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El gobierno nacional decidió poner fin a los 50 años de reinado de Carlos Juárez y Nina Aragonés en Santiago del Estero. Ayer definió que la intervención federal es la única salida al caos institucional que vive la provincia, ante la contundencia de los informes elaborados por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación sobre las violaciones a los derechos humanos y las maniobras de espionaje a opositores y a la Iglesia en territorio juarista. El presidente Néstor Kirchner enviará al Congreso en los próximos días el proyecto de ley y desde el Gobierno descuentan que tendrán el aval de la bancada justicialista.
“El final de los Juárez está cerca”, era la frase que se escuchaba a última hora cerca del Presidente. Según explicaron desde el Gobierno, la decisión de avanzar sobre los Juárez con una intervención provincial fue definida ayer al mediodía, y el detonante fueron los últimos informes de la Secretaría de Derechos Humanos que desnudaron el espionaje y seguimiento de opositores políticos y miembros de la Iglesia. Hombres de máxima confianza de Kirchner señalaron ayer que aún no manejan nombres sobre quien podría llevar adelante esta medida. “Esto tiene que ir primero al Congreso”, explicaron.
Kirchner y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, mantuvieron ayer una reunión en la que la suerte del matrimonio Juárez quedó echada. El jueves, Fernández recibió sobre su escritorio la documentación en la que quedaban en evidencia “situaciones de enorme complejidad en la provincia”. Desde Héctor Ruiz, el intendente de La Banda y uno de los máximos opositores al matrimonio de la gobernadora Nina Aragonés y del veterano ex mandatario Carlos Juárez, hasta el mismo obispo Juan Carlos Macarone y el gobernador César Iturre fueron víctimas de estas maniobras.
Voces cercanas a Kirchner aportaron ayer otro elemento que llevó la situación a un punto de quiebre: el nombramiento días atrás de Carlos Juárez como ministro de Economía de su mujer, para refugiarse como su mujer bajo sus fueros de las causas judiciales que lo acechan.
Estos datos se sumaron a la larga lista de violaciones a los derechos humanos que salieron a la luz desde que estalló el escándalo por el doble crimen de La Dársena en junio de 2003. Desde entonces la posibilidad y la necesidad de intervenir la provincia se barajó desde distintos sectores. Aunque en los últimos tiempos el tema estaba congelado, esta semana se volvió a precipitarse.
Desde que se desató la crisis institucional, en el Congreso la oposición pidió al gobierno nacional la intervención del Poder Judicial de la provincia, completamente controlado por el juarismo. “No son tiempos políticos”, había sido hasta ayer la posición en la Casa de Gobierno. La táctica elegida por el Ejecutivo fue el desgaste de los Juárez a medida que fueran saliendo a la luz las irregularidades y las violaciones a los derechos humanos.
Casi siempre se habló de la necesidad de una intervención parcial, en reflejo de un viejo fantasma: la intervención de todos los poderes de la provincia ordenada en 1993 por Carlos Menem luego del Santiagazo que estalló en junio de ese año. Esta medida duró hasta 1995 y el producto de ella fue la victoria de Carlos Juárez en las elecciones para gobernador.
Para socavar las bases del régimen juarista, en noviembre de 2003 la secretaría que conduce Eduardo Luis Duhalde impulsó desde los tribunales federales la reapertura de las causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura en Santiago, a partir de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Esto condujo a numerosas causas anteriores a 1976, más específicamente al período que se inició en 1973, cuando Carlos Juárez era Gobernador. Esto destapó la responsabilidad del viejo caudillo justicialista en crímenes de lesa humanidad, y como publicó Página/12, está en la mira de la Fiscalía Federal de Santiago por la desaparición de cuatro ciudadanos santiagueños.
En diciembre de 2003, el Gobierno envió una comisión de investigación de la Secretaría de Derechos Humanos. El escenario con el que se encontróesta comisión fue la crisis institucional “orgánica” del peronismo santiagueño. Entonces estallaron las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos y se desnudó la trama de torturas de la policía dirigida por el ex comisario Antonio Musa Azar. El diagnóstico fue que los poderes judicial y legislativo estaban bajo las órdenes del matrimonio Juárez.
Hasta finales de 2003 la historia de la crisis política abierta en Santiago del Estero, sólo parecía capaz de devorar a Musa Azar y a los otro los otros cinco detenidos por el crimen de La Dársena. Pero el fin del hombre que gobernó cinco veces la provincia y el de su esposa parece ser también una realidad. Al menos eso aseguran cerca de Kirchner.