“Para nosotros es un hecho auspicioso que la Corte Suprema se ponga a estudiar este tema y lo lleve a una audiencia pública. Un tema que no es de derechos humanos de la historia, sino bien de la actualidad. Vinculado con la vida y la subsistencia. Con el bienestar en la Ciudad”, dice Mario Kestelboim, defensor general de la ciudad de Buenos Aires y quien llevó al máximo tribunal el reclamo de Sonia Quisbeth Castro y su hijo, para que se les garantice una vivienda adecuada o un subsidio que represente un valor sustitutivo para costear el alojamiento. “El derecho a la vivienda forma parte de aquellos derechos fundamentales, esenciales, de la persona, que no pueden quedar al libre arbitrio de un solo poder del Estado”, argumenta el defensor.

–Está demostrado que el límite presupuestario no lo están ejecutando en su totalidad. No han agotado los recursos que tienen asignados para resolver la emergencia habitacional, como dio cuenta la Comisión de Vivienda de la Legislatura. Pero priorizan gastar en otras cosas: construyen bicisendas, ponen alambradas en las plazas, por poner dos ejemplos. Lo que ofrecen para la gente en situación de calle son subsidios limitados y los precarios paradores y albergues, que no admiten familias.

–Sí, en la medida en que representa una situación límite: una mujer sola con un chico enfermo que están en la calle. Los derechos de los niños están por encima de los derechos de los mayores y más con problemas de salud. Suponiendo la existencia de recursos limitados, se debe asistir a los que más necesidades tienen. De todos modos, esto dará pie al debate jurídico más amplio del derecho a la vivienda. Desde el punto de vista constitucional, existe un derecho a tener una vivienda digna o los medios necesarios para que puedan vivir dignamente. El derecho a la vivienda está en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y la Corte ya ha dicho que los derechos también son operativos, es decir que requieren un cumplimiento progresivo.