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“Yo soy Jorge Levy”, se identificó el Superintendente de Bancos del Banco Central, pero en su rol de síndico de Cerámica Zanon. “A mí qué me preguntás si ya me señalaste en la entrada”, le espetó Enrique Picado, el otro síndico que también trabaja como funcionario encabezando la Superintendencia de AFJP, a la abogada de los obreros ceramistas. La escena ocurrió ayer en el despacho del juez comercial Germán Páez Castañeda, que ordenó la toma de posesión de la planta neuquina manejada desde hace 17 meses por sus trabajadores. En Neuquén, la jueza Norma Pozza le dijo a una delegación de Zanon que “cumple un mandato” de su par porteño y que “no puede dar garantías por el uso de la fuerza pública” durante el operativo de “inventario y toma de posesión” previsto para el martes. Sin embargo, durante la acalorada audiencia Páez Castañeda enfatizó que “nunca” habló de “desalojo” ni de “despidos”. La esquina del juzgado era un caos de tránsito por unas 300 personas que cortaron Marcelo T. de Alvear y Callao, en apoyo a la comisión que visitó al juez. Mientras la abogada Myriam Bregman opinó que “hubo un evidente cambio de clima por la contundente expresión de tan variados sectores en defensa de Zanon”, su colega Mariano Pedrero desde Neuquén aseguró que “si quisieron medir nuestra fuerza se equivocaron de regla”.
Además de Bregman y los obreros Andrés Blanco y Gustavo Báez, acudieron a la cita con el magistrado los legisladores Abel Latendorf, Juliana Marino, Vilma Ripoll, José Roselli y Beatriz Baltroc, entre otros. En la calle esperaban militantes de organismos de derechos humanos, partidos de izquierda, organizaciones de desocupados y obreros de fábricas tomadas. “Usted es mi enemiga”, le dijo Hebe de Bonafini a la socia de Picado y Levy en la sindicatura. La mujer le mostró un escudito de las Madres que llevaba en la solapa y rompió en llanto.
Según relató Bregman a Página/12, Páez Castañeda hizo enormes esfuerzos por argumentar que no había ordenado el desalojo de la fábrica. “¿Qué significa entonces toma de posesión?”. El magistrado respondió que era “toma de posesión de cargo por parte de los síndicos”. Enterado de lo ocurrido, Pedrero razonó que “se trata de una maniobra porque la toma de posesión del cargo es para recuperar la fábrica, es el primer paso antes del desalojo y no lo vamos a permitir”. Sin embargo, aclaró que no se oponen a la realización del inventario porque no tienen “nada que ocultar”. El letrado recordó que los cuestionados Levy y Picado estuvieron el año pasado en el juzgado de la jueza neuquina y dijeron expresamente que “toma de posesión implica desalojo”. Por la tarde, Bregman trasladó la inquietud sobre la incompatibilidad de estos altos funcionarios del equipo económico del Ejecutivo que trabajan como síndicos para el Poder Judicial a la Oficina Anticorrupción.
“Evidentemente algo cambió, pero no nos confiamos”, comentó la abogada. De hecho, en los diarios provinciales el gobierno de Sobisch apareció asegurando que busca una salida que contemple la continuidad del trabajo, incluso en forma de cooperativa. “Ponga por escrito que garantiza el empleo”, le dijeron al juez porteño. Páez Castañeda respondió que no puede hacerlo sin ingresar a la fábrica. “Entonces, nos vemos el martes en la planta”, le respondió Blanco antes de retirarse del despacho.