Según la American Civil Liberties Union, el 83 por ciento de los deportados de EE.UU. en 2013 no vieron a un juez de inmigración. De 438.421 deportados, 326.279 fueron expulsados por “procesos administrativos en los que el mismo oficial de inmigración era abogado, juez y carcelero”. En estas deportaciones sumarias, los afectados son coaccionados para que firmen formularios que quizá no comprenden y engañados sobre sus derechos. Muchos de ellos habían vivido años en EE.UU. y tenían hijos ciudadanos estadounidenses y en ocasiones hasta tenían la ciudadanía.