A la misma hora que en la Corte Suprema de Justicia se oficializará la formación de una Comisión Interpoderes para acelerar los juicios a represores, en el primer piso de Comodoro Py los jueces de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal escucharán argumentos a favor y en contra del alojamiento en unidades castrenses de militares imputados en delitos de lesa humanidad. Pese a que la Ley de Defensa Nacional prohíbe a las Fuerzas Armadas intervenir en tareas de seguridad interior y el Ministerio de Defensa informó a los jueces que los cuarteles no deben ser cárceles ni los soldados guardiacárceles, aún hay 18 imputados por crímenes de lesa humanidad en unidades militares por orden judicial. La audiencia tratará el caso del coronel José Luis Marchisio y de los civiles Carlos Faraldo y Rubén Ledesma, ex miembros del Destacamento de Inteligencia 123, alojados aún en el Grupo de Artillería 3 de Paso de los Libres. Víctor Aldave, hasta ayer en la misma situación, fue excarcelado por problemas de salud. Pese a que la Cámara Federal de Corrientes declaró la nulidad de los procesamientos a los responsables del centro clandestino La Polaca, los represores siguen detenidos, imputados en otros expedientes. Los abogados Rodolfo Yanzón y María Dolores Aragón, de la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos e H.I.J.O.S., respectivamente, presentaron ayer un escrito ante Casación en el que destacan que el alojamiento de imputados viola las funciones específicas que competen a las Fuerzas Armadas e implica incumplir la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas e implantar fueros especiales que la Constitución prohíbe.