus contenidos ideológicos. La democratización social no puede limitarse a la dimensión del consumo ni se construye con gestos e intervenciones completamente afines a la racionalidad del espectáculo.

El límite más evidente que constatamos en el escenario actual es precisamente la inexistencia de un cauce para la movilización y el pensamiento que no sea el que dispensan los grupos encuadrados en la política de gobierno, o el que está siendo articulado por las redes de una nueva derecha pretendidamente pos-ideológica.

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No hay sitio para la nostalgia. Nuestra imagen de la recomposición de lo social no puede quedar “fijada” a las formas que cobraron visibilidad durante diciembre de 2001. Del mismo modo que los discursos y estilos de los movimientos revolucionarios de los años setenta no deberían inhibir el surgimiento de nuevas maneras de comprender lo político.

Entonces: ¿cómo atravesar un momento de impasse sin recurrir a falsas (y fáciles) polarizaciones ni a imágenes nostálgicas? ¿Cómo discernir en este estado de suspensión la disposición silenciosa del pensamiento y las luchas como signos de politicidad?

El movimiento de reapropiación de lo común existe en las prácticas colectivas de enunciación capaces de retomar, de una manera nueva, las preguntas referidas al trabajo (y a la explotación social: precarización y condición salarial), la gestión urbana (ghetificación y privatización) y la representación política (en base a la gestión de los miedos y las angustias productoras de nuevas jerarquías). Estos interrogantes se traman hoy en la coexistencia problemática de una retórica pro-estatal y una persistente normatividad neoliberal capaz de reglar los procesos productivos (mundo laboral, usufructo de los recursos naturales, privatización de los espacios públicos). En el reverso de esta trama se constituye el territorio conflictivo de elaboración (efectiva y potencial) de nuevos sujetos políticos.

* Grupo de pensamiento e investigación militante: www.situaciones.org

Por Néstor Vicente *

El derecho del Estado

Observando la realidad política por la que atravesamos, tratamos de convencernos de que es cierta la afirmación de que cada crisis conlleva una oportunidad, y nos disponemos a analizar la situación, afirmando que no estamos entrando “en el peor de los mundos”, como afirman muchos comunicadores que responden a intereses que desde siempre han sido beneficiados con la inestabilidad del país. La confrontación, que no es sólo económica, sino esencialmente política e ideológica, no se ha dado en los términos que hubiésemos deseado quienes pensamos que Argentina necesita perentoriamente un proyecto de país en desarrollo y sustentable en el tiempo. Pero así es la realidad y no como la idealizamos. Podríamos desmenuzar el devenir de los acontecimientos que llevaron al actual conflicto que “mediáticamente” (y para nada inocentemente) se ha dado en señalar entre el Gobierno y el campo. Podríamos también intentar conclusiones sobre las responsabilidades de unos y otros para que el nivel de la crisis llegara a inquietarnos. Sin embargo, éste es el momento de definir una posición a partir del aquí y ahora, confuso e imperfecto.

De lo que estamos convencidos es de que no hay espacio para terceras posiciones. Todos, por acción u omisión, aportaremos fortaleza a uno u otro frente. No es nuevo en nuestra historia el hecho de los contrapuestos. Unitarios o federales, civilización o barbarie, peronismo o antiperonismo, dictadura o democracia. Esta definición no se contrapone con privilegiar a “los que reflexionan dos veces, los que ven la cancha completa, los que son capaces de dialogar y negociarlo todo, los que saben perder en beneficio del bien común” a que hace referencia Mempo Giardinelli en su “Elogio de la tibieza y la media tinta”, que se publicó en estas páginas. Posiblemente no sea una expresión feliz la de “negociarlo todo”, pero las restantes características representan racionalidad y prudencia en la acción política y no se contrapone el elogio a esas virtudes con el hecho de que en la discusión actual es sólo especulativo sentirse equidistante.

Y es entonces que resulta importante señalar que estamos del lado del Estado en su necesidad de definir las reglas de juego de la economía frente a una aparente diversidad de sectores que confluyen en el liderazgo de los grupos monopólicos de la economía ligados a los intereses agropecuarios. En este sentido es que apoyamos al gobierno que encabeza Cristina Fernández de Kirchner. Sin nada que condicione ese apoyo en esta coyuntura. Un gobierno para con el cual tenemos reclamos que no dejaremos de expresar, pero que, en modo alguno, pueden ser un factor que debilite la convicción de que se debe definir de qué lado se está en esta discusión que excede a las retenciones y se adentra en la disputa por decidir si el Estado –conducido por quienes fueron elegidos democráticamente– puede imponer políticas que tiendan a la construcción de una sociedad diferente a la que imaginan los sectores del poder económico concentrado.

Al Gobierno le reclamamos por la redistribución de la riqueza que en su concreción está por debajo de las posibilidades en una inmejorable situación económica. Le reclamamos por los insuficientes avances en la lucha contra la marginación y la pobreza estructural y por una política que defienda positivamente la explotación de nuestros recursos naturales. También le reclamamos que el gravamen de las retenciones –que compartimos– pueda verse reflejado en el consumo interno, por ejemplo disminuyendo el IVA a los productos básicos, y que el combate a la inflación tenga en la mira la defensa de los intereses de usuarios y consumidores. Pero a la vez que destacamos estos reclamos al Gobierno, le reconocemos logros significativos e impensados hasta hace no mucho tiempo, en lo que hace a la economía, los derechos humanos, la salud y la educación y la recuperación de la política.

Confrontando con el Gobierno está la “derecha” tradicional, los resabios de la dictadura, los intereses del capital más concentrado, los oportunistas que especulan con resultados electorales y los sectores medios urbanos que, salvaguardados de vaivenes económicos, se enfrentan al Gobierno por disentir con sus modos, constatar que la corrupción no puede ser desterrada del espacio público y desaprobar la supervivencia de dirigentes sindicales cuyas prácticas generan gran resistencia. Podríamos sintetizar el debate diciendo que se enfrentan nuevamente en la Argentina dos visiones sobre el rol del Estado y de la importancia de lo público respecto de lo privado. La idea de un Estado protagonista generador de una sociedad integrada, desarrollada y solidaria enfrenta al pensamiento liberal que pretende un Estado casi ausente, al que sólo se le pide seguridad y promoción del accionar privado para que haga negocios sin limitación alguna. No hay que ser demasiado perspicaz para darse cuenta de que esa política en el país tuvo un nombre: “menemismo”. Y, parafraseando a Serrat, entre esas posiciones y nosotros hay algo personal.

* Ex dirigente de Izquierda Unida, ex diputado porteño.

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