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“Actuaron con desprecio por los derechos humanos”

En los alegatos de su juicio político, dos camaristas fueron acusados de liberar ilegalmente a diez represores presos por la Masacre de Margarita Belén. El 5 de abril es el veredicto.

 Por Irina Hauser

Las vallas que rodeaban la entrada de sala de audiencias, la misma del Juicio a las Juntas, estaban tapizadas con las caras de los 22 presos políticos que fueron asesinados en la Masacre de Margarita Belén, en diciembre de 1976. Las fotos, a su vez, estaban rodeadas de flores, de margaritas. Ayer fue día de alegatos en el juicio político contra dos miembros de la Cámara Federal de Resistencia, Chaco, acusados de haber liberado con un artilugio legal a los diez represores que estaban detenidos por aquellos fusilamientos. Se trata de Tomás Inda y María Beatriz Fernández. “Estos jueces han protegido a los autores de aberrantes violaciones a los derechos humanos”, dijo la diputada Marcela Rodríguez (ARI), fiscal en el caso junto con el abogado Beinusz Szmukler. Los camaristas, presentes en el recinto, decidieron hablar frente al público. Dijeron que su fallo a favor de los genocidas es un asunto “opinable”.

El 5 de abril el Jurado de Enjuiciamiento, que preside la jueza de la Corte, Elena Highton de Nolasco, anunciará si destituye o absuelve a los camaristas. El tribunal tiene nueve vocales y requiere seis votos para remover a un juez. Rodríguez y Szmukler actúan como acusadores por el Consejo de la Magistratura, el cuerpo que suspendió a Inda y Fernández para enjuiciarlos por “mal desempeño”. La denuncia había sido presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales y la agrupación H.I.J.O.S del Chaco. El caso ya le costó el cargo a la fiscal ad hoc Ana María Torres, exonerada por el dictamen que sirvió de modelo a los jueces acusados.

Los consejeros-fiscales plantearon dos cargos contra ambos magistrados al pedir la destitución. Uno: haber usado un hábeas corpus de los represores para declarar incompetente al juez Carlos Skidelsky y anular su decisión de detenerlos. Esa aplicación, señalaron, era irregular y sólo buscó favorecer en forma premeditada a los militares. El segundo: haber armado una persecución (mediante denuncias) al fiscal Jorge Auat, quien los había cuestionado al insistir con las detenciones. Para Inda hubo un cargo más: no haber promovido la investigación de torturas cuando era juez en la dictadura, pese a las denuncias de detenidos a su disposición, entre ellos Néstor Sala, víctima de Margarita Belén. Además, los acusadores dicen que debió haberse excusado en los expedientes sobre la masacre.

La sala, ayer, estuvo casi llena. En los asientos, H.I.J.O.S había esparcido más margaritas. También hubo caricaturas de los jueces, mostrados como marionetas. En el público estuvieron el diputado K Carlos Kunkel –que estuvo preso durante la dictadura en el Chaco– y el sindicalista Julio Piumato.

“Inda y Fernández no son las víctimas, las víctimas son los muertos y familiares de la Masacre de Margarita Belén, que después de casi treinta años aún esperan justicia”, dijo Rodríguez. La diputada recorrió los vericuetos de la causa. “Estos jueces se negaron a custodiar el orden jurídico”, dijo. “Tuvieron absoluto desprecio por los derechos humanos, comprometiendo al Estado Argentino”, añadió. “Es uno de los casos más graves que han llegado a conocimiento de este jurado”, concluyó.

La jueza Fernández dijo que recibió el expediente sobre la matanza pocos meses después de ser ascendida por concurso, que fue perseguida durante el terrorismo de Estado y echada de la fiscalía de Estado. El fallo que liberó a los militares, sostuvo, “es opinable”. Miró a los miembros del jurado y les advirtió que su decisión puede condicionar “la independencia de los jueces”. Inda habló en sintonía y defendió su trayectoria. Argumentó que como juez en la dictadura no tuvo contacto directo con las víctimas de los crímenes de lesa humanidad.

Szmukler señaló “incongruencias” en las explicaciones de los camaristas. Dijo que aunque le quitaran la causa a Skidelsky, los militares debían quedar presos igual y mostró que nunca hubo fallos similares. Para cerrar dijo: “En esta sala donde se creyó hace treinta años que había comenzado el fin de la impunidad, esperamos que losmiembros del Jurado no favorezcan la de quienes favorecen esa impunidad”.

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En Tribunales hubo fotos de las víctimas de Margarita Belén.
 
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