El mundo real, de la gente de a pie, y el mundo de las leyes están separados por un abismo. A medida que pasan los años la brecha es cada vez más notoria. Incontables situaciones de la vida cotidiana carecen de la contención de normas indispensables, capaces de regular desde los problemas derivados de una compra por Internet hasta las implicancias de la fertilización asistida o los derechos y obligaciones en cualquier modelo de familia. Así lo diagnosticó el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, uno de los impulsores del anteproyecto que, para revertir el panorama, apuesta a modificar de raíz los Códigos Civil y Comercial. Un centenar de juristas trabajaron en la redacción de un texto innovador de 2700 artículos que, según le dijo el juez a Página/12, tiene entre sus grandes metas lograr “que haya mayor libertad para que cada uno elija el modo en que quiere organizar su vida”. “Igualdad” es una palabra clave en el código diseñado. “Igualdad de género”, “igualdad de sexo”, igualdad como “consumidores”, son algunos ejes. Lorenzetti explica cómo se implementarían los cambios más significativos y fundamenta por qué la propuesta deja intacta la definición sobre el inicio de la vida.

“Los Códigos Civil y Comercial que tenemos son del siglo XIX. Hubo reformas parciales, pero a esta altura la distancia entre la ley y las prácticas sociales es muy grande. La ley tiene que servir a los propósitos prácticos de la gente común y resolver sus conflictos. Regula desde la vida familiar, la protección de los derechos de la persona, de los derechos de usuarios y consumidores, los vínculos comerciales, las sociedades, los contratos, los derechos reales, la propiedad horizontal, los cementerios privados”, dice Lorenzetti.

–Lo central es un cambio de valores. El Código que elaboramos tiene una visión latinoamericana. Tenemos una identidad cultural y jurídica, no debemos copiar todo lo que se hace en Europa. Además, se introduce la igualdad de género, que no es sistemática en el Código viejo. La mujer, en las concepciones de la sociedad del siglo XIX, tenía un lugar secundario, pero hoy está en paridad. Y hay igualdad de sexos: en las relaciones de familia nada debe ser interpretado en sentido discriminatorio. Se suprimen también las desigualdades relacionadas con la vulnerabilidad económica.

–Partimos de que la ley de matrimonio igualitario está sancionada y no se vuelve a discutir. Tanto en las decisiones relativas a la patria potestad, la adopción, la disposición de bienes, hay una completa igualdad que no existía antes. Cada uno puede tener una idea de cuál es su mejor modelo de familia. Para algunos será un hombre, una mujer y dos hijos. Pero no se puede imponerlo legal e imperativamente, la sociedad tiene muchos modelos

–Las “uniones convivenciales” no estaban en el Código, aunque muchísima gente convive sin casarse. Al no haber regulación vienen los problemas: si se separan no tienen protección, ni en cuanto a los bienes ni en cuanto a alimentos. Esto se quiere regular a nivel nacional. Se asemejan las uniones convivenciales al matrimonio, sin serlo. Ya no hablamos de concubinato, que tiene un sentido peyorativo.

–Se ayuda a que los convivientes puedan pactar, celebrar un vínculo, y si eligen no hacer ningún acuerdo se protegen los aportes que cada uno hizo para la convivencia, en el régimen patrimonial y en el de la tenencia de los hijos. Si la convivencia dura más de dos años, eso genera derechos también vinculados a la vivienda. Hoy el mayor problema es que los convivientes realizan aportes, trabajan y lo llevan al hogar, sean hombre y mujer o parejas del mismo sexo, y cuando se separan se plantea ¿qué es esto? ¿Una sociedad de hecho? Esto genera juicios interminables. Con este Código el juez podrá resolver en base a un régimen específico.

–Se permite mayor flexibilidad. También se puede pactar: se identifican los bienes y se establece un régimen de administración separada de bienes durante el matrimonio. Si no se pacta, se aplica el régimen de bienes propios (anteriores al matrimonio) y gananciales (surgen después de casarse). La idea es que haya mayor libertad para que cada uno elija el modo en que quiera organizar su vida.

–No es un divorcio express. Se lo llama así cuando uno se casa en el Registro Civil y se divorcia ahí mismo. En el proyecto, donde el divorcio sigue siendo judicial. Lo que cambia es que para divorciarse no hay que probar una causa, como hasta ahora. También se descarta la vía de los acuerdos con período de separación y audiencias, que al haber acuerdo son una ficción. Para divorciarse, bastará que uno (de los miembros de la pareja) diga que se quiere separar. Si es uno el que lo plantea, tendrá que ofrecer algo en relación a: la tenencia de los chicos, la división de los bienes o el régimen alimentario, que se llamará “compensación”.

–Es un régimen que nadie cuestiona desde el derecho privado. Mantuvimos la definición que dice que se es “persona” “desde la concepción”. Aclaremos: el Código Civil no regula el aborto, que está en el Código Penal, sino los efectos; cuándo alguien empieza a tener derechos.

–Hay persona desde que el embrión está implantado en el seno de la mujer, ahí se originan los derechos. Hoy existe la fertilización in vitro , pero aún no están reguladas las consecuencias. El embrión no implantado y todos los problemas de la fertilización tendrán que estar en una ley especial.

–Hasta ahora sólo existe la filiación biológica. En el nuevo Código hablamos de “voluntad procreacional” y se regula la fertilización asistida: dos personas se ponen de acuerdo para que se implante un embrión, aunque sea de óvulo donado. Será hijo de quien tenga la voluntad de que lo sea.

–Es un tema controvertido, pero ha habido casos en el país y al no haber reglas esto genera problemas. Más allá de que uno esté a favor o en contra, el problema es cómo se resuelven. Habrá una norma con requisitos para que pueda producirse esto, lo que incluye el consentimiento de los donantes y de la gestante (a quien se le requiere la experiencia de haber tenido un hijo ya) y dictámenes médicos.

–En la filiación no puede haber contrato, sino un procedimiento judicial que deberá cumplir requisitos hasta derivar en una autorización mediante una sentencia.

–Hay que ver cuando lean el proyecto si realmente hay oposición. Por ahora no vemos nada que impida la aprobación.

–Son temas que se discuten hace treinta años, no son tan innovadores.