EL PAíS › LA ESTRUCTURA ECONOMICA DE UNA PROVINCIA FEUDAL

Macondo reducido a un poroto

 Por Fernando Cibeira

Con la misma perversa lógica con la que a las gimnastas rumanas le retardaban el crecimiento para que pudieran rendir durante más tiempo, en los 50 años que manejó el poder en Santiago del Estero, Carlos Juárez puso en marcha una política que deliberadamente evitó promover la actividad privada para mantener a los santiagueños dependientes del empleo público y de la prebenda electoral. Juárez consiguió tener así en un puño el favor de los santiagueños que, temerosos de perder lo que poco que tenían, lo votaron cada vez que los convocaron. Porque del favor político no sólo dependían el trabajo en Santiago sino también la vivienda, la educación, la salud y hasta el agua potable.
Santiago del Estero no escapó del modelo que asoló al país durante la década del ‘90, con agudización del problema de desempleo y una concentración brutal de la riqueza. La diferencia entre ricos y pobres es allí de 33 veces, cuando al inicio de los ‘90 era de 15 veces. En eso tiene que ver también que en Santiago la actividad económica es mínima: apenas un 39 por ciento de la población se encuentra económicamente activa.
Esa preocupante quietud social hace que el índice de desempleo sea relativamente bajo, pero también son bajísimos los sueldos, lo que lleva a que muchos prefieran quedarse en casa esperando la ayuda social. El promedio del salario santiagueño es de 307 pesos mensuales, con un 20 por ciento de los trabajadores que cobra 100 pesos o menos.
La dependencia de los santiagueños del poder político abarcaba múltiples rubros. Por algo a Juárez lo apodan “Tata”, se ocupaba de todo. El 64 por ciento de los santiagueños no posee cobertura médica, por lo que debe acudir al hospital público a atenderse. El resultado es que el 40,4 por ciento de los menores de 6 años no tiene la vacuna Sabin, mientras que el 41 por ciento no tiene la Triple.
Los datos surgen de los trabajos realizados en la provincia por la consultora Equis. El titular de la consultora, el sociólogo Artemio López, explicó que la realidad de Santiago del Estero excede la de la literaria Macondo de Gabriel García Márquez porque “Macondo era una metáfora de un Estado excepcional, pero lo de Santiago está fuertemente vinculado a las condiciones del desarrollo económico de la Argentina”. También dijo que en Santiago se da “una ausencia total del desarrollo de las fuerzas productivas vinculadas con la industrialización, una característica común a las provincias en las que se forman vínculos cuasifeudales”.
Un ex ministro de Juárez, Antonio Calabrese, explicó que era una política juarista que no existiera la inversión privada, ni promoción industrial, ni ventajas impositivas. Nada que pudiera restarle importancia fundamental al rol del empleo público o a la ayuda social que distribuía discrecionalmente la gobernación. La única actividad privada que se mantuvo tenía que ver con la producción agrícola, en muchos casos con empresarios vinculados con el poder.
El modelo juarista, era de esperar, cerraba con una pésima educación. El 52,3 por ciento de los santiagueños apenas terminó el primario mientras que sólo el 24,4 por ciento terminó la secundaria. El 6 por ciento de la población es analfabeta absoluta, el doble que en el promedio nacional.
Algunos números sirven para demostrar el estado de postración en el que se encuentran los santiagueños y que llevará mucho tiempo revertir. Por ejemplo, que el 67 por ciento de los hogares no posee teléfono, el 27 por ciento no tiene heladera mientras que el 20 por ciento no cuenta con baño dentro de las instalaciones.
Ya es folklórico que en las provincias pobres del norte del país se repartan prebendas en época de elecciones. Pero en Santiago la buena relación con el poder político era tan vital que dependían de ese contacto cuestiones tan esenciales como la provisión de agua potable. El caso es emblemático para entender de qué forma influían los Juárez en la vida cotidiana de las personas. De acuerdo con el trabajo de Equis, un 38,4 por ciento de los santiagueños sufre la falta de agua potable. Lo notorio es que el 45,7 por ciento de los consultados aseguró que el agua se distribuía de manera arbitraria y colocó los favores políticos como una de las causas de esas diferencias en la distribución.

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