La Corte Suprema de Justicia publicó ayer un informe para respaldar las afirmaciones de su presidente, Ricardo Lorenzetti, que habló de cosa juzgada respecto del atentado contra la Embajada de Israel. En verdad, el máximo tribunal admite que la causa está abierta, pero se defiende diciendo que lograron determinar qué camioneta se usó para el ataque –una Ford F-100– y que en 2001, en Jordania, fue detenido un sujeto llamado Hussein Mohamad Ibrahim Suleiman, quien habría reconocido que recibió explosivos en Foz de Iguazú a principios de 1992, los transportó en ómnibus y se usaron para el atentado. A raíz de ello se libraron exhortos, pero en el texto no se explica cómo en catorce años no se le pudo tomar declaración a ese individuo que supuestamente detuvieron en Jordania. Tampoco hoy hay orden de captura en su contra. El ex integrante de la Corte Augusto Belluscio contradijo a Lorenzetti: “De ninguna manera se puede hablar de cosa juzgada”.

El máximo tribunal salió ayer al cruce ante las críticas que despertó la frase de Lorenzetti sobre la causa Embajada. “Hubo una sentencia de 1999 que determinó la materialidad y la imputabilidad del hecho. Se encontró culpable al grupo Hezbolá. Es cosa juzgada.” El presidente del máximo tribunal quiso contestar de esa manera a Cristina Fernández de Kirchner, quien preguntó el domingo en el Congreso “¿cuál es el resultado de la investigación de la Corte sobre el atentado a la Embajada de Israel? ¿Quiénes son los condenados? ¿Qué fue lo que pasó?” Con el concepto de cosa juzgada, Lorenzetti quiso decir que la Corte ya hizo lo que tenía que hacer. En el informe de ayer se admite lo contrario. El último párrafo dice que “continúa la pertinente investigación”.

En verdad, el texto publicado en el Centro de Información Judicial (CIJ), que responde a Lorenzetti, demuestra que en el caso de la embajada prácticamente no se sabe nada.

- Como adelantó ayer Página/12, la Corte da por probado que en el ataque se usó una camioneta Ford F-100 comprada a un fotógrafo policial, Antonio Galbucera. La adquirió una persona con documento brasileño a nombre de Joel Ribeiro Da Luz. La identificación resultó falsa, es decir que no se sabe quién es el sujeto.

- Este diario contó que el vehículo se estacionó en un parking de la avenida 9 de Julio. El informe dice que lo administraba la firma Dakota. No se sabe quién la llevó hasta ahí y menos todavía quién la retiró minutos antes de que se la hiciera explotar frente a la embajada.

- Se da por probado que se usó la camioneta-bomba debido a que se encontraron partes en el predio, se identificó la unidad y quedó un cráter. Se activó el explosivo cuando dos ruedas de la F-100 estaban sobre la vereda y dos sobre la calle.

- A raíz de un supuesto reconocimiento de la Jihad Islámica, brazo armado de Hezbolá, y sobre la base informes de los Servicios de Inteligencia de Estados Unidos, Alemania y la SIDE, se resolvió imputar a Imad Mughniyah, jefe operativo de Hezbolá. No se consiguió ninguna evidencia de que alguien de esa organización hubiera llegado a la Argentina. La orden de captura contra Mughniyah estuvo vigente hasta que lo mataron en Damasco, Siria, en 2008.

- El informe de ayer consigna que durante 1992 fue detenido en Rosario José Salman El Reda, hermano de Samuel, un hombre que luego fue sospechoso en el caso AMIA. José tenía en su poder una importante cantidad de dólares falsificados y el informe dice que así se financiaban las actividades terroristas. Ni José está detenido ni fue nunca indagado por el atentado contra la embajada: se libró una orden de captura, pero hasta el momento no se lo encontró. Tampoco hay evidencia de que haya participado del ataque.

- El dato más asombroso es el de Ibrahim Suleiman, el detenido en Jordania, un país con buenas relaciones con Occidente. El informe no explica por qué en 14 años no se lo pudo indagar si supuestamente dijo que entró a la Argentina con los explosivos en autobús. Y es llamativo que el texto consigne que ni Migraciones ni las fuerzas de seguridad pudieron corroborar ese ingreso al país.

Como se ve, se trata de datos sueltos que no pudieron ser comprobados hasta el momento y no existe nada que cumpla con la idea de cosa juzgada: personas indagadas, llevadas a juicio, condenadas o absueltas por fallo firme. Lo que queda del expediente es todo lo contrario: que se sabe poco y nada; todo está por investigarse.

Belluscio, ex integrante de la Corte que firmó el fallo de 1999 al que ahora Lorenzetti le da el valor de cosa juzgada, negó que eso fuera así. “En 1999 no se resolvió nada, creo que se ordenó continuar la investigación –dijo en Radio Vorterix–. ¿Si se puede hablar de cosa juzgada? Evidentemente que no. Siempre hubo dificultades con ese tema. Incluso las puso la Embajada de Israel, que no dejaba entrar al predio. Después hubo muchas investigaciones que no dieron ningún resultado. Hay que seguir investigando”, concluyó Belluscio.

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