El resultado de la reunión entre Cristina Fernández de Kirchner y José Mujica llevada a cabo ayer en Colonia fue recibido con desconfianza por parte de los integrantes de la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú, que consideraron que el anuncio de volver a reunirse en dos meses con un plan de monitoreo ambiental acordado no es más que una forma de dilatar el conflicto. Otros, en cambio, interpretaron que la mandataria dejó en claro que exigirá que se verifique la contaminación tanto en el río Uruguay como en la planta de celulosa UPM (ex Botnia). Lo que no tomó por sorpresa a nadie fueron las críticas de la Presidenta al corte en Arroyo Verde.

Los asambleístas consultados por Página/12 coincidieron en que su decisión en cuanto a la continuidad o no de la protesta quedará supeditada a la forma en que el monitoreo se lleve a cabo y a quiénes sean los responsables de implementarlo. Anoche discutieron en asamblea cuál será la postura que adopten para esperar estos 60 días. Entre otras opciones, se analizó un posible endurecimiento de las medidas de lucha.

Los ambientalistas de Gualeguaychú aguardarán a que el monitoreo sobre el río Uruguay –en especial sobre la pastera– se ponga en marcha para evaluar sus acciones futuras. Uno de los integrantes del espacio, José Pouler, criticó las palabras de la Presidenta al asegurar que fueron “ambiguas como siempre” en lo que refiere a la búsqueda de pruebas sobre la contaminación. Pouler, además, exhortó al Gobierno a realizar el monitoreo “para demostrar que Botnia contamina y así lograr el desmantelamiento de la fabrica”. Si se hace para cumplir con una “formalidad”, aclaró, entonces “nunca aplacará el reclamo del pueblo”. Martín Alazard, otro asambleísta, subrayó que le “alegra si se realiza un monitoreo en la planta”, ya que interpretó que CFK dejó en claro que esa es la intención del Gobierno.

Los ambientalistas reclaman la toma de muestras en la boca de la chimenea de UPM y en el caño vertedero de desechos que hasta el momento han sido infranqueables para los argentinos. Cualquier otra metodología, anticiparon, será rechazada.

Pouler también se mostró en contra de lo expresado por la mandataria en referencia al bloqueo: “Esta medida es una circunstancia, lo que perjudica no es el corte sino la pastera”, afirmó. “La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) fracasó rotundamente”, subrayó Gustavo Rivollier, al sostener que este anuncio “sólo dilata el conflicto”, y consideró que es una “salida política” que tienen ambos gobiernos ante una negociación que, a su criterio, está “bloqueada”.

Martín Alazard, en tanto, se mostró expectante acerca de cómo se implementará y quiénes serán los responsables, aunque subrayó que “las presiones sobre el Uruguay tienen que seguir existiendo”. Al cierre de esta edición los activistas discutían reunidos en el Club Frigorífico las posturas a adoptar para aguardar estos dos meses hasta que se vean los resultados de las gestiones. Unos proponían esperar sin modificar su plan de lucha. Otros, los más duros, sugerían una batería de acciones para continuar con la protesta.

Por su parte, los integrantes de la agrupación Ciudadanos Movilizados –que bregan por la libre circulación en la ruta 136– ayer se encontraban esperanzados en que, con la fuerte condena de Fernández de Kirchner al bloqueo, se encaminara el diferendo para que el paso fronterizo se abra.