EL PAíS › BAJó LA TENSIóN Y EL “CAMPO” FIRMó UN ACUERDO

Bajó la tensión y el “campo” firmó un acuerdo

La reunión duró más de cinco horas y contó con la sorpresiva presencia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El Gobierno reconoció que evalúa intervenir en la compraventa de granos, pero dijo que le dará participación al Congreso.

 Por Fernando Krakowiak

El Gobierno y la Mesa de Enlace firmaron ayer acuerdos para incentivar la producción de leche, trigo, carne y economías regionales, dándole continuidad a la negociación iniciada una semana atrás. Luego de esa primera reunión, la relación se había vuelto a tensar por las durísimas declaraciones de los ruralistas en el Congreso y por el rumor sobre la creación de un organismo público para intervenir en el mercado de compraventa de granos. Sin embargo, ayer pareció que nada de eso había ocurrido. Hubo consenso en temas claves para el sector y la ministra de la Producción, Débora Giorgi, prometió que la mayoría de las medidas se implementarán en un plazo de quince días. La sorpresa estuvo a cargo de Cristina Fernández de Kirchner, quien apareció en medio del encuentro e invitó a los ruralistas a formar parte del Consejo Económico y Social. Entre los temas a resolver sigue la pulseada por las retenciones a la soja y la posible intervención oficial en la compraventa de granos, que el Gobierno no descartó.

La reunión, que se extendió por más de cinco horas, generó una expectativa similar a la de los tiempos del histórico lockout de 2008. Los ruralistas habían adelantado que si el Gobierno decidía “estatizar” el comercio de granos la reacción sería peor que la suscitada por la Resolución 125 e incluso llegaron al absurdo de publicar una solicitada el sábado pasado criticando lo que era sólo un rumor. Ayer el ministro del Interior, Florencio Randazzo, les confirmó que el Gobierno evalúa una iniciativa de esas características, pero aseguró que una vez que tengan definido el proyecto le darán participación al Congreso. La respuesta calmó a los dirigentes rurales, pues ellos consideran que el oficialismo no está en condiciones de reunir la mayoría necesaria para aprobarlo.

La sorpresiva visita de la Presidenta también ayudó a bajar la tensión. Cuando apenas había pasado una hora de reunión, Cristina Fernández apareció sorpresivamente, conversó sobre algunos temas puntuales de carácter sectorial durante dos horas y los invitó a sumarse al nuevo pacto social que se está impulsando.

Los ruralistas valoraron el gesto, pero a esta altura del conflicto está claro que lo que más los conmueve es el bolsillo y también para esa víscera tan sensible hubo respuestas. El Gobierno se comprometió por escrito a implementar, en un plazo de quince días, un conjunto de medidas para incentivar la producción de leche, trigo, carnes y economías regionales, las cuales en su mayoría ya habían sido anunciadas el martes 24 de febrero.

Las mayor novedad fue para el sector ganadero. Tal como adelantó Página/12 ayer, el encaje de exportación se redujo al 65 por ciento. Esto significa que los frigoríficos podrán exportar el 35 por ciento de lo que tengan en sus recámaras. También se otorgará una cuota adicional anual de exportación de carne de 60.000 toneladas, que se suma a las 550.000 vigentes, y se implementará un ROE diferenciado de administración rápida para los cortes de alto valor como lomo, bife angosto, cuadril, bife ancho y tapa de cuadril. Estas medidas se supone que les servirán a los productores para que les paguen un poco más el kilo vivo, porque hasta ahora los frigoríficos pisaban el precio argumentando que había muchas restricciones para exportar.

En lo que refiere a los productos lácteos, eliminará todas las retenciones vigentes (actualmente están en cinco puntos), otorgará subsidios de 10 centavos por litro a los tamberos que producen hasta 3000 litros por día y pondrá además otros 200 millones de pesos para subsidiar la cría de terneros macho overos en guachera (engorde hasta 130 kilos).

También subirán el precio de referencia del trigo destinado al mercado interno de 370 a 420 pesos por tonelada (13,5 por ciento) y se modificará el sistema de compensaciones. El Estado venía compensando a productores y molinos, pero a partir de ahora sólo subsidiará a los molinos por la diferencia entre los 420 pesos y el valor de pizarra que recibirá el productor. Además, el acta aclara que se articulará la apertura del registro de exportaciones de granos. Esto provocará una mayor competencia entre molinos y exportadores por el saldo exportable. Por lo tanto, el productor debería cobrar el “precio pleno”.

“Nosotros esperamos que esto ponga fin al conflicto”, afirmó Randazzo al referirse al conjunto de las concesiones otorgadas. La gran mayoría de las medidas surgieron de la mesa de negociación “reservada” entre el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el titular de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati. Ayer Página/12 le preguntó a Biolcati si no sentía que le había dado el puntapié inicial a la negociación, pese a que sus gestiones habían terminado en un escándalo cuando salieron a la luz. “Se habían tratado estos temas, pero como conversaciones”, admitió el dirigente, aunque le quitó relevancia al hecho.

Pese a todas las concesiones que se le han venido realizando al sector, la Mesa de Enlace volvió a pedir ayer una rebaja en las retenciones a la soja. El Gobierno se niega a hacerlo para no afectar la recaudación en medio de la crisis financiera internacional. Sin embargo, los ruralistas aseguraron que seguirán insistiendo. “Vamos a ir al Congreso con propuestas porque creemos que hay otras alternativas de recaudación”, aseguró ayer el titular de Confederaciones Rurales Argentinas, Mario Llambías.

Si los empresarios avanzan por la vía legislativa para forzar una eliminación de las retenciones, es probable que el Gobierno decida intervenir en la compraventa de granos. Ayer Randazzo confirmó oficialmente que la iniciativa existe. “En un contexto excepcional hay que pensar en medidas excepcionales”, afirmó, pero prometió que se le dará participación al Congreso en caso de impulsar un proyecto de esas características. En caso de concretarse esa medida, las retenciones dejarían de existir porque sería el propio Estado el encargado de comprar y vender los granos a través de un organismo que puede ser totalmente estatal o mixto, con participación de los productores, como ocurre en otros países. Por ahora, la iniciativa está congelada para ver cómo evolucionan los acontecimientos.

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La reunión con los integrantes de la Mesa de Enlace se extendió por más de cinco horas.
Imagen: Jorge Larrosa
 
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