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Perdidos en el desierto

Cristina Fernández reinstaló el debate sobre la ley de servicios audiovisuales de comunicación. Un repaso que permite observar la degradación que, en democracia, sufrió la actual ley de radiodifusión. Y algunos criterios para lo que habrá que discutir.

 Por Santiago Marino y María Graciela Rodríguez *

Se suele ubicar la década de 1990 como el período del avance y consolidación del neoliberalismo, un sustantivo totalizador que, sin embargo, no termina de describir con justicia los matices, los grises del proceso. Pero no todas las décadas pensadas en estos términos empiezan en los años “cero”, los múltiplos de diez. En Argentina la década de los noventa empezó en 1989, el mismo año en que ocurrió la represión estudiantil en la plaza de Tiananmen y en el que caía el Muro de Berlín. Los procesos locales hablan de sucesos menos globalizados, pero igual de importantes en términos de los cambios ocurridos en el país.

El año1989 fue clave para pensar estos virajes de sentido: Carlos Menem ganó las elecciones con un discurso distinto al neoliberalismo que aplicaría en el gobierno. Tras la hiperinflación, la pobreza llegó ese año al 27 por ciento, con niveles de marginalidad nunca antes vistos en el país: la tasa de desocupación pasó del 7,1 por ciento en 1989 al 16,6 en 1995, alcanzando su record en mayo de 2002 con el 21,5. Por otro lado, en 1989 se produjo un cambio radical de los modos de obtención de visibilidad de los sectores populares con los saqueos a supermercados, los cortes de ruta, los escraches y otros repertorios de protesta social.

Devastadora en cuanto a la aplicación concreta de políticas económicas regresivas, la larga década neoliberal también incluyó mecanismos que implicaron la configuración de una matriz sociocultural que hizo y hace posible la implementación de esas mismas políticas. En agosto de 1989, con la sanción de la Ley 23.696 de Reforma del Estado, se flexibilizaron puntos clave de la Ley de Radiodifusión (22.285/81) que impedían hasta entonces la conformación de multimedios y la propiedad cruzada de medios de comunicación, lo que permitió que empresas dueñas de medios gráficos accedieran a las licencias de canales de TV abierta materializando la primera privatización: los canales 11 (Telefé) y 13 (Grupo Clarín).

Suena paradójico, pero la norma de facto que regula la radio y la televisión se degradó, democráticamente hablando, en democracia. Así, en 1989 se inicia la definitiva privatización de los medios masivos de comunicación y el comienzo del proceso de consolidación de los trusts de información y entretenimiento que extenderían su cartera de negocios hacia el cine, la televisión por cable y la conexión de Internet.

¿Cómo ha tramitado y cómo tramita actualmente la comunicación masiva el proceso de inclusión/exclusión democrática? ¿Cómo procesa esta sociedad las contradicciones que generan las políticas regresivas? ¿Qué consensos se traman? Y lo más significativo: ¿alguien recuerda cómo era la oferta mediática antes de la conformación de los oligopolios multimedios? Posiblemente pocos, porque los procesos intersubjetivos que construyen las matrices de sentido se asientan (aunque no totalmente, sí de modos pregnantes) en los consensos que día a día tejen los grandes medios de comunicación.

¿Será ésta la oportunidad para una ley de radio y televisión democrática, en democracia, que termine con el monopolio de la palabra? El anuncio de la Presidenta en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso debe materializarse en el debate y la aprobación de la ley, una ley que consolide el accionar de miles de medios alternativos, espacios de militancia, colectivos sociales, investigadores sociales, que intentan escribir otra historia, contra las urdiembres de los grupos concentrados de medios. Como hormigas en el desierto. Esperando que la democracia de verdad deje de homologarse a la falsa idea de que los medios democratizan las voces. Una falacia que se alimenta de las políticas neoliberales, aquella que iguala visibilidad a representación política, y que se consolida día a día con la anuencia de una ley de la dictadura.

* S. Marino es magister en Comunicación y Cultura y docente UBA y María G. Rodríguez es doctora en Ciencias Sociales y docente Unsam y UBA.

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