EL PAíS › OPINIóN

La feria popular como derecho a la ciudad

 Por Gabriela Olguin * y Alexandre Roig **

Desde el verano de 2009, cincuenta y seis trabajadores deciden organizarse y promover una cooperativa de artesanos, manualistas y artistas. Lo hacen en el mítico barrio de San Telmo. Precisamente en el cruce de Defensa e Independencia. La cooperativa eligió el nombre El Adoquín, como un modo de nombrar la calle que ocupan. Esa organización colectiva fue la única forma de hacer frente a los operativos de inspectores y de policías que los dejaba sin espacio y, por ende, sin trabajo.

Desde entonces, el ritmo de sus domingos ha estado marcado por la venta a un flujo cada vez más importante de turistas, nacionales y extranjeros, y por el asedio cada vez más agresivo de la policía. El 800, 900 y 1000 de la calle Defensa se convierte una vez por semana en el teatro de luchas de lógicas bajo la mirada pícara de un personaje del barrio: el doble del capitán Jack Sparrow, que posa para sacarse fotos con los paseantes. ¿Pero luchas de qué y entre quiénes? Sin dudas estamos lejos de los imaginarios de la piratería. De los 300 integrantes1 de la cooperativa, 294 venden productos propios, hechos a mano, fabricados durante la semana, movilizando sus oficios. Por eso la definición propia es que se trata de “trabajo digno hecho a mano”. La cooperativa fue, desde el inicio, la forma de estos artesanos de entender que tenían que crear su propio trabajo, que el sistema no los iba a “absorber”.

La gran mayoría tiene estudios superiores (59 por ciento) y más del 70 por ciento tiene menos de 45 años. Estos jóvenes tuvieron o decidieron hacer de su oficio la fuente de su producción. Les permite sentir la dignidad de su trabajo, por el cual logran sueldos promedios mensuales de 6000 pesos que les permiten vivir de lo que hacen.

Sin embargo, actualmente varios están siendo judicializados e imputados por “venta no permitida en espacio público”, como sucede en tantos otros lugares de la Ciudad de Buenos Aires. Una simple contravención que moviliza unidades de investigaciones complejas, fotos e inteligencia de por medio, para desenmascarar esos portadores de pinceles, cortadores de tela, orfebres de la calle, que más que desestabilizadores del orden público como parecen presentarlos las normas, son trabajadores que ejercen un derecho a la ciudad.

Hoy el legislador Jorge Taiana presentará en la Legislatura porteña el proyecto de ley para autorizar la feria cooperativa El Adoquín. Una forma de auspiciar que la razón de nuestra polis tenga que ver con una ampliación de derechos y de espacios para los trabajadores populares. El proyecto de ley tiene como objetivo legalizar el arte en estas tres cuadras y permitir el trabajo sin amenazas en estas veredas halagadas en 20 idiomas en las guías turísticas de Buenos Aires.

No es menor otro dato: El Adoquín, como organización, trabaja las reglas de convivencia en su seno y en el espacio público. Las tres asambleas dominicales que se realizan permiten dirimir las tensiones, recordar y pensar las reglas, fortalecer la unidad y construir horizontes colectivos. Lo que ocurre en las asambleas es el espejo de que lo que se proyecta en la calle. El espacio no puede ser privatizado porque es, como lo dijo uno de los artesanos citando a León Rozitchner, un “punto de intersección sin dueños”. Estas tres cuadras son cortas pero anchas: en ellas “cabemos todos” decía otra de las feriantes. Los que trabajamos, los que paseamos, los que vendemos en los negocios, los que vienen a vernos, valorizamos la ciudad: somos la fuerza viva urbana sin cuya existencia las calles no serían más que hormigón armado. El Adoquín tiene vida, porque crea, piensa y hace con las manos, como decía el sociólogo Richard Sennett, actualizando una práctica cotidiana de los miles de trabajadores.

Como tantos otros afluentes al cauce de la transformación de la historia, los artesanos son trabajadores de la economía popular. Por eso se sumaron al proceso de la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Representan sin duda un cambio de paradigma en el mundo del trabajo. Así como reconocer a fines de los ’90 a los desempleados como trabajadores marcó una ruptura política y cognitiva central, reconocer a los trabajadores de la economía popular como un sector nuevo y duradero constituye también un giro crucial para la Argentina y para América latina. Como todos los trabajadores, aspiran a la dignidad de su actividad y eso implica dejar de ser considerados como ilegales y aceptar que la producción y el trabajo fundan derechos, derechos sobre el espacio público, como recurso y territorio donde convivimos todos.

1 Datos producidos por una encuesta realizada en noviembre 2014.

* Delegada de la cooperativa de trabajo El Adoquin L.T.D.A.

** Decano del Idaes-Unsam; investigador del Conicet.

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