SOCIEDAD › LA APERTURA DEL JUICIO POLíTICO A DOS FISCALES Y UN JUEZ POR EL CASO DE LUCIANO ARRUGA

“Hay gravísimas faltas en la causa”

Los familiares, el CELS y la APDH de La Matanza señalaron que “quedó demostrado que hubo pistas falsas y entorpecimiento”.

 Por Soledad Vallejos

Dos fiscales y un juez que durante cuatro años tuvieron en sus manos la causa por la desaparición de Luciano Arruga sin que la investigación abordara la posible responsabilidad judicial, ordenara medidas de búsqueda ni brindara información a la familia (cuyos teléfonos, por otro lado, habían sido intervenidos) podrían enfrentar el juicio político el año próximo, luego de que el Jurado de Enjuiciamiento bonaerense admitiera la apertura del proceso. La denuncia, explicaron en un comunicado los familiares de Arruga, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la APDH La Matanza, hace foco en “las gravísimas faltas de la causa judicial”, y rescata que, tras el hallazgo del cuerpo en el cementerio de la Chacarita luego de que el juez Juan Pablo Salas aceptara el pedido de hábeas corpus y ordenara peritajes, quedó demostrado que “la causa estuvo plagada de pistas falsas y de acciones de entorpecimiento”.

En diálogo con este diario, la abogada del CELS Paula Litvachky señaló que el hecho de que el Jurado de Enjuiciamiento admitiera la denuncia contra las fiscales Roxana Castelli y Celia Cejas Martín y el juez de garantías Gustavo Blanco significa que “hay mérito para ello”. “Queremos que se evalúe la tarea de un fiscal o un juez que recibe la noticia de la desaparición de un pibe que tenía una historia clara de hostigamiento por parte de la policía y que había sido torturado. ¿De qué modo la Justicia se enfrenta a esos casos desde el minuto uno?”, agregó.

Ahora que el Jurado declaró admisible la presentación, tanto quienes acusan como quienes son acusados deberán presentar pruebas para, respectivamente, apoyar o desmontar la denuncia. Para la acusación, el hallazgo en octubre del cuerpo de Arruga, quien había fallecido en un hospital porteño la misma noche en que su familia lo buscaba desesperadamente por distintos hospitales de provincia y Capital, deja en claro las falencias de los funcionarios judiciales involucrados. El cuerpo del joven fue detectado en octubre, gracias al peritaje de huellas digitales ordenado por el juez Salas y que antes no se había hecho.

“Eso da cuenta de las desprolijidades, de la forma en que se llevó adelante la investigación. Fue clave para encontrar el cuerpo que el Juzgado Federal se diera cuenta de que era posible usar las huellas digitales de Luciano, que estaban registradas. A partir del hábeas corpus, la Justicia puso a todas las agencias del Estado a poner los recursos para buscarlo”, repasó la abogada. “Eso dio el resultado que sabemos. Eso tenía que haberse hecho antes. Es un procedimiento que tiene que hacerse con búsquedas concretas vinculadas a la morgue. Hay muchos detalles que se van a abrir ahora a investigación, y que para nosotros implicaron fallas importantes en un caso en el que se sospechaba la posible vinculación policial con la desaparición de un menor.”

En un comunicado, el CELS recordó que ni la fiscal Castelli ni la fiscal Cejas recurrieron a las pericias de huellas dactilares. Además, “Cejas obvió información esencial para encontrar al joven, que hubiera permitido avanzar desde el primer momento en una investigación sobre qué pasó en las horas previas a la desaparición y muerte de Luciano” y también “criminalizó a la familia de Luciano cuando ordenó la intervención de los teléfonos para escucharlos en secreto durante un año y medio”. El juez Banco “permitió que estas intervenciones telefónicas se sostuvieran en el tiempo”. Además, la fiscal Cejas “mantuvo reservada, a su arbitrio y de manera discrecional, la información que iba incorporando. La desprolijidad con la que llevaba registro de la prueba producida, la reserva de la información a la familia y la omisión de procesar información crucial que podría haber dado con el paradero de Luciano muchísimo tiempo antes tuvieron como consecuencia la falta de resultados en la causa”.

El juicio político permitirá que el propio Estado revise si los funcionarios judiciales denunciados “fueron diligentes en la investigación”, dijo Litvachky. “En una causa como la de Luciano, no se pueden dejar cabos sueltos ni dejar pasar el tiempo, porque esos primeros tiempos son preciosos. Precisamente eso es lo que aparece muy problemático de cómo respondió la Justicia provincial, en especial el ministerio público fiscal”, agregó.

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El terraplén que lleva a la General Paz en el cruce con Emilio Castro, donde fue atropellado Luciano Arruga.
Imagen: Pablo Piovano
 
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