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Por Felipe Yapur y Eduardo Tagliaferro

Santiago del Estero ya está intervenido. El matrimonio Carlos y Mercedes Aragonés de Juárez, que manejó la provincia con mano de hierro durante 50 años, está detenido. Pero para que esto se concretara, antes el Senado tuvo que aprobar la ley que remitió el Ejecutivo. La sesión, que se desarrolló durante la madrugada de ayer, fue más corta que la de Diputados, pero ello no impidió que la interna justicialista se expresara, aunque tibiamente. También sirvió para desnudar complicidades históricas dentro del PJ y de la UCR con los caudillos santiagueños. La sanción definitiva se consiguió con 52 votos afirmativos, sólo dos negativos y una abstención. Curiosamente, estos tres últimos votos corresponden a senadores justicialistas.
Diez minutos antes de las cuatro de la mañana, el vicepresidente Daniel Scioli anunció la aprobación de la ley que determina la intervención por 180 días, prorrogables por 180 más, de la provincia norteña. A esa hora, la designación de Pablo Lanusse ya había sido anunciada por Página/12.
Miguel Pichetto, el presidente del bloque del PJ, debió antes superar la rebeldía de algunos de sus colegas, que aprovecharon el caso Santiago para hacer sentir sus quejas por el tumultuoso congreso partidario de Parque Norte y que en un momento hicieron temer por la suerte de la iniciativa presidencial.
Superado el incidente, al rionegrino le cupo la responsabilidad de argumentar a favor del proyecto. “Hubo una paciencia muy grande del Poder Ejecutivo” para tomar la decisión y que –a su entender– “esperó quizá más de lo tolerable para que la provincia resolviera su crisis de gobernabilidad, pero la solución no llegó”. La frase del rionegrino no fue antojadiza, sino que daba cuenta de una serie de mensajes que Juárez le envió al presidente Kir- chner en el último mes y donde le aseguraba que su esposa estaba a punto de renunciar. Eso sí, lo hacía –como confesó a Página/12 un senador con llegada directa a la Rosada– a cambio de cierta protección en la causa por las estafas a la Anses. Juárez sólo obtuvo un no.
A diferencia de lo que sucedió en Diputados, la totalidad de los representantes de Santiago del Estero apoyó la intervención, pero como en la Cámara baja, los puntanos se opusieron al proyecto. La senadora Liliana Negre, tal como hizo su jefe político Adolfo Rodríguez Saá, puso las barbas en remojo. Los representantes de San Luis están convencidos de que la intervención es un precedente peligroso para el futuro de la complicada gestión de Alberto Rodríguez Saá. Es por ello que Negre insistió en que no podía acompañar la iniciativa: “En octubre de 2003, el entonces gobernador y la vicegobernadora –hoy gobernadora en la provincia por los motivos que ha apuntado el señor senador Mera– fueron votados por más del 60 por ciento de la población. Entonces, ¿qué pasó en tan pocos meses?”, se preguntó.
José Zavalía fue quizás el legislador radical que más duro atacó al matrimonio Juárez. Recordó que en 1991 el fraude le impidió triunfar en las elecciones a gobernador. Abundó en detalles sobre la condición prebendaria y clientelar de la gestión de los Juárez. Criticó con fiereza la anterior intervención, pero también dijo que durante mucho tiempo hubo mucha hipocresía en la política nacional respecto del viejo caudillo: “La hipocresía y el caradurismo de políticos de distintos partidos, incluso del mío propio, que hasta ayer aplaudían y alababan a Carlos Juárez”, dijo con vehemencia mientras sus colegas del bloque lo felicitaban. Zavalía sonreía como sin saber lo que sucedería unos minutos más tarde.
Cuando Scioli le dio la palabra a Vilma Ibarra, la senadora porteña introdujo un tema que no estaba en la agenda, pero que dio cuenta de la crisis que vive la representación política actual que en más de una oportunidad se expresa a través de complicidades entre la UCR y el PJ. Para demostrarlo, Ibarra sacó de entre sus carpetas una vieja versión taquigráfica del 21 de febrero de 2002. Ese día se debatió la renuncia que Juárez había presentado ante el Senado y donde varios senadores se lamentaron por tal dimisión. Uno de ellos fue Antonio Cafiero, quien en esa oportunidad dijo que le costaba disimular la emoción ante la renuncia presentada por Juárez, al que consideró “un ejemplo para la vida política de los argentinos”. Luego Ibarra leyó –para sorpresa de Zavalía– lo que dijo ese día: “Es cierto que hemos tenido duras discrepancias. Pero también es cierto que, más allá de lo que mucha gente piensa, el doctor Juárez me ha demostrado a mí y a todos los santiagueños que posee una gran vocación democrática y un gran respeto por las instituciones”.
Sin dar ejemplos, Cristina Fernández de Kirchner habló en el mismo sentido. Señaló que el caso de los Juárez está íntimamente relacionado con el sistema político del país. “La Argentina tiene un sistema de partidos políticos. Pero en realidad, hoy somos apenas un montón de siglas partidarias, con burocracias políticas enquistadas en ellas. A su vez, esta crisis de representación del sistema político se une a una fenomenal crisis social y económica. Entonces, el cóctel es explosivo”, advirtió.
La senadora Kirchner indicó que lo que sucede en aquella provincia hace necesario un cambio en el sistema de partidos políticos y anunció que esa impronta tendrá la intervención que conduce a partir de ayer el funcionario del Ministerio de Justicia, Pablo Lanusse.
Luego se votó, la mayoría fue abrumadora. El Congreso había cumplido la tarea encomendada por el Ejecutivo. La intervención fue hecha ley por las dos Cámaras en un día de labor.