EL PAíS › COMENZO LA RONDA DE TESTIGOS CONTRA EL JUEZ GALEANO

Un oscuro porvenir para usía

La diputada Nilda Garré y el investigador Alejandro Rúa dieron testimonio ante el Consejo de la Magistratura. El proceso culminaría a principios de 2005, con la destitución del juez.

 Por Raúl Kollmann

La diputada Nilda Garré y el titular de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, Alejandro Rúa, fueron los dos primeros testigos que declararon en la ronda inicial de testimonios del juicio político contra el juez Juan José Galeano. Al magistrado se le imputa mal desempeño en sus funciones en la investigación del atentado contra la AMIA. Todo el proceso en el Consejo de la Magistratura podría tardar unos seis meses, tras lo cual se necesita el voto de los dos tercios de los consejeros para proceder al jury de destitución del magistrado. A su vez, ese jury lleva unos 120 días. Entre una cosa y la otra, Galeano sería despojado de su cargo a principios del año próximo.
Para usía el juicio político es de máxima importancia porque si resulta destituido perderá los fueros y en ese caso tendrá que afrontar cargos gravísimos que lo pueden llevar a la cárcel: entre otros, estafa procesal, instigación al falso testimonio, peculado, extorsión y una larga serie de delitos que, en combinación, pueden significar penas muy elevadas.
El pedido de juicio político fue realizado por Garré que contó con el respaldo de Alberto Zuppi y Pablo Jacoby, abogados de los familiares agrupados en Memoria Activa. Ayer se presentó un segundo pedido de juicio político, esta vez por parte de la otra agrupación de víctimas, Familiares, y también la Oficina Anticorrupción (OA), que lidera Daniel Morin, denunció al juez por sustraer fondos del Estado, lo que derivó en que el Ministerio de Justicia envió una copia de la denuncia al Consejo de la Magistratura para sumar como prueba al juicio contra Galeano.
Durante casi un año, el proceso de juicio político estuvo casi congelado. La instrucción había quedado en manos del ex camarista Jorge Casanovas, ladero de Carlos Ruckauf. Ante las presiones de varios integrantes del Consejo, Casanovas desistió de instruir el caso y la investigación pasó a ser realizada por el plenario del Consejo. En esa instancia, la diputada del ARI Marcela Rodríguez y el abogado Beinusz Szmukler tomaron la iniciativa y desde entonces se aceleraron las cosas.
Hasta el momento, está recogida lo que se llama la prueba documental que son testimonios y actas del juicio oral por el caso AMIA, partes de una causa que instruye el juez Claudio Bonadío por irregularidades en la investigación del atentado y ahora el texto de la OA. El siguiente paso es la convocatoria de testigos, proceso que se inició. Se hicieron presentes seis miembros que integran la comisión de acusación.
El titular de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, Alejandro Rúa, y la diputada Garré declararon esencialmente respecto del pago ilegal de 400.000 dólares que, por orden de Galeano, se le hizo a Carlos Telleldín. Se les preguntó si no se hizo un intento por utilizar la vía del Fondo de Recompensas, a lo cual Garré contestó que en ese momento no estaba reglamentado, pero que si el juez así lo pedía se reglamentaría inmediatamente. Sin embargo, no hubo ningún intento del magistrado de realizar el pago en forma oficial, sino que siempre se mantuvo en un plano secreto e ilegal, contestaron tanto Garré como Rúa.
También hubo cuestionamientos al magistrado porque no investigó la llamada pista Siria, cuya punta en la Argentina era un comerciante llamado Alberto Kanoore Edul. En su agenda se encontraron teléfonos de numerosos talleres mecánicos en los que se pudo armar el coche bomba y también el teléfono de Moshen Rabbani, el hombre al que Galeano considera el organizador del atentado. Kanoore Edul sostuvo que el número de Rabbani fue escrito en su agenda por su padre, algo por demás extraño, pero lo más notorio es que se tardó mucho en hacer una pericia caligráfica que demostró que Kanoore Edul mintió y que la letra de la anotación del teléfono era la de él mismo. También se acusó a Galeano de mantener en legajos ocultos parte del expediente, de recurrir a la SIDE para que le financiara distintos viajes, no investigar a fondo el origen de los explosivos y la relación con una cantera y, además, realizar maniobras con el testimonio del llamado testigo C, un iraní que vive en Alemania, y que fue interrogado sin control de las demás partes del proceso judicial. Hubo igualmente otras imputaciones de gravedad como la de coaccionar a determinados testigos mientras se hicieron arreglos con otros a cambio de hacer la vista gorda en delitos que cometieron.
La semana que viene declarará ante el Consejo Jacoby, el abogado de Memoria Activa, y está pedido el testimonio de un agente clave de la SIDE, Alejandro Stiusso, y de la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Tras el relevamiento de la documentación y los testimonios, la comisión de acusación debe decidir y luego se necesitan dos tercios de los votos de los consejeros para poner en marcha el jury contra el juez. Es muy probable que a todo este proceso se sume el fallo del tribunal oral, que sin duda va a enumerar irregularidades cometidas en la investigación, lo que pondrá a Galeano en una situación ya casi insostenible.

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La diputada Nilda Garré ingresando ayer al Consejo de la Magistratura para declarar como testigo.
 
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