La Justicia jujeña camina en una sola dirección. Mientras le imprime velocidad a la denuncia presentada por el fiscal de Estado provincial –por orden de Gerardo Morales– contra cooperativistas por el supuesto delito de “fraude a la administración pública”, dilata al extremo el pedido de cese de detención de Milagro Sala y frena las presentaciones judiciales contra el gobernador por “abuso de autoridad en la suspensión de la personería jurídica de la organización social Tupac Amaru” y “un intento de allanar la sede del partido político sin orden judicial”. Ayer, la policía detuvo a Pablo Tolosa, ex vocal del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ), que se suma a otros dos detenidos (cuyos nombres la Justicia mantiene en secreto) y libró la captura internacional de un “prófugo” en la causa donde están imputados 18 dirigentes sociales por presunto “fraude a la administración pública” y otra por los supuestos delitos de “extorsión” y “asociación ilícita”, donde está incluida Sala, presa desde hace 14 días por una protesta frente a la gobernación.

Tolosa fue detenido por la policía en su casa de la localidad de San Pedro, a 64 kilómetros de San Salvador de Jujuy, y fue trasladado a la capital provincial por pedido de la fiscal Liliana Fernández Montiel en el marco de la nueva causa abierta contra Milagro Sala, cooperativistas y ex funcionarios del IVUJ. Su abogado defensor, Efraín Garay, aseguró que la policía no allanó la vivienda de Tolosa, que estuvo en el IVUY desde enero de 2014 hasta noviembre de 2015.

La detención del ex funcionario provincial se produjo un día después de los allanamientos ordenados por el juez de feria Gastón Mercau en la casa de Milagro Sala en el barrio Cuyaya de la capital jujeña y en la oficina de una cooperativa de la Tupac Amaru en el barrio Alto Comedero. Ese mismo día también fue allanada una vivienda en inmediaciones del Dique La Ciénaga, localidad de El Carmen, donde –según fuentes judiciales– fueron detenidos dos hombres, de los que la Justicia reservó su identidad.

En la denuncia presentada por el fiscal de Estado, Mariano Miranda, por el supuesto “fraude a la administración pública” están imputados 18 dirigentes sociales y cooperativistas, mientras que en otra, el fiscal acusa a Sala, Marcia Sagardía y la diputada provincial Mabel Balconte, por los supuestos delitos de “asociación ilícita” y “extorsión”, y que también fueron imputadas por la Justicia jujeña.

Pero la selectividad jurídica-política de Miranda excluyó de las denuncias a los ediles José Bejarano y Leopoldo Basualdo y el diputado provincial Emilio Cayo, todos electos por las listas de Fuyo –el partido jujeño liderado por Milagro Sala–, quienes están ligados a las cooperativas y participaban del acampe pero que luego decidieron abandonar la plaza para pactar un acuerdo político con Morales. El gobernador los había denunciado públicamente pero ahora se fotografía con ellos para mostrar que avanza en su objetivo de aislar a Sala y la Tupac.

Basualdo y media docena de dirigentes que hasta hace poco integraban la Red de Organizaciones Sociales que encabeza la Tupac aparecen como denunciantes en la causa presentada por Miranda. Cayo, en tanto, está imputado pero libre en la misma causa por “tumulto” e “incitación a cometer ilícitos” por la que Sala está presa.

La Justicia jujeña que “no garantiza los derechos constitucionales de todos los ciudadanos” afirman los cooperativistas de la Tupac, cuyo acampe en la céntrica Plaza Belgrano cumplió ya 45 días. Aunque no es su único cuestionamiento. La causa presentada hace una semana contra Morales “por abuso de autoridad” por quitarle la personería a la Tupac desobedeciendo las reglamentaciones que establecen las constituciones de la Nación y la provincia no avanza.

Los abogados de Sala no fueron notificados de las nuevas causas en que la justicia la imputa ni pudieron ver el expediente que le negó el juez Gastón Mercau, porque “se están produciendo otras medidas probatorias”. Es el mismo magistrado que dilata su resolución sobre la excarcelación de Sala, por cuya detención “arbitraria” reclamaron Amnistía Internacional, el CELS y otros organismos de derechos humanos, eurodiputados y 30 diputados de 17 países que integran la Celac y que consideran que es Milagro Sala “una presa política” en la Argentina.