EL PAíS › EL ROL DEL JUEZ CLAUDIO BONADIO EN LA INVESTIGACIóN DE LAS IRREGULARIDADES EN LA INSTRUCCIóN DEL ATENTADO A LA AMIA

Cuando el encubrimiento es por partida doble

En 2005 la Cámara Federal le sacó el expediente por no investigar y ocultar sus vínculos con Carlos Corach, Juan José Galeano y Fino Palacios. Ahora se sabe que, además, armó una causa paralela y hasta visitó en la cárcel al comisario que estaba acusado.

 Por Raúl Kollmann

A 24 horas del inicio del juicio sobre la forma en la que se desvió la investigación del atentado contra la AMIA, poco se sabe sobre las increíbles maneras en que se tapó a los funcionarios y policías que armaron pistas falsas o frenaron partes de la investigación. Un episodio poco conocido es que el juez Claudio Bonadio instruyó la causa por las irregularidades del caso AMIA desde el principio, en 2000, hasta 2005, cuando la Cámara Federal se la sacó porque no había investigado nada. Y no sólo eso, acusó al juez por haber ocultado que trabajó con quien debía investigar, Carlos Corach, y ocultó también que era amigo del juez Juan José Galeano así como del comisario Jorge “Fino” Palacios. Por esa maniobra fue enviado al Tribunal de Disciplina del Consejo de la Magistratura. Pero tras cartón, Bonadio protagonizó durante otros cinco años una maniobra asombrosa: le dio curso a una causa paralela y hasta visitó en la cárcel de Marcos Paz, como amigo, a Palacios, cuando en teoría lo investigaba por haber frustrado allanamientos del caso AMIA. El trasfondo exhibe, además, una guerra en la que el espía Antonio “Jaime” Stiuso presentó una denuncia contra Bonadio por encubrir el encubrimiento, es decir, por favorecer a sus amigos Palacios, Galeano y Corach.

Cinco años

De 2000 a 2005 Bonadio supuestamente investigó las maniobras del caso AMIA. Sin embargo, la Cámara Federal le quitó el expediente el 17 de noviembre de 2005 porque consideró que el juez no había movido la causa ni un milímetro, beneficiando a su amigo Juan José Galeano y a quien fuera su jefe, el ex ministro del Interior, Carlos Corach. Una copia del fallo fue enviado al Consejo de la Magistratura para que resolviera si debía tomar medidas disciplinarias porque Bonadio no declaró que había sido asesor de Corach e integrante de su equipo durante cuatro años.

José Manuel Ubeira, el abogado del ex comisario Juan José Ribelli, había recusado a Bonadio justamente por esa razón: carecía de imparcialidad para investigar a su ex jefe Corach. Pero el abogado cometió un pequeño error: en la recusación dijo que Bonadio estuvo con Corach en el Ministerio del Interior y el magistrado contestó que nunca trabajó en ese ministerio. Lo que ocultó Bonadio es que fue, durante cuatro años, subsecretario general y secretario de Legales de Corach en la Secretaría Legal y Técnica. “Bonadio ocultó información –dice el fallo de la Cámara–, generando serias dudas sobre la corrección de la conducta del recusado, que ocultó los cargos que ocupó. Por ello debe intervenir el Tribunal de Disciplina del Consejo de la Magistratura.”

La causa por las irregularidades se inició en 2000 a raíz de la declaración del ex secretario de Galeano, Claudio Lifschitz, quien contó, desde adentro, como fueron las maniobras en el caso AMIA. Sin embargo, Bonadio tardó cinco años para llamar a alguien a indagatoria y lo hizo justo cuando todos los que convocó a declarar –nada menos que treinta– debían testimoniar en el Consejo de la Magistratura contra Galeano. Así, ninguno pudo ir al Consejo con el argumento de que podrían auto-incriminarse en la causa judicial. O sea que con ese llamado a indagatoria Bonadio estaba beneficiando a su amigo Galeano.

En el marco de una guerra entre espías y policías –SIDE versus Policía Federal–, Stiuso tomó buena parte de los hechos para acusar a Bonadio de actuar a favor del policía Palacios. Muy poco antes de ser desplazado, Stiuso, con la colaboración del fallecido fiscal Alberto Nisman, presentó en noviembre de 2014 la denuncia contra Bonadio.

Firmas

La documentación demuestra que cuando ya era público que estaban a punto de quitarle la causa, en agosto de 2005, Bonadio aceptó armar un expediente paralelo, el 10507/05.

Lo que se investigaba originalmente era que el comisario Palacios debía allanar domicilios de la familia de Alberto Kanoore Edul el 1º de agosto de 1994, pocos días después del atentado contra la AMIA. La sospecha contra Kanoore venía porque ocho días antes del atentado llamó por teléfono a Carlos Telleldín, el armador de autos truchos que tuvo en su poder la camioneta que –según el Tribunal Oral– fue usada para cometer el atentado. Pero, además, hubo un camión que dejó un volquete frente al edificio de la AMIA cinco minutos antes de la explosión. En la hoja de ruta que tenía el chofer del camión figuraba que pasó por un predio de Kanoore Edul antes de dirigirse a la AMIA. A esto se agrega que la empresa de volquetes tenía antecedentes de haber comprado Amonal, el material usado en el explosivo.

Más allá de la solidez de estas evidencias, lo cierto es que se ordenó el allanamiento a tres propiedades de Kanoore Edul. En los procedimientos hubo todo tipo de irregularidades, lo que motivó la denuncia contra Palacios. El jefe policial o alguien de su entorno registra dos llamados a celulares pertenecientes a Kanoore, lo que hace suponer que le avisaron del procedimiento. En lugar de allanar a la mañana, se hizo mucho más tarde, cuando todos en la cuadra sabían que se estaba por tomar esa medida. Se hizo un allanamiento, otros dos no se concretaron y prácticamente no se secuestró nada.

Durante aquella jornada del 1º de agosto, Kanoore Edul padre, conocido de Carlos Menem, se dirigió a la Casa Rosada y se entrevistó con el hermano del presidente, Munir. Eso llevó a que sólo se hiciera uno de los tres allanamientos y que se suspendiera la intervención telefónica a los Edul. Mientras a algunos imputados se le hicieron escuchas durante años, a los Edul se los dejó de escuchar al día siguiente.

Todos estos elementos eran materia de investigación, junto con la desaparición de cassettes, el pago a Telleldín y otras irregularidades. Pero en 2005, en agosto, el fiscal Nisman presentó una nueva denuncia porque uno de los policías que participó del allanamiento a Kanoore Edul, el principal Carlos Alberto Salomone, declaró que la firma en las actas no era la suya, que se la falsificaron. En lo que fue claramente una maniobra inexplicable, Bonadio –que intuía que le quitaban la causa principal de las irregularidades– armó un expediente paralelo. En lugar de poner, como correspondía, la cuestión de la firma trucha en el expediente de las irregularidades, dejó la denuncia en una causa aparte en la que, supuestamente, sólo se investigaban las firmas falsas.

Amigos

Con ese expediente paralelo en sus manos, Bonadio se dedicó a recopilar información. Pidió medidas que no tenían nada que ver con las firmas: los números de celulares que se usaron en los allanamientos, los entrecruzamientos de llamadas, información acerca de los testigos y que se le remitan todas las declaraciones. Según la denuncia de Stiuso contra Bonadio el objetivo era juntar los datos que necesitaba la defensa de Palacios.

Aun en esa causa paralela, Bonadio tardó tres años en llamar a Palacios a declaración indagatoria. Lo hizo en noviembre de 2008, pero antes libró un oficio a la UFI- AMIA reclamando “todos los informes y listas de comunicaciones y quienes hicieron los llamados”. En otras palabras, estaba pidiendo –dice la denuncia de Stiuso– todos los datos existentes sobre el celular 154-446-0442 que supuestamente usaba la gente de Palacios y desde el cual se comunicaron con Kanoore Edul antes de los allanamientos.

Al final, Bonadio le echó la culpa de las actas falsas a otro comisario, Carlos Antonio Castañeda, pero como era de esperar, la Cámara anuló el procesamiento de Castañeda y también le quitó esta causa a Bonadio, con durísimas críticas. Eso ocurrió en mayo de 2010.

El siguiente paso fue el lógico: que el expediente referido a las firmas truchas del allanamiento se uniera a toda la investigación sobre el encubrimiento y las irregularidades. Por eso quedó en manos del juez Ariel Lijo: “las actuaciones en el caso de las firmas deben ser anuladas –escribió Lijo– porque han sido realizadas por un magistrado cuya continuidad frente a la investigación de las irregularidades del atentado contra la AMIA estaba vedada por su falta de imparcialidad”. Esta decisión fue confirmada por la Cámara Federal.

Visita

Antes de ser apartado del expediente paralelo, cuando Bonadio todavía investigaba a Palacios, el magistrado visitó al comisario en el penal de Marcos Paz, según otra denuncia, esta vez realizada por el fiscal Alberto Nisman en 2010. Nisman entregó un informe en el que dejaba constancia que Bonadio visitó a Palacios en diciembre de 2009.

Al cuadrado

Al juicio oral que empieza mañana se llega después de 19 años en que los familiares, principalmente los agrupados en Memoria Activa, pelearon para que los que frenaron pistas y desviaron la investigación fueran juzgados.

En el banquillo estarán sentados, por primera vez en la historia, ex gobernantes, ex jefes de inteligencia, un ex juez, ex fiscales y un ex dirigente de la comunidad judía (ver aparte). El Tribunal Oral que intervino entre 2000 y 2004 dijo sobre ellos que “protagonizaron un armado al servicio de políticos inescrupulosos”. En la mesa de reflexión realizada el lunes en el Colegio de Abogados, familiares y letrados coincidieron en que Bonadio también tendría que estar en el banquillo de los acusados:

- Tuvo en sus manos la causa por el encubrimiento a lo largo de cinco años. La Cámara lo desplazó porque no había hecho nada y porque había ocultado que instruía un expediente en el que se investigaba a su ex jefe –Corach– y a sus amigos, Galeano y Palacios.

- Armó, también durante cinco años, una causa paralela en la que ahora se lo denuncia por prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Pero ya antes de la denuncia, la Cámara le sacó este expediente y luego se anuló todo lo que hizo. Familiares y letrados coincidieron el lunes en que, al estilo de la actuación de Bonadio, hubo un permanente encubrimiento del encubrimiento: jueces, fiscales y factores de poder que hicieron todo lo posible para que este juicio no se hiciera.

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El juez federal Claudio Bonadio supuestamente investigó, entre 2000 y 2005, las maniobras para encubrir el atentado a la AMIA.
Imagen: Joaquín Salguero
 
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