EL PAíS › LA CORTE QUIERE INSTALAR EL NARCOTRAFICO COMO EJE PROSELITISTA

Flagelo y panacea

La Corte Suprema intenta instalar el narcotráfico como problema central de la democracia argentina y a la justicia como su panacea. Uno de los coordinadores elegidos no podrá integrar la comisión porque será indagado por cobrar protección a narcotraficantes. La influencia de Bergoglio y la Iglesia Católica. La Corte se arroga atribuciones de otros poderes. También declaró inconstitucional la ley de subrogancias y atribuyó a María E. Vidal el control de contaminación de Papel Prensa.

 Por Horacio Verbitsky

Imagen: Joaquin Salguero.

Mientras la Corte Suprema de Justicia convocaba a una Comisión Judicial para la Lucha contra el Narcotráfico, la Policía de Seguridad Aeroportuaria allanaba el juzgado federal de San Ramón de la Nueva Orán y secuestraba expedientes que probarían la existencia de una asociación ilícita que tarifaba la protección a narcotraficantes. Su titular, Raúl Juan Reynoso, fue el asesor de la Corte Suprema para el establecimiento de aquella comisión, y el miércoles deberá formular su descargo en la declaración indagatoria a la que fue citado por su colega de Salta, Julio Leonardo Bavio. Fueron detenidos media docena de abogados a quienes se considera intermediarios para el pago de sobornos al juez, quien goza de inmunidad contra arresto mientras el Consejo de la Magistratura no lo suspenda. Otra abogada, que atendía sus asuntos desde el propio juzgado, está prófuga, se supone que en Bolivia. El episodio pone de relieve un punto central de la problemática desdeñado por la Corte y por los dirigentes políticos que recurren a la demagogia punitiva como argumento proselitista: las redes policiales y judiciales de ilegalidad sin las cuales las organizaciones criminales no podrían prosperar. La inclusión de las Fuerzas Armadas en la tarea, como se propuso durante la campaña electoral, sólo extendería esa descomposición al instrumento elegido de la Defensa Nacional y elevaría los niveles de violencia y el costo humano, tal como ocurrió en México y Colombia.

Política de Estado

El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, ha instalado la cuestión del comercio ilegal de drogas como si fuera el principal problema de la democracia argentina. Sigue en esta línea a la Iglesia Católica que, bajo la conducción del papa argentino Jorge Bergoglio, pugna por impedir la despenalización del consumo de sustancias estupefacientes. Para ello, la Corte debe ignorar lo sustancial de su propio pronunciamiento en el caso Arriola, de 2009, que declaró inconstitucional el castigo al consumidor, y poner el acento en algunas sugerencias marginales del mismo fallo al poder político como la exhortación a perseguir el narcotráfico y ocuparse de la salud de los consumidores. A principios de 2011, cuando todavía encabezaba el Episcopado católico, Bergoglio definió los temas centrales en el calendario eclesiástico: drogas, pobreza e inseguridad. Una vez consagrado Sumo Pontífice, ratificó esa agenda.

Con la nueva comisión, la Corte avanza en forma temeraria sobre la división de poderes. Tanto Reynoso como el juez que lo investiga, Bavio, participaron en el encuentro de jueces y camaristas federales realizado en Orán en mayo de 2014 para analizar “los aspectos operativos y técnicos que conciernen a la grave problemática del narcotráfico”. Ése fue uno de los antecedentes que Lorenzetti tuvo en cuenta para crear la comisión. También asistió la jueza federal Zunilda Niremperger, quien atiende tres juzgados en Chaco y Formosa. En abril de 2014, Niremperger se había reunido en el Vaticano con Bergoglio con quien no habló de asuntos espirituales sino del narcotráfico. En marzo de ese año, el Episcopado católico había pedido “medidas urgentes” para combatir el narcotráfico, que formen parte de una “política de Estado”.

La misma expresión utilizó Lorenzetti al abrir la reunión de los jueces y camaristas el martes pasado y justifica el establecimiento de la Comisión en la Acordada 28/15, firmada dos días después de la primera vuelta electoral. Allí la Corte sostuvo que desde el año 2009 “ha advertido con insistencia que es necesario enfrentar el problema del narcotráfico y toda la actividad delictiva vinculada con este flagelo”. El uso de la palabra flagelo asociada al comercio ilícito de drogas forma parte del enfoque bélico del problema, que también se advierte en el nombre de la comisión. Política de Estado es una categoría que desde el Consenso de Washington se aplica a los reclamos de las grandes potencias y de los poderes fácticos que deben ser sustraídos del debate político y delegados para su ejecución en cuadros técnicos, que en este caso serían los jueces. Al difundir la Acordada, la oficina de prensa de Lorenzetti filtró en forma extraoficial que “fueron convocados para manejar el timón el juez federal de Orán, Salta, Raúl Reynoso, el presidente de la Cámara Federal porteña Martín Irurzun y el juez en lo Penal Económico Claudio Gutiérrez de la Cárcova”. La designación de Reynoso fue frenada por la oportuna intervención del camarista Luis María Cabral, ex presidente de la Asociación de Magistrados, quien advirtió a su amigo Lorenzetti de las graves acusaciones que habían formulado contra el juez de la frontera el fiscal federal de Salta Eduardo Villalba y el fiscal a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, ante la denuncia de un abogado de Orán, por las cuales el juez Bavio ordenaría luego el allanamiento y las detenciones.

Disparen contra Aníbal

Esto no ocurre en el vacío, sino en medio de la disputa electoral por la sucesión de la presidente CFK, en la que la Iglesia Católica intervino de modo activo en contra del candidato oficialista a la gobernación bonaerense. Tanto en las PASO, donde fue ostensible el apoyo eclesiástico a Julián Domínguez y Fernando Espinoza, como en la elección general de octubre, en la que promovió el corte de boleta, el aparato confesional se movilizó en contra de Aníbal Fernández, pese a que fue uno de los funcionarios del gobierno de Néstor Kirchner que abogó por una mejor relación con el cardenal porteño. Cuando Fernández propuso la despenalización del consumo, en línea con el fallo Arriola, quien lo cuestionó desde la Iglesia Católica fue el sacerdote José María Di Paola, desde 2014 coordinador de la Comisión Nacional de Drogodependencia del Episcopado. Sucedió en ese cargo al vicealmirante (R) Horacio Florencio Néstor Reyser, cuyo enfoque sobre las drogas es el que predica el Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses, es decir una cuestión de seguridad nacional. Luego de seis años al frente de esa comisión eclesiástica, Reyser continúa como vicerrector de la Universidad Católica de San Isidro, que define su misión como de servicio a los más pobres. También integra el Observatorio de Prevención del Narcotráfico (Oprenar), creado a instancias del Papa Francisco y el Observatorio de Prevención del Narcotráfico de Universidades Privadas. En vísperas de la primera vuelta electoral Oprenar presentó a Daniel Scioli, Maurizio Macrì y Sergio Massa 25 propuestas de políticas públicas sobre el tema, cuya elaboración fue supervisada por el Papa. El coordinador del Observatorio es el presbítero Guillermo Marcó, quien durante ocho años fue vocero de Bergoglio y también participa el ex árbitro de fútbol y sindicalista de los docentes de enseñanza privada, Guillermo Marconi. Esas iniciativas incluyen el fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público, la prevención y control del lavado de activos, el tratamiento y rehabilitación del adicto y políticas de seguridad. Entre las políticas de seguridad que recomiendan está la pena de muerte sin juicio previo ante la mera sospecha, claro que no la llaman así sino “ley de derribo”. Forman parte de Oprenar distintas instituciones de la Iglesia o vinculadas con su jerarquía, como el Consejo Superior de Educación Católica, la Junta Coordinadora de Asociaciones de la Enseñanza Privada, la Academia Nacional de Educación, la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa, la Pastoral Universitaria del Arzobispado de Buenos Aires), la Universidad Austral, la Universidad Católica Argentina (UCA), la Universidad Católica de La Plata (Ucalp), la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) y la Universidad del Salvador (USAL), y el Consejo de Rectores de Universidades Privadas. Oprenar también utiliza el vocablo flagelo y cuestiona las propuestas de “liberalizar el consumo recreativo” de algunas drogas, como la marihuana, iniciativas que atribuyen a “un pseudoprogresismo de carácter individualista”. De este modo se pronuncia por el mantenimiento de la criminalización de los adictos, que constituye la principal caja de recursos espurios para el personal corrupto de las fuerzas de seguridad.

Durante el coloquio de IDEA, se realizó un almuerzo dedicado al narcotráfico, al que el embajador de los Estados Unidos Noah Mamet asistió con especialistas de su país. Los principales oradores fueron el juez Reynoso, quien mostró un exacerbado chauvinismo al identificar el narcotráfico con la colectividad colombiana asentada en Orán; Guillermo Marconi por Oprenar y la candidata de la oposición que diez días después competiría por la gobernación de Buenos Aires con Aníbal Fernández, María E. Vidal. Una bendita actividad de campaña.

Ni olvido ni perdón

Al presentar a la nueva comisión, Lorenzetti soslayó cualquier prescindencia política partidaria y elogió a una de las principales dirigentes del PRO, con quien dijo que mantenía un trato de cooperación. Reveló que la diputada Patricia Bullrich lo había interesado en su proyecto de ley sobre la extinción de dominio de los bienes secuestrados, “para la lucha económica contra el narcotráfico”, ignorando que hay otros de distintas fuerzas. Terminado el acto formal en la Corte, Lorenzetti insistió ante varios participantes en la conveniencia de apoyar el proyecto de Bullrich, acaso deslumbrado por su impar deriva de Montoneros al menemismo, la Alianza, la Coalición Cívica Libertadora y el PRO, trayecto que no es indiferente al abogado de Rafaela.

Mientras, en todo el mundo el paradigma de la guerra contra las drogas está bajo severo embate, ante la comprobación de sus contraproducentes resultados desde que fue instituido por el ex presidente de los Estados Unidos Richard Nixon, hace 44 años. La persistencia de Bergoglio y Lorenzetti consiguió instalar el tema en la campaña electoral, primero a través de Sergio Massa, en su intento por congraciarse con el prelado cuya remoción como arzobispo de Buenos Aires gestionó ante el Vaticano durante su desempeño como jefe de gabinete de ministros. Bergoglio no olvida ni perdona: Massa es el único candidato al que no recibió durante la campaña electoral y la semana pasada eyectó del obispado de Zárate-Campana al obispo Oscar Sarlinga. Apenas tiene 52 años, pero debió irse ahora porque fue el elegido por Massa, por el ex nuncio Adriano Bernardini, por el ex embajador en el Vaticano Esteban Caselli y por el cardenal Leonardo Sandri para sustituir a Bergoglio como arzobispo de Buenos Aires. Por eso, desde el lanzamiento de su candidatura, Massa sobreactuó la adhesión a cada una de las propuestas del papa Bergoglio.

Pero en vistas al balotaje, también los finalistas coquetean con ese discurso, que incluye la ilógica participación de las Fuerzas Armadas en las tareas policiales para las que no están capacitadas y que conduce sin escalas a su corrupción (como ya se ha visto con las policías de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires) y desprofesionalización, tal como ya lo comprobaron los militares argentinos durante la guerra por las islas Malvinas. La plataforma política de Cambiemos sostiene que es preciso modernizar las fuerzas armadas ante “las nuevas amenazas del crimen organizado transnacional, los ciberataques, el terrorismo internacional”. El encargado de los equipos de Defensa del macrismo es el titular de la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el ex mayor (R) Juan José Gómez Centurión, para quien el debate político sobre defensa y seguridad “atrasa medio siglo”. Esto obedecería a “una patología política”, debida a “la historia argentina en materia de gobiernos de facto” y a la guerra de Malvinas. La Defensa Nacional salió de la agenda política porque “determinados sectores encontraron una forma sostenida de hacer política con la historia. Debaten políticamente para atrás y no para adelante. Entonces esto fue desarrollando como un complejo en materia de defensa y de militarización, como si fuera lo mismo”. A su juicio las Fuerzas Armadas deberían intervenir en apoyo de las fuerzas de seguridad, dentro de una planificación para enfrentar “modelos modernos de amenaza” (sic), entre los que mencionó el terrorismo, el narcotráfico y el delito transnacional. Gómez Centurión propone una declaración de emergencia de seguridad para que las Fuerzas Armadas, luego de una reforma de las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior, se desplegaran “en apoyo al control fronterizo en aire, tierra, mar y ríos”, lo que “permitiría involucrar más gendarmes y prefectos en el control de las rutas y en la seguridad urbana”. El experto amarillo cita en su aval al Episcopado y la Corte Suprema y no teme que el contacto con el crimen trasnacional corrompa a las fuerzas militares, dado su “fuerte esquema disciplinario, con una moral preparada y orientada hacia la acción” (como pudo apreciarse entre 1976 y 1990). Además propone una “recuperación de capacidades de las Fuerzas Armadas”, sobre la base de inversión estructural, reequipamiento y modernización tecnológica (http://desarrolloydefensa.blogspot.com.ar/2015/10/reportaje-sobre-defensa-al-licenciado.html). Para el mayor Gómez Centurión, la Argentina “sin defensa, está al borde de pasar a ser un estado fallido”. Ésa definición del establishment de seguridad nacional de los Estados Unidos se ha usado para justificar intervenciones militares en otros países. Pero durante un seminario sobre políticas de defensa realizado en la Universidad de Belgrano, Gómez Centurión compartió la mesa con Elisa Carrió quien desechó por “absolutamente descabellada” la propuesta de Massa de incorporar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el tráfico de drogas. Las mismas contradicciones se poducen en el Frente para la Victoria. Mientras Scioli prometió blindar la frontera empleando Fuerzas Armadas contra el narcotráfico, su presunto ministro de Seguridad, Sergio Berni, sostuvo que “hay que cambiar de paradigma porque el modelo de la militarización y de la penalización, impulsado por Estados Unidos ha fracasado en todo el mundo, donde cada vez hay más droga y más barata. Las Fuerzas Armadas no sirven para luchar contra el narcotráfico porque no tienen investigación, y como ejemplo tenemos las experiencias nefastas de Colombia y México. Las fuerzas de seguridad están mejor preparadas y equipadas para eso”.

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