EL PAíS › DISCUSION POR LOS PROYECTOS DE LEY QUE DAN MAS PODER AL EJECUTIVO

Dos voces para una polémica

La oposición asegura que, en relación con la reglamentación de los decretos, se perdió una oportunidad de dar un salto institucional, como se hizo con la Corte Suprema. El kirchnerismo dice que no se propicia que el Congreso no se pronuncie y que, hasta que eso ocurra, esas normas quedan tambaleantes.

 Por Eduardo Tagliaferro


EL SENADOR SOCIALISTA RUBEN GIUSTINIANI
“Se perdió una oportunidad”

En la maratónica sesión en la que el oficialismo defendió la regulación de la comisión que debe aprobar o rechazar los decretos de necesidad y urgencia, el senador socialista Rubén Giustiniani había adelantado que “lo peligroso es que el Presidente recurra a los DNU como herramienta ordinaria de gobierno”. Actos de gobierno que no dudó de calificar como “discrecionales”. En diálogo con Página/12 Giustiniani insiste con su crítica a la facultad de “reasignar partidas”, como le gusta al oficialismo que se llame a los superpoderes. También explica que las fuertes críticas del kirchnerismo forman parte de una estrategia política, tener siempre alguien con quien confrontar y a su vez polarizar.

–¿Por qué se opone a la reglamentación del control de los DNU y a la modificación de la Ley de Administración Financiera?

–La delegación de facultades en el jefe de Gabinete va a determinar una menor necesidad de recurrir a los decretos de necesidad y urgencia. Por eso ambos temas deben analizarse en conjunto. Si se analizan los DNU dictados en los últimos dos años la mayoría son una necesidad tan sólo en materia administrativa. En sus dos mandatos Carlos Menem firmó 545 decretos que entre otros destinos tuvieron el de definir privatizaciones, desregular y limitar el derecho de huelga entre otras cosas. De la Rúa firmó 73 decretos en sus dos años de gobierno y hay que recordar la reducción salarial del 13 por ciento. Eduardo Duhalde dictó 158 DNU, entre los que se destaca el corralón financiero. Los DNU de Kirchner, 67 en el primer año y 45 en el segundo, tienen que ver con el manejo discrecional de los recursos públicos.

–El Gobierno dice que necesita los decretos para gobernar. ¿El Congreso es moroso?

–El manejo del gobierno está basado en decretos y en el crecimiento de Fondos Fiduciarios. Cada vez hay menos partidas con implicación presupuestaria y eso es una tendencia negativa, ya que si bien los fondos son auditados por la Auditoría General de la Nación y la Sigen, la administración sana dice que estos temas deben discutirse en el Parlamento. Vamos a la tendencia de que el presupuesto nacional sea un dibujo.

–¿Compartía algún punto de la propuesta de Cristina Fernández de Kirchner sobre la reglamentación de la comisión que regula los DNU?

–El jueves, en la sesión, planteamos que se estaba perdiendo la posibilidad de dar un salto institucional importante. Cuando el gobierno se autolimitó en el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema y presentó el tema de audiencias públicas fue un avance. El resultado está a la vista, tenemos una Corte con personas que prestigian al país.

–¿En qué punto se hubieran podido encontrar las posiciones de los oficialistas y la oposición?

–Si el jueves se le hubiera puesto un plazo al tratamiento de los DNU por el Congreso, se hubiera llegado a una votación por unanimidad. Sin embargo el oficialismo optó por armar un ring y subir allí a toda la oposición. Pero éste es el camino que elige siempre el oficialismo.

–¿Por qué cree que elige ese camino?

–Es una táctica política. El oficialismo se posiciona de esta manera, elige con quién confrontar y polariza.

–El oficialismo dice que las atribuciones que piden son las mismas que tienen todos los gobernadores e incluso intendentes como el de Rosario. ¿Qué responde?

–Estas atribuciones no tienen nada que ver con una intendencia que maneja un presupuesto infinitamente menor y un esquema de ordenanzas. Decir eso es desconocer cómo funciona un municipio y especialmente el de Rosario. Hay provincias que son un verdadero feudo, pero es peligroso nivelar para abajo.

–¿Por qué considera que el gobierno reclama la herramienta de la reasignación de partidas en este momento?

–Creo que el gobierno está en una cuenta regresiva frente al proceso electoral del 2007 y por eso necesita un manejo discrecional de los fondos públicos. Lo negativo de esto es que después de 12 años, se desaprovechó la oportunidad de limitar los DNU, que son una mala práctica.

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DIANA CONTI, DIPUTADA OFICIALISTA
“El control continúa vigente”

La mayoría de los legisladores del oficialismo que hablan públicamente de los superpoderes lo hace en total coincidencia con el Gobierno, sin fisuras ni objeciones secundarias. Algo similar ocurre cuando se les pregunta por el proyecto para regular los Decretos de Necesidad y Urgencia. Con la salvedad de que estudió las iniciativas en profundidad, ya que aún no ingresaron a la Cámara baja, la diputada Diana Conti señala que “si la presencia de un tope para reasignar partidas genera tranquilidad y un reaseguro, se podría incluir”. Paso seguido, explica que ambos temas se convirtieron en una verdadera batalla política con la oposición y tal vez por eso mismo no se conceda una coma. En Diputados, el oficialismo no tiene la cómoda supremacía que ostenta en el Senado y tal vez se vea obligado a hacer alguna concesión.

–¿Cuál es su posición sobre el proyecto de regulación de los DNU?

–Por fin se reglamenta lo que estaba en huelga de hacer por parte del Congreso desde 1994, fecha de la reforma constitucional.

–La oposición señala que si el Congreso no trata los DNU, el silencio lo convierte en una sanción ficta. ¿Qué dice usted?

–Ante el silencio, estamos frente a una aceptación ficta del Congreso. El proyecto no lo propicia. Que luego eso se convierta en una aceptación ficta o no, depende del Congreso, depende si éste se pronuncia o no. El proyecto impone la mitad más uno. Si la oposición quisiera, y se juntara, en Diputados podría rechazar los DNU ya que el oficialismo no tiene la mitad más uno. Es verdad también que para el rechazo de un decreto se necesita que las dos cámaras se pronuncien. Hasta ayer la oposición se quejaba porque no se reglamentaba la comisión bicameral.

–La oposición reclamó que se imponga un plazo para el pronunciamiento del Congreso, tal como la misma senadora Fernández de Kirchner propició cuando era diputada, en 2000.

–La fijación de un plazo en los proyectos que fueron presentados siempre dependía de quién era el oficialismo y quién la oposición. Ahora la oposición no dice que se están reglamentando los DNU sino que dice que se quieren legitimar los decretos. En alguna otra ocasión, Raúl Alfonsín estuvo de acuerdo en que pudiera haber aceptación ficta del Congreso, o que transcurriera un plazo de 60 días. El año pasado pensaba esto y me consta por haber compartido diálogos con él y con Raúl Zaffaroni. En ese momento le bastaba con que se reglamentaran los decretos.

–Hay quienes especulan con que luego de la reglamentación, el gobierno no enviará los DNU al Congreso y otros dicen que empleando sus mayorías pedirá una pronta aprobación de la mayoría de sus decretos. ¿Qué opina?

–Hasta que las cámaras legislativas no aprueben el decreto, éste tambalea. No es con el silencio que queda ratificado. Sigue vigente pero cuestionable. Cuando se habla de tratarlo de inmediato, debe entenderse que se habla de la próxima sesión a su tratamiento en la comisión. Si algún afectado reclama con un amparo, le darían la razón ya que hasta que no se trata no está vigente.

–¿Qué posición tiene frente a la reforma de la Ley de Administración Financiera?

–Es una ley de 1992, cuando la figura del jefe de Gabinete no existía. Se está adaptando esa ley a la reforma constitucional del ’94 y a las legislaciones provinciales que van en sintonía con lo que se reclama. Le permite al PEN administrar fácilmente y sin cometer arbitrariedades. El control parlamentario continúa vigente, el control social también.

–Se insiste en la necesidad de tomar medidas con urgencia. ¿Para el gobierno el Congreso es un estorbo?

–El Congreso no es un estorbo. Por suerte delegó la reestructuración de la deuda externa en el Ejecutivo porque tuvimos la negociación más exitosa que recordemos. El poder administrador tiene que estar centralizado. Dentro de la previsión del presupuesto hay que darle flexibilidad al administrador, que será el responsable político y penal de sus actos.

–La oposición reclamaba poner un tope de partidas posibles de reasignar...

–Si esas limitaciones traen tranquilidad y reaseguro se podrían incluir. Esta discusión se ha convertido en una batalla política. Y esos cambios me parece que no se puedan hacer ahora. Tal vez a fin de año, cuando se discute el presupuesto.

–¿Por qué la urgencia del Gobierno en conseguir esta ley?

–La urgencia es porque estamos en condiciones de readaptar la legislación que se discute en cada fin de año con el presupuesto. Esta ley da seguridad jurídica y como esta discusión tiene que ver con el dinero, frente a un gobierno exitoso la oposición habla de abuso de poder y concentración del poder.

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