EL PAíS › PLANTEO DE LA LEGISLATURA POR LA DETENCIóN DEL PROCESO DE DESIGNACIóN DE LA CANDIDATA DE MACRI

Conflicto de poderes por Ugolini

Por iniciativa del macrismo, la Legislatura porteña planteará un conflicto de poderes por los fallos judiciales que pararon la designación de Ugolini al Tribunal Superior de Justicia porteño. La candidata de Macri acumula varias impugnaciones.

 Por Werner Pertot

Por iniciativa del macrismo, la Legislatura porteña planteará un conflicto de poderes en el caso de los fallos que ordenaron detener el procedimiento de designación de Daniela Bruna Ugolini, la candidata de Mauricio Macri para ocupar un lugar en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). De todas formas, el Ejecutivo ya se había presentado al TSJ que –salteando otras instancias– suspendió los fallos y permitió que continuara el proceso. El pliego de Ugolini ya podría ser votado en el recinto, donde los macristas no contarían con los 40 votos necesarios para aprobarlo. Quedaría para después del 10 de diciembre, cuando reunir voluntades será más difícil para el PRO. Mientras tanto, crece el conflicto en el Poder Judicial.

Ugolini fue propuesta por Macri, pese a las impugnaciones de la oposición porteña, organizaciones sociales y organismos de derechos humanos, que cuestionan sus dictámenes como fiscal de Cámara por ir en contra de derechos sociales, laborales, de salud, entre otros. Seis fallos ordenaron detener el procedimiento por diversos vicios, pero el macrismo los ignoró y siguió adelante, por lo que cuatro legisladores se hicieron acreedores de multas y de una denuncia penal. La jueza Patricia López Vergara dispuso un allanamiento de la Legislatura y secuestró las actas de la Junta de Etica, lo que impedía de hecho continuar el proceso.

Como no podían reunir los votos para plantear el conflicto de poderes en la Legislatura, fue el gobierno porteño el que se presentó ante el TSJ para reclamar que se suspendieran los fallos. En tiempo record, el TSJ salteó a la Cámara en lo Contencioso Administrativo y permitió que se siguiera adelante con una audiencia pública que terminó en escándalo. En disidencia, la jueza Alicia Ruiz consideró que “la intervención del Tribunal Superior aparece como un intento de disciplinamiento de los jueces que no guarda coherencia con el orden democrático, por vía del per saltum”, una figura que hizo famosa la Corte Suprema menemista con la privatización de Aerolíneas Argentinas. Sus Señorías aprovecharon otro escrito para responder que no se trata de un per saltum, que tiene “un significado meramente descalificador”. Argumentaron que está previsto en la normativa que el TSJ intervenga en caso de un conflicto de poderes.

El máximo tribunal de la ciudad admitió el conflicto y envió el expediente al Consejo de la Magistratura para que los jueces involucrados hicieran su descargo. En un escrito, el juez Guillermo Scheibler consideró que los magistrados del TSJ habían prejuzgado y los recusó, algo que el tribunal rechazó. También los recusó ayer el juez Guillermo Treacy, porque “no es esperable imparcialidad alguna de un órgano que ha incurrido en prejuzgamiento, que ha quebrado la igualdad procesal de las partes y que confunde su rol como cabeza de la organización judicial y como impulsor de medidas disciplinarias hacia los ‘demandados’ y que insiste en llevar adelante un proceso contra jueces sin fundamento jurídico alguno”.

El juez denunció que el TSJ hizo algo “sin precedentes en el orden local”, equivalente a un per saltum “sin tener a la vista los expedientes”, y “luego de un operativo cuasipolicial destinado a apoderarse de las causas”. También los acusó de ir redefiniendo las características del proceso sobre la marcha. “Es inevitable concluir en que se trata de un proceso que carece de toda seriedad”, planteó Treacy.

Finalmente, el macrismo consiguió los votos para que sea la Legislatura la que plantee el conflicto de poderes en una sesión maratónica que terminó ayer a las cuatro de la mañana. Por iniciativa del legislador Martín Borrelli, con 41 votos a favor, se instruyó al vicepresidente primero para “promover demanda contra el Poder Judicial por conflicto de poderes”, dado que los jueces “se arrogan y desconocen atribuciones y competencias que son propias de la Legislatura”. “El planteo fortalece el reclamo que ya hizo el Ejecutivo”, remarcó Borrelli. Cuando se haga la presentación, el TSJ deberá evaluar si la incorpora al expediente actual. De todas formas, en el bloque PRO admiten que lo más probable es que el pliego de Ugolini languidezca por falta de votos suficientes.

Compartir: 

Twitter
 

El macrismo quiso ignorar los fallos y llevó a Ugolini a una audiencia pública en la Legislatura.
Imagen: Martín Acosta
 
EL PAíS
 indice

Logo de Página/12

© 2000-2019 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.