SOCIEDAD › EL TRIBUNAL DE FAMILIA DESAUTORIZó AL JUEZ Y LA CHICA CON DISCAPACIDAD VIOLADA PUDO ABORTAR

Un día de justicia en Bahía Blanca

Un juez cercano a la Iglesia Católica había frenado el aborto en un caso previsto por la ley. Recibió severas críticas y también el fallo de un tribunal que revocó esa medida. En el hospital pudieron finalmente interrumpir el embarazo.

 Por Mariana Carbajal

En el Hospital Penna, de Bahía Blanca, se concretó anoche el aborto no punible a la adolescente con discapacidad mental que había sido violada presuntamente en el seno de su familia y que vivía en el Patronato de la Infancia de esa ciudad. La interrupción del embarazo se realizó después de que el Tribunal de Familia de Bahía Blanca revocara por la tarde la medida cautelar que había suspendido la práctica médica. El caso se resolvió de forma muy distinta al que días atrás conmovió a la provincia de Mendoza. En esta ocasión, los médicos que atendieron a G.N.R. nunca exigieron una autorización judicial y actuaron de acuerdo con las indicaciones del Protocolo de Atención del Aborto No Punible dictado por una resolución ministerial vigente en la provincia de Buenos Aires.

La notificación judicial que allanó el camino al aborto no punible contemplado en el inciso 2º del artículo 86 del Código Penal llegó al hospital alrededor de las 16 de ayer. Por dos votos contra uno, se levantó la suspensión de la práctica médica ordenada el lunes y por 48 horas por el juez Jorge Eduardo Longás. El magistrado es conocido por su ferviente devoción religiosa. Sus colegas Manassero y Patricia Marenoni se pronunciaron en contra de la maniobra que intentó montar para frenar el aborto. Los tres magistrados integran el Tribunal Colegiado de Instancia Unica de Familia de Bahía Blanca.

Por la mañana, el médico Alberto Taranto, director del hospital donde fue atendida la chica, reveló a este diario que él y otros médicos recibieron en las últimas horas panfletos anónimos que los señalaban como “asesinos”. “Eso no nos afecta, porque somos funcionarios públicos que tenemos que cumplir con la ley. Pero hay otros que la quieren violar”, agregó en alusión al juez Longás.

G.N.R., la jovencita que esperaba el aborto no punible, tiene 18 años, pero una edad mental de entre 8 y 9 años, según informó Taranto. Tal como viene reseñando este diario, fue violada en una visita a su familia. Vivía en el Patronato de la Infancia, una ONG centenaria de Bahía Blanca, donde estaba internada por orden judicial. Su tutora, la abogada María Fernanda Petersen, que a la vez es secretaria de la entidad, pidió la interrupción de la gestación el viernes. El embarazo llevaba unas 10 semanas.

Taranto destacó ante PáginaI12 que siguieron los pasos indicados en el Protocolo de Atención del Aborto No Punible, vigente en la provincia de Buenos Aires por una resolución ministerial. Es decir, se convocó a una comisión interdisciplinaria –que no incluyó objetores de conciencia– para que evaluara si encuadraba en las excepciones contempladas en el Código Penal. El cuerpo acordó la realización del aborto no punible y la adolescente fue internada el lunes.

La maniobra legal de Longás, con la que pretendió trabar la concreción del aborto no punible, como días atrás lo hizo su colega de Mendoza Germán Ferrer, recibió duras críticas. El magistrado de Bahía Blanca había hecho lugar a un recurso de amparo que habría presentado un matrimonio –al parecer ligado a una institución religiosa– alegando que quería adoptar a la criatura en gestación. “No hay por qué judicializar este aborto. Lo único que se va a lograr es aumentar los riesgos para la salud de la chica”, advirtió por la mañana Taranto, indignado por la intervención del juez. No fue el único que cuestionó la actuación del magistrado. La defensora general de Bahía Blanca, Graciela Cortázar, pidió que “se aparte del caso” porque “no tiene ninguna competencia funcional” para actuar. “Debe decidirse si es juez de los religiosos o de la Nación. Si es juez de la Nación debe aplicar las leyes de la Nación. Y en este caso el aborto es legal porque está contemplado en la ley. No tendría que haber intervenido”, dijo el especialista en Derecho de Familia de Bahía Blanca Osvaldo Ortemberg.

El director ejecutivo del Penna apuntó que en otras ocasiones “hemos resuelto sin inconvenientes situaciones semejantes”, por lo que lamentó que “este caso se judicializara, cuando para nosotros no debería haber llegado a esa instancia”. Tras la venia del Tribunal de Familia, el aborto no punible finalmente pudo realizarse.

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Un grupo de monjas que trabajan en el Penna protagonizó un acto en contra del derecho de la chica.
Imagen: Gentileza diario La Nueva Provincia
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