EL PAIS › LA TRASTIENDA POLITICA DEL CASO NINE

El control, la coordinación y la euforia

 Por Martín Granovsky

Los colaboradores más frecuentes de Néstor Kirchner coinciden en dos cosas sobre su carácter en situaciones agudas. Una es que no escatima reproches cuando le parece que algo salió mal. Otra es su forma de felicitación. Es implícita: primero el hecho mismo de llamar al funcionario; pero sobre todo que comparte con él su conclusión política. Ayer, después de la liberación de Patricia Nine, fueron destinatarios de esas llamadas especiales el ministro del Interior, Aníbal Fernández, el número dos de la Secretaría de Inteligencia, Francisco Larcher, y el ministro de Seguridad de Buenos Aires, León Arslanian. También el gobernador de Buenos Aires, Felipe Solá.
A los tres primeros, el Presidente les dijo lo mismo. Recordó que cuando él comentaba que la liberación estaba cerca se basaba en indicios, no una simple corazonada o la expresión de una esperanza.
Kirchner dijo ayer que “cuando hay coordinación y todos van juntos a la ofensiva las cosas salen bien”.
La puesta en foto de la frase podría coronarse mañana con un encuentro de Kirchner y sus colaboradores con Solá y Arslanian.
El balance del Gobierno es que, esta vez, funcionó con éxito la coordinación entre las escuchas y los seguimientos de la SIDE y el cerco de los bonaerenses de mayor confianza de Arslanian en torno de la zona maldita de Merlo y Moreno. El cambio de táctica ante los secuestros había empezado con una reunión a principios de octubre, de la que informó en exclusiva Página/12, en la que Kirchner ordenó a las tres fuerzas de seguridad federales y a la SIDE que abandonaran la actitud expectante y ejercieran presión en la provincia junto con la Bonaerense. A partir de allí la mayoría de los secuestros empezó a ser resuelta, a veces con la irrupción en el lugar del rapto y a veces interceptando el pago. En ninguno de los casos murió una víctima, un escenario que, si se diera en alguna oportunidad, podría invertir el humor social. Ahora el ánimo es favorable a la táctica ofensiva. Podría dejar de serlo en un segundo.
Como sucede siempre con las cuestiones de seguridad, lo principal no es la táctica policial en el terreno, que si se convierte en dogma lleva al desastre. Importa más la postura del Estado.
Hace más de un año que el gobierno nacional se dio cuenta de que la crisis de seguridad en la provincia de Buenos Aires podía transformarse en un gran problema político, capaz de quitarle base de sustentación y, tras producir la erosión de Felipe Solá, desgastar al propio Kirchner.
Pero Kirchner recién terminó de convertir esa sensación en control efectivo luego de los desafíos –aunque no coordinados, convergentes– de Juan Carlos Blumberg y Gustavo Beliz. Uno aparecía como el emergente de la desesperación y el falso sentido común de las soluciones mágicas como el aumento sideral de las penas para terminar con el delito. Y Beliz hacía como que controlaba las fuerzas de seguridad mientras éstas se descontrolaban alegremente, autónomas o faltas de conducción.
El control presidencial consistió en verticalizar la Policía Federal despidiendo a la vez al jefe Eduardo Prados, al secretario de Seguridad Norberto Quantín y al mismo Beliz. A la vez se comprometió con la gestión de Arslanian en la provincia y, al remover el equipo nacional de seguridad, liquidó los recelos entre provincia y Nación.
La Bonaerense estaba feudalizada en una serie de bandas. La Federal estaba descomponiéndose, en un proceso que tuvo nombre y apellido en comisarios como César Pelacchi (menemista, actual jefe de seguridad de Aeropuertos Argentina 2000), Roberto Giacomino (ruckaufista, desplazado por Kirchner y Beliz) y Jorge “El Fino” Palacios, el de las conversaciones con el reducidor de autos Jorge Sagorsky, ahora en busca de trabajo en seguridad de empresas. Las dos realidades eran diferentes pero el criterio fue idéntico. El poder político decidió mandar. En la provincia, Arslanian explicó que había que terminar con cualquier nexo entre la política y la policía brava, pero que su función, desde el Ministerio de Seguridad, era ordenar el corte de cualquier relación ilegal de los policías con los políticos bravos. A nivel nacional, el contacto directo de Kirchner con las fuerzas federales de seguridad, que el nuevo equipo no obturó, apuntaba a la misma meta: a que, como dijo un funcionario, “les quedara claro cuál es la conducción única”.
La ecuación es simple. Cuanto mayor tensión haya sobre las fuerzas de seguridad, cosa que no significa ponerlas infantilmente en cuestión todos los días, menor vínculo habrá entre esas fuerzas y las cajas negras de la política. Y esa ecuación, se sabe, es decisiva para bajar el delito. La peor tradición argentina es poner a las fuerzas de seguridad e inteligencia como corporaciones, y dejar que después peleen terreno como tales. El cambio posible es que dejen de ser estructuras autónomas. Si eso termina de redondearse, la competencia entre una y otra no será una guerra de bandas sino un contrabalanceo democrático manejado y saldado por los gobernantes.
Si la nueva estrategia de seguridad tiene éxito en desarmar los episodios más angustiantes –el secuestro, como delito que se sigue produciendo, lo es por la tortura psicológica del suspenso– después hasta podría haber espacio para construir política en torno de la inseguridad, algo que en la Argentina falta.
Blumberg lo está realizando desde su posición, alimentada por el neopinochetismo chileno de Joaquín Lavín y el marketing de William Bratton, el ex jefe de policía de Nueva York que encandilaba a Domingo Cavallo y Beliz. Ayer mismo, poco antes de la liberación de Patricia Nine, dijo que Arslanian había puesto a la Bonaerense “de brazos caídos”, el mismo argumento que había esgrimido Carlos Ruckauf cuando torpedeó en 1998 la primera reforma provincial.
Pero hay otras opciones en el mundo, incluso en ciudades donde la vida vale mucho menos que en Buenos Aires y alrededores, como Río de Janeiro. Allí, la organización Viva Rio no cae en la tontería de decir que la inseguridad es un invento, pero tampoco se escapa de la política. Diseña y aplica métodos prácticos para desarmar a las favelas y sacar el miedo de los espacios públicos.
Parece ser que un Estado más activo aumenta la seguridad y reduce la percepción de inseguridad. Y parece que un Estado así, como pasaba con el elefante del cuentito, molesta a mucha gente. Está molesto, por ejemplo, el ex presidente Eduardo Duhalde, que pide analizar la intervención de las Fuerzas Armadas. Quizás lo que ocurre es que la mayor articulación política entre el Estado nacional y el bonaerense –entre Kirchner y Solá, entre Aníbal Fernández y Arslanian, entre las policías y la SIDE– sea un peligro para la vieja política territorial. Tal vez Duhalde, el gran regulador de conflictos en la provincia de Buenos Aires, haya reaccionado mostrando que vive en Montevideo no porque está retirado sólo porque lo considera un arrabal de Lomas de Zamora.

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