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Un hombre de su tiempo

Aunque a menudo la memoria popular guarda de un líder, aun de los más extraordinarios, el recuerdo de una única acción, frase o idea, un hombre es siempre muchas cosas: Raúl Alfonsín fue católico, chascomusense, hincha de Independiente, buen lector, abogado con inclinaciones politológicas y, sobre todo, dirigente de la Unión Cívica Radical. Un hombre de partido.

 Por José Natanson

Origen político. Había nacido el 12 de marzo de 1927. De padre comerciante y madre ama de casa, descendiente de gallegos republicanos y alemanes, estudió en la Escuela Normal de Chascomús y en el Liceo Militar, y más tarde se recibió de abogado en la Universidad de La Plata. Pero lo suyo sería siempre el comité, la lista y la elección. Alfonsín realizaría, prolijísimo paso a paso, el cursus honorum que en tiempos pre videopolíticos marcaba el ascenso o el ocaso de cualquier biografía: concejal durante el primer peronismo, diputado provincial durante la Revolución Libertadora y diputado nacional en tiempos de Arturo Illia.

A comienzos de los ’70, Alfonsín era ya el principal referente de las corrientes progresistas del radicalismo. En un clima de creciente polarización, con las organizaciones guerrilleras asestando sus primeros golpes y las fuerzas paragubernamentales de derecha cerrando el cerco represivo, Alfonsín descartó la opción armada y orientó su energía política al partido. En 1972 creó el Movimiento Renovación y Cambio y pocos meses después fue derrotado por Balbín, que se alzó con la candidatura presidencial para los comicios del año siguiente. Antiperonista de izquierda, Alfonsín rechazó el planteo de unidad nacional con el peronismo impulsado por el viejo líder y se afianzó como el conductor del polo antibalbinista de la UCR, con un discurso que defendía la democracia social y hasta la reforma agraria.

En 1975, en un clima de creciente violencia, Alfonsín fundó, junto a Jaime de Nevares, Adolfo Pérez Esquivel y Alfredo Bravo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el primer organismo de este tipo que funcionaba en la Argentina. No era ya un simple militante sino un político de renombre, y los militares optaron por dejarlo en paz durante la larga noche del Proceso. En 1982 fue uno de los pocos políticos en oponerse a la Guerra de Malvinas. Un año después llegaría su gran momento.

La gloria. Alfonsín entendió mejor que nadie que 1983 no era sólo una oscilación más del péndulo cívico-militar que había mareado siempre a la política argentina, sino el inicio de una era completamente nueva. Tras derrotar internamente al balbinismo liderado por un jovensísimo Fernando de la Rúa, Alfonsín lideró una campaña que, como ninguna desde la de Perón del ’46, logró sintonizar con el clima de época, marcado por el lema de los derechos humanos, la recuperación de la paz y la consolidación de la democracia.

Alfonsín se miraba en el espejo de la transición posfranquista y soñaba con una Argentina al estilo de la democracia más sólida de la región, la venezolana, con su afianzado bipartidismo adeco-copeyano. Y soñaba también, como el Kirchner del 2003, con liderar una fuerza definitivamente socialdemócrata –fue Alfonsín quien impulsó, contra la voluntad del balbinismo, el ingreso de la UCR a la Internacional Socialista– frente a un peronismo al que veía como antiguo y conservador, pero que al renovarse en clave cafierista complicaría sus planes.

Argentina vivía un renacimiento de la política de partidos. No eran las personalidades ni las redes clientelares ni la televisión quienes ocupaban el centro de la escena, sino las fuerzas de masas, que lograban records de afiliaciones, disputaban internas, organizaban actos masivísimos: el radicalismo, que por primera vez ganaba una elección sin proscripciones, y el peronismo, cuyo primer fracaso electoral definiría el inicio de su conversión democrática.

Alfonsín, que como todos los grandes líderes fue tanto un adelantado como un producto de su época, consolidaría a partir de allí una cosmovisión y una sensibilidad políticas en clave de juego interpartidario permanente, a veces en equilibrio y a veces en conflicto, con su propia persona liderando uno de los dos polos. Alfonsín no podría, nunca, ser Rafael Caldera, el viejo lobo venezolano que en 1958 cofundó el sistema bipartidista pero que en 1994, intuyendo el ocaso de los partidos, rompió con su propia fuerza para volver a la presidencia disfrazado de oustsider. Alfonsín fue hasta el final un hombre de partido.

Gobierno en disputa. Su gobierno, como el de cualquiera que se proponga cambiar algunas cosas, vivió en tensión permanente, entre la audacia y la concesión: su política económica fue al principio arcaica, casi de posguerra, continuó más tarde con los planes de shock ochentistas de Sourrouille y viró, sobre el final y como a desgano, hacia las privatizaciones y la apertura económica, para concluir con el caos hiperinflacionario. Su política de derechos humanos fue en un inicio valiente y única, con la Conadep y el Juicio a las Juntas, para derivar –luego de, todo hay que decirlo, tres levantamientos militares– en el Punto Final y la Obediencia Debida. Cuando Alfonsín dejó la presidencia había siete altos jefes militares condenados a prisión perpetua, 27 procesados, tres condenados por Malvinas y 92 procesos iniciados contra los carapintadas.

Pero no todo su gobierno fue una transición conflictiva entre la esperanza y la desazón. Se dirá, en estos días de duelo, que su gran legado fue la democracia. Y será cierto, por supuesto, aunque con la ventaja de tiempo tal vez sea bueno poner las cosas en perspectiva: al fin y al cabo, la democracia llegó por esos mismos años a toda la región, de Perú y Brasil a Chile y Uruguay, y en ninguno de esos países existía Alfonsín. Por eso quizá convenga mirar al ex presidente no como el gran artífice de la democracia sino como el padre de nuestra democracia: qué tipo de democracia tenemos y en qué medida es responsable de la voluntad de Alfonsín.

En un interesante artículo publicado en este diario en noviembre pasado, Jennifer Adair y Ernesto Semán controvierten la versión domesticadora del gobierno de Alfonsín y la tendencia a pasteurizar su legado. Y es que Alfonsín hizo cosas que a menudo se olvidan: desnuclearizó la relación con Brasil (poniendo la semilla de lo que luego sería el Mercosur), impulsó la primera (y hasta el momento única) consulta popular de la historia argentina, avanzó en el control civil de las Fuerzas Armadas y lanzó los primeros planes sociales masivos (porque era también el primer momento en que se reconocía a la pobreza como un problema nacional). Entre una y otra decisión, protagonizó una relación conflictiva con lo que algunos llaman poderes fácticos: la Iglesia, los sindicatos, los militares, el gobierno estadounidense y, al menos al principio, los empresarios. Ese sí era un clima destituyente.

Como el primer Kirchner, Alfonsín insistía en abrir frentes de batalla: la faz crispada de la democracia argentina, esa sensación de conflicto irresuelto, siempre latente, es también una herencia de su presidencia. Y es un herencia sensatamente reivindicable: aunque algunos se obstinen en criticarla como una deformidad autodestructiva, puede ser vista también como el signo de una vitalidad inconformista capaz de dotar de densidad y riqueza a nuestra democrática.

Con la democracia. Como se sabe, el origen del radicalismo se remonta a la resistencia intransigente de Alem y las luchas por las elecciones limpias. Fue radical el primer presidente cabalmente demócratico de la historia argentina (Yrigoyen), fue antirradical la primera gran dictadura (la de la Década Infame), y no es casual que haya sido el radical Alfonsín el primer presidente del segundo gran ciclo democrático de nuestra historia.

Pero los partidos radicales no son un invento argentino sino un fenómeno más general de principios del siglo XX, nacidos con el objetivo de conquistar la democracia y el sugrafio universal. En casi todos los países se extinguieron una vez alcanzado su fin supremo, pero en Argentina los golpes militares prolongaron su razón de ser: la democracia siguió siendo una bandera a defender. Por eso, cuando en 1983 Alfonsín desplegó su discurso de democracia y derechos humanos, tocaba una cuerda muy actual y muy profunda a la vez que conectaba con una historia arraigada. “La reiteración de los enunciados del preámbulo de la Constitución servía para reconfirmar al radicalismo como un partido de ciudadanos preocupado por el fortalecimiento de las instituciones, y se articulaba con la promesa de que la democracia se asociaría, además, al bienestar” (Ana Virginia Persello, Historia del radicalismo, Edhasa).

En el prólogo del libro que Alfonsín tituló Memoria Política (Fondo de Cultura Económica), Juan Carlos Portantiero, el intelectual que mejor expresó sus años de gloria, escribió: “Muchos de quienes componen mi generación descubrieron, a partir del proceso iniciado en 1983, conmovidos por el rezo laico del Preámbulo, el valor de la democracia y del estado de derecho que hasta entonces habíamos despreciado en nombre de otros ideales”. Lo que Portantiero no dijo es que el mayor triunfo de Alfonsín –la definición de nuestra democracia– fue también el comienzo del declive de su partido, y del suyo propio.

Lejos del gobierno, no del poder. Sin embargo, incluso después de dejar el gobierno Alfonsín siguió siendo el líder de la UCR. Después de él no hubo más: De la Rúa terminó muy pronto y muy mal, sin el poder ni la gloria, y la brillante generación de políticos que había crecido bajo su sombra –los Storani, los Jesús Rodríguez, los Nosiglia– es hoy un seleccionado de canosas promesas incumplidas. Y entonces fue Alfonsín –con su inagotable paciencia para cultivar a punteros y dirigentes, comer asados con ellos, recorrer el país una y otra vez, haciendo equilibrio sobre la delgada línea que separa el internismo fratricida de la democracia interna– quien condujo a la UCR en las grandes decisiones adoptadas tras su alejamiento de la presidencia.

Siempre en clave partidaria. El Pacto de Olivos fue un acuerdo interpartidario que Alfonsín intentó presentar como el último recurso para salvar a la democracia de un abismo institucional que solo él veía y cuyo resultado fundamental no fue, como él quería, un gobierno de equilibrio pluripartidario, sino el fin del bipartidismo tradicional y el surgimiento del Frepaso. Años después, la Alianza nació también como un acuerdo interpartidario que funcionó como un oportuno pulmotor que le permitió a la UCR estirar su vida útil un par de años. Y ya en el nuevo siglo, el pacto con Eduardo Duhalde –el dirigente peronista con el que Alfonsín mejor se entendió siempre– permitió parlamentarizar al frágil gobierno y protegerlo de la furia social cacerolera (lo que a su vez contribuyó a estabilizar la economía, sacar del medio a Menem y ordenar la política hasta las elecciones del 2003). La era K lo encontró ya viejo y cansado, pero no vencido. Su última gran jugada fue la candidatura de Roberto Lavagna, que le permitió salvar la ropa a la UCR y prolongar la ilusión de que todavía conserva una razón de ser, un motivo por el que vivir.

Sepelio. Alfonsín no sufrió el poder, como De la Rúa, pero tampoco lo disfrutó con ese placer rayano en la perversión típico de Menem. En este sentido quizá se pareció más a Kirchner: tenía unas pocas ideas y la decisión de aplicarlas, pero no era un fanático sino un hombre de su tiempo dotado de flexibilidad y pragmatismo. No sufrió ninguna acusación seria de corrupción y no era un hedonista, aunque gozaba de la buena mesa y el buen vino, el fútbol y los amigos. Estaba casado y tenía seis hijos, de los cuales sólo uno, Ricardo, se dedica a la política. Su salud, hasta ese momento de hierro, comenzó a agravarse luego del accidente automovilístico que sufrió en junio de 1999, y en los últimos años vivió acosado por un cáncer de pulmón con metástasis ósea, que ayer acabó con su vida.

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