EL PAíS › POR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DE CAUTELARES

Un planteo rechazado “in limine”

Si no hay un “caso” concreto, no se puede declarar la inconstitucionalidad de una norma. Con ese argumento central la jueza en lo Contencioso Administrativo María Alejandra Biotti rechazó in limine un planteo que había hecho el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (Cpacf) contra la ley que modifica el régimen de medidas cautelares. La entidad alegaba que los límites que establece la nueva norma en el trámite de las cautelares contra el Estado atentan contra el trabajo de los abogados.

“No compete a los jueces hacer declaraciones generales o abstractas, sino decidir colisiones efectivas de derechos”, y “la declaración de inconstitucionalidad sólo puede ser efectuada frente a casos concretos”, subrayó la jueza Biotti.

El Colegio de Abogados había planteado lo que se denomina “acción declarativa de inconstitucionalidad”, frente a lo cual la jueza explicó que “resulta procedente en tanto no tenga un carácter simplemente consultivo ni importe una indagación especulativa”.

“Se pretende esa declaración en abstracto, prescindiendo de las circunstancias fácticas que puedan justificarla, que sólo pueden ser apreciadas por los jueces de cada proceso”, dijo Biotti. “El control encomendado a la Justicia sobre las actividades ejecutiva y legislativa requiere que el requisito de la existencia de un ‘caso contencioso’, ‘causa’ o ‘controversia’ sea observado rigurosamente, no para eludir cuestiones de repercusión pública, sino para la trascendente preservación del principio de división de poderes”, evaluó la magistrada en su resolución frente al planteo.

En su presentación judicial sobre la nueva reglamentación de las cautelares el Colegio de Abogados había señalado en medio centenar de páginas la inconstitucionalidad de la norma. La entidad basó su planteo en que la ley restringirá y limitará el servicio que los abogados pueden ofrecer a los clientes.

El titular del Colegio, Jorge Rizzo, cuestionó la actuación de la jueza y anunció que apelará. Sostuvo que Biotti es “una rehén” del Gobierno porque todavía no fue nombrada en forma definitiva en el cargo que ocupa. Y advirtió que, en otra ocasión, hizo lugar a una presentación de la misma entidad por la ex caja complementaria de jubilaciones de los abogados (Cassaba), en una causa en la que tampoco había un caso concreto.

Biotti está tercera en el concurso 264 para ocupar los juzgados de primera instancia 5 y 8 del fuero en lo Contencioso Administrativo Federal y que se encuentra en el Gobierno a la espera de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner elija a dos de los seis postulantes para enviar los pliegos al Senado. Rizzo dice que no reconoce su actuación porque “no cumplió todo el mecanismos de designación”.

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