EL PAIS › LA FISCALIA CONSIDERO PROBADOS LOS DELITOS IMPUTADOS A 21 REPRESORES

Los crímenes en La Cacha

En el comienzo de los alegatos, los fiscales describieron el régimen de terror con que funcionaba el centro clandestino ubicado en La Plata, bajo la órbita del Ejército. Los acusados son militares, policías bonaerenses, penitenciarios y miembros de la Armada.

 Por Ailín Bullentini

El juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino La Cacha durante la última dictadura ingresó en etapa de alegatos. La fiscalía expuso, ante el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata, las querellas, las defensas y los 21 imputados, los primeros lineamientos de su conclusión que culminará en las próximas jornadas con los pedidos de condenas para los ex agentes de inteligencia del Ejército, policías bonaerenses, efectivos penitenciarios y miembros de la Armada que están acusados. Ayer, los fiscales Hernán Schapiro y Gerardo Fernández se centraron en la descripción del funcionamiento de La Cacha y la metodología utilizada por quienes operaron en el centro de tortura y exterminio que funcionó en la capital bonaerense, bajo la órbita del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército.

Para la fiscalía, durante las 37 audiencias del juicio oral resultaron probados todos los delitos imputados a, entre otros, el represor Miguel Etchecolatz y el ex ministro de la dictadura Jaime Smart: la privación ilegítima de la libertad y la tortura a 128 personas y el homicidio de otras cuatro, entre ellas la hija de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y el padre del actual embajador de España, Carlos Bettini.

Todos los acusados que integraron la nómina del Destacamento de Inteligencia 101 fueron acusados por los asesinatos de Laura Carlo-tto y Olga Casado, y en su mayoría por el secuestro y las torturas aplicadas a 127 hombres y mujeres, “en su mayoría jóvenes y adolescentes”, indicó Schapiro. La misma responsabilidad le otorgó la fiscalía a los ex penitenciarios Héctor Acuña, alias El Oso, uno de los represores con más peso en La Cacha (ver aparte), y a Isaac Miranda.

A quien ejerció la jefatura de la Armada en la zona platense durante el terrorismo de Estado, Juan Carlos Herzberg, el Ministerio Público Fiscal le endilgó sólo tres casos de secuestro ilegal y tormentos, mientras que a Etchecolatz y al resto de los ex policías bonaerenses los responsabilizó por la muerte de Marcelo Bettino y Luis Bearzi. Smart fue involucrado por la fiscalía en todos los secuestros, las torturas y los homicidios comprendidos en el juicio.

Según Schapiro y Fernández, La Cacha fue un centro de “confinamiento, tortura y paso previo a la eliminación” de personas que funcionó en el marco de “un plan sistemático de represión clandestina y organizada contra la sociedad” por la última dictadura, una “suborganización” que “articuló la participación del Ejército, el gobierno bonaerense, el Servicio Penitenciario de esa provincia, la Armada y la Dirección de Inteligencia de la Policía local (Dipba)”, cuyo manejo estuvo en manos del Destacamiento de Inteligencia 101.

“El 101 asistía al Regimiento 7, a cargo del área 113 del Ejército”, repasó Fernández al explicar el organigrama del terrorismo de Estado en La Plata. “Al ser el núcleo central de la inteligencia de la ciudad, el 101 tuvo vínculo con varios centros clandestinos de detención, como el Pozo de Banfield o el Pozo de Quilmes, pero se relacionó de manera especial con La Cacha, del que tuvo el control operacional”, puntualizó.

En ese marco, entendió la fiscalía, el destacamento “cumplió allí todas las funciones contra la subversión: determinaba blancos, de-sarrollaba acciones, obtenía información, garantizaba el cautiverio de las víctimas, analizaba documentación y tenía injerencia sobre el destino final de los secuestrados”, amplió Fernández.

Los fiscales basaron su hipótesis del control de La Cacha, sobre todo, en testimonios. Muchos de quienes lograron salir con vida de aquel infierno coincidieron en destacar que algunos guardias se habían presentado como miembros del destacamento. Gustavo Cacivio fue integrante de ese centro clandestino y resultó reconocido por algunos sobrevivientes como “El Francés”, uno de los torturadores. Ocupa el banquillo de los acusados junto con quien fue jefe de tareas del Destacamento, Ricardo Fernández, acusado por secuestros, tormentos y homicidios y, además, sospechado de haber sido el entregador de los mellizos Matías y Gonzalo Reggiardo Tolosa, nacidos en Olmos mientras su madre, María Rosa Ana Tolosa, estaba secuestrada en La Cacha. Los hermanos recuperaron su identidad en 1992.

Las experiencias de varios familiares de víctimas que estuvieron encerradas en La Cacha y que aún permanecen desaparecidas fueron similares: madres, padres o hermanos aseguraron ante el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata haber sido contactados o incluso haber participado de entrevistas con agentes de ese organismo de Inteligencia del Ejército.

La descripción de dónde estaba ubicada La Cacha, cómo era y qué sucedía, allí también fue parte de la primera parte de la exposición de los fiscales. Los tres espacios que integraron el centro clandestino de detención, una estructura principal, otra más pequeña, destinada a la tortura, y una casa rodante en donde “se realizaban interrogatorios sin tormentos”, no existen más desde 1981, cuando fueron demolidos. Funcionaban en un espacio que pertenecía a Radio Provincia, emplazado entre las unidades de hombres y mujeres de la cárcel de Olmos.

Los secuestrados eran “depositados” en la estructura central de La Cacha, una construcción descripta por los sobrevivientes como de tres niveles –un piso principal, un segundo nivel al que se accedía “mediante una escalera de pocos escalones” y un semisótano–. “En su mayoría eran chicos y chicas muy jóvenes”, dijo Schapiro. Con la ayuda de citas de numerosos testimonios, explicó que los secuestrados llegaban a La Cacha y eran encapuchados, engrilletados al suelo o a camas metálicas, sin abrigo, casi sin comida, sin posibilidad de higienizarse, de moverse o siquiera de hablar. Las sesiones de tortura tenían lugar en la edificación más pequeña e independiente pero “cercana, para que los otros detenidos pudieran escuchar los gritos del atacado”, mencionó el fiscal. A los secuestrados los hacían desnudar, los ataban de pies y manos al elástico metálico de una cama y los torturaban con una o varias picanas, los golpeaban en las articulaciones. Los fiscales mencionaron también los abusos sexuales.

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El juicio oral llevado adelante por el TOF Nº 1 de La Plata incluyó 37 audiencias.
Imagen: Joaquin Salguero
 
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